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| Bajo el título "América Latina vuelve a ser la región más peligrosa para defensores de DDHH", este reportaje de Amnistía Internacional fue difundido por IPS. |
- Mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional.
Así lo manifestó Amnistía Internacional el jueves 27, al presentar su informe anual sobre la región.
“El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Cuando el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca. Y que nadie se engañe: los dirigentes políticos que predican el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia”, añadió.
Violencia de Estado y represión contra manifestantes y defensores DDHH
El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, para exigir rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.
La represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más.
En total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.
América Latina volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defendían los derechos humanos; las personas que se dedicaban a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente estuvieron especialmente expuestas a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento forzado y acoso.
Colombia siguió siendo el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país.
México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019. El país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza.
La violencia por arma de fuego siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación en Estados Unidos, donde había demasiadas armas y las leyes eran insuficientes para seguirles el rastro e impedir que llegaran a manos de personas que pretendían causar daño.
Una nueva norma anunciada por la administración de Donald Trump en enero de 2020 facilitó enormemente la exportación de rifles de asalto, armas creadas con impresoras 3-D, munición y otras armas para propagar una extendida violencia por arma de fuego más allá de las fronteras estadounidenses, especialmente en otros países de las Américas.
De igual modo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó una serie de decretos y órdenes ejecutivas que, entre otras preocupantes consecuencias, suavizaban la normativa sobre la posesión y el porte de armas de fuego.
Agresivas posturas sobre migrantes y refugiados
El número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones —una cifra sin precedentes en las Américas—, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional.
Más al norte, el gobierno estadounidense hizo un uso indebido del sistema de justicia para acosar a quienes defendían los derechos de las personas migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones de violencia e implementó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir de forma masiva el acceso al asilo, incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.
Tras las amenazas de la administración Trump de imponer nuevos aranceles comerciales, el gobierno mexicano no solo accedió a recibir y acoger, en virtud de los Protocolos de Protección a Migrantes, a personas solicitantes de asilo devueltas a la fuerza, sino que también desplegó tropas para impedir que personas centroamericanas consiguieran llegar a la frontera de Estados Unidos con México.
La impunidad siguió siendo la norma en la región. El gobierno guatemalteco socavó el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cerrando el año pasado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), antes de que el gobierno del vecino Honduras anunciara en enero de 2020 el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La preocupación por el medioambiente siguió aumentando en las Américas, mientras la administración Trump anunciaba formalmente su intención de retirarse del acuerdo de París y mientras graves crisis medioambientales en la Amazonia afectaban a pueblos indígenas de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador.
Brasil se vio especialmente afectado, pues las políticas contra el medioambiente del presidente Bolsonaro alimentaron devastadores incendios forestales en la Amazonía y dejaron a los pueblos indígenas desprotegidos frente a la extracción maderera ilegal y la cría de ganado tras confiscaciones de tierras.
Tras tomar posesión de su cargo a principios de 2019, el presidente Bolsonaro puso rápidamente en práctica su retórica más general contraria a los derechos humanos mediante una serie de medidas administrativas y legislativas que amenazaban los derechos de todas las personas en el país. Mientras tanto, el emblemático homicidio, cometido en 2018, de la defensora de los derechos humanos Marielle Franco seguía sin resolverse.
A pesar de algunos progresos y del crecimiento de diversos movimientos en defensa de los derechos de las mujeres en las Américas, la violencia de género seguía estando muy extendida.
En República Dominicana, la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura. Apenas se avanzó en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región.
Debido a la draconiana prohibición total del aborto en el país, las autoridades de El Salvador siguieron criminalizando a mujeres y niñas —especialmente las procedentes de entornos desfavorecidos— que sufrían emergencias obstétricas, mientras que en Argentina una niña menor de 15 años daba a luz cada tres horas, la mayoría tras embarazos forzados resultantes de violencia sexual.
Victorias de derechos humanos y motivos para el optimismo en 2020
El año pasado también trajo consigo noticias positivas. Al terminar 2019, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que significa que sólo hace falta que lo ratifiquen otros tres más para que entre en vigor.
En Estados Unidos, un tribunal de Arizona absolvió al voluntario de ayuda humanitaria Scott Warren de “dar refugio” a dos migrantes en noviembre tras proporcionarles comida, agua y un lugar donde dormir, y un juez federal ha anulado en febrero de 2020 la declaración de culpabilidad de otros cuatro voluntarios de ayuda humanitaria por cargos similares.
La absolución de Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador, constituyó otra victoria para los derechos humanos, aunque la fiscalía apeló la sentencia. Las mujeres jóvenes y las niñas también se pusieron en primera línea de los movimientos —encabezados principalmente por jóvenes— que defendían los derechos humanos, y generaron optimismo en 2020, como demostraron las poderosas manifestaciones feministas celebradas en lugares como Argentina, México y Chile.
“La ‘marea verde’ de mujeres y niñas que reclaman sus derechos sexuales y reproductivos y exigen el fin de la violencia de género mostraron el imparable impulso en las Américas. Desde Santiago de Chile hasta Washington, sus impresionantes interpretaciones del himno feminista ‘Un violador en tu camino’ pusieron la banda sonora a la solidaridad en 2019 e hicieron renacer el optimismo por lo que podemos lograr este año”, dijo Guevara Rosas.
“Ahora que entramos en una nueva década, no podemos permitirnos que los gobiernos de las Américas sigan repitiendo los errores del pasado. En lugar de restringir los derechos por los que tanto se ha luchado, los gobiernos deben utilizarlos como base y trabajar para crear una región en la que todas las personas puedan vivir libres y seguras”, añadió.
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Este artículo fue publicado originalmente por Amnistía Internacional y por IPS:
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