Después del anuncio de la administración del poder en Venezuela de iniciar el proceso de reestructuración de la deuda externa del país, que no se paga desde noviembre de 2017, economistas advirtieron que el interinato de Delcy Rodríguez no está en capacidad de asumir los compromisos con los acreedores de la República.
«Es necesaria una auditoría larga y una investigación exhaustiva de cada bono, papel y ticket en caso de querer pagar y eso requeriría de 8 o 9 meses como mínimo, que sería lo ideal para auscultar la deuda y no perjudicar a inversionistas honestos pero tampoco a la nación con pagos excesivos», explicó a El Pitazo el economista Manuel Sutherland, quien es director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), así como profesor e investigador del Postgrado CENDES-UCV.
Señaló que las actuales condiciones del país, con una gestión que no tiene una legitimidad de origen y de la que no se sabe cuánto tiempo permanecerá en el poder no existen garantías de que se realice un proceso tan delicado y complejo en un corto plazo como pretenden hacer, porque ello requiere revisar el monto de la deuda externa, cifrada por la ONG Transparencia Venezuela en unos 170 mil millones de dólares.
*Una exigencia de Estados Unidos*
«Lo que puede pasar es que la reestructuración de la deuda sea una exigencia estadounidense, pero me parece un error exigir a un gobierno como este hacer eso porque no es el personal político ni técnico adecuado», insistió Sutherland.
Señaló que no puede quedar en manos de quienes dilapidaron los recursos de Venezuela la potestad de revisar y aprobar los pagos de la deuda que ellos mismos mal administraron. Agregó que en la administración de Delcy Rodríguez no hay personal técnico calificado ni con la experiencia para hacer una negociación beneficiosa para el país.
Sutherland manifestó que hasta tanto haya un gobierno democrático la deuda externa debería ser un tema a llevar a esa nueva administración, porque el país atraviesa una emergencia que calificó de catastrófica en material salarial y entonces dedicarse a pagar a acreedores cuando hay una «deuda social» mayor no es coherente o la prioridad para la población.
«Soy partidario de no pagar nada aún, Venezuela está en una situación humanitaria de emergencia catastrófica salarial, creo que ponerse a pagar un servicio de deuda por más bajo que sea sería riesgoso. Hay que comenzar a pagar la deuda legítima, la de servicios profesionales, industriales, acuerdos necesarios para adquirir maquinarias y equipos, recuperar la infraestructura y los relacionados con la deuda social enorme que se mantiene», afirmó.
Los acreedores de bonos de la República y de Pdvsa se están moviendo en Estados Unidos y plantearán a la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) una licencia que permita iniciar ese proceso de renegociación, en vista de que la licencia 58 aprobada por esta instancia del Departamento del Tesoro estadounidense aún no permite hacerlo.
A la par, el presidente del BCV, Luis Pérez, anunció que a finales de este mes viajarán a Washington a una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y habló de que pagar la deuda sacaría al país de las «sombras del sistema financiero global».
No obstante, Sutherland advirtió que hay un interés de bonistas de Pdvsa y acreedores de otros bonos de la República por iniciar este proceso antes de que exista un cambio de gobierno y eso les permita estar en una mejor posición de negociar. Consideró que con este tipo de personas se debe negociar una quita de alrededor del 70 % de la deuda, además de insistir en el riesgo que sería que pueda fomentarse la corrupción entre funcionarios del interinato interesados en beneficiar a quienes durante mucho tiempo hicieron lobby a favor del depuesto Nicolás Maduro y ahora lo hacen con Delcy Rodríguez.
*No apoya iniciar pagos en el corto plazo*
«Para mí es un error histórico iniciar pagos pronto, lo primero es hacer una auditoría de la deuda, un proceso largo de estudio e investigación de la misma que excede las capacidades del gobierno actual y la temporalidad de este interinato. Hace falta la democracia en el país para abordar esos temas de la mejor forma», destacó. Sin embargo, también cree que hay un interés de ese interinato en dejar al país más endeudado si llegase a acordar pagos.
«Si eso no sucede y el interinato acuerda montos del servicio de deuda, lo que va a hacer es que se va a lastrar las capacidades de crecimiento económico, de desarrollo sostenible, lo que va a mermar las capacidades para generar bienestar a los venezolanos; ello va a reverdecer el éxodo de millones de quienes no encuentran futuro en la nación y ese círculo vicioso va a ser que los pagos sean insostenibles y hará que el país vuelva a caer en default», alertó.
Como lo dijeron antes, José Guerra y Leonardo Vera, pidió que el FMI, firmas independientes y otros organismos multilaterales sean quienes hagan esa investigación de la deuda externa venezolana.
«El FMI y otros organismos serían fundamentales para que puedan investigar y auditar con profundidad todo lo que es la deuda actual y evitar que haya más opacidad, falta de transparencia y oscuridad en los pagos. La cuestión es que me parece que el interinato tiene ideas más cercanas a reconocer toda la deuda, dejar endeudado al país y lastrar el crecimiento económico del futuro, privilegiando algunos bonistas que sean amigos. Eso es sumamente preocupante. Ojalá que la presencia del FMI sea una obligación y que nada se realice de la manera tan extremadamente apresurada como se está planteando».
*El FMI debe estar presente*
En esa misma línea, el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, coincidió en que la presencia del FMI debe ser un requisito indispensable en este proceso.
«La ruta correcta pasa por el FMI. Pero antes de cualquier negociación seria de deuda, Venezuela tendría primero que avanzar en una normalización institucional y estadística. Aunque el BCV volvió a publicar cifras macroeconómicas, el propio instituto reconoce que los datos desde 2018 son “provisionales”, y persisten debilidades importantes en recolección y procesamiento estadístico», escribió en su cuenta de X, antes Twitter sobre el anuncio oficial.
Como Sutherland sostuvo que es un proceso largo, no de un día para otro. En el caso de que sea el FMI, el organismo tendría que revisar las cifras oficiales y después el llamado Artículo IV, que es la revisión exhaustiva de la economía de sus países miembros, que requiere de la autorización de los gobiernos y luego emitir recomendaciones una vez concluya la visita de los técnicos del organismo.
«El primer paso debería ser una misión técnica del FMI para revisar las cifras oficiales. Luego tendría que realizarse un Artículo IV, algo que Venezuela no hace desde hace más de 20 años. Ese diagnóstico técnico es fundamental para estimar el verdadero tamaño de la economía, su capacidad productiva y, sobre todo, su capacidad de pago. Solo estas 2 etapas podrían consumir fácilmente entre 10 y 12 meses», estimó Grisanti.
Sutherland añadió que de comenzar los pagos, probablemente cobrarían primero las empresas estadounidenses y europeas con las que el chavismo ha hecho negociaciones y volvieron al país, luego los tenedores de bono con quienes se debe hacer una quita beneficiosa para el país y en última instancia, por la geopolítica, quedarían los socios del chavismo como China, Rusia e Irán, que quedarían en la cola tras el tutelaje que Estados Unidos ejerce sobre el país después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
«La deuda bilateral y los socios de las empresas mixtas, acuerdos con Rusia, China e Irán, forman parte de la deuda externa, son un capital importante, pero no creo que tengan prioridad sobre los tenedores de bonos de Pdvsa y la República, por ahora. Por los cambios geopolíticos que se están dando probablemente este sea el último grupo en cobrar por lo que estoy viendo en las formas políticas que se están desarrollando», resaltó.
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