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Tareck El Aissami sigue escondido
bajo protección del gobierno. |
Agencia EFE (Especial).- El 17 de marzo, la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), un cuerpo del que el país prácticamente no había escuchado hablar hasta entonces, emitió un comunicado en el que pedía a la Fiscalía investigar a unos funcionarios, sin precisar cuántos o quiénes, por “estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos“.
El escueto texto produjo un efecto dominó de acusaciones de corrupción que tumbaron al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció al cargo. Tras él, cayeron jueces, empresarios y gerentes públicos que terminaron en prisión, junto a un diputado, un alcalde y un exministro también señalados.
Una vez se anunciaron los primeros nombres implicados, el canal estatal VTV mostró a estas personas vestidas con petos naranja mientras escuchaban las acusaciones en su contra, un gesto que imita el estilo estadounidense de presentar a los recién detenidos, algo que no se había visto antes en el país caribeño.
La dinámica se ha repetido varias veces en las últimas cuatro semanas, siempre cerca de la medianoche, tras lo cual la Fiscalía actualiza, a través de Twitter, el número de detenidos, buscados y allanamientos concretados, un balance que no incluye el número de propiedades confiscadas o a cuánto asciende el monto desfalcado.
De madrugada, la Justicia ha ido sumando procesados en esta cruzada que lidera, según él mismo asegura, Nicolás Maduro, quien prometió aplicar “todo el castigo” a las decenas de funcionarios señalados. “No va a haber convivencia ni complicidad, se lo juro“, subrayó.
Y, aunque el fiscal general, Tarek William Saab, ha ofrecido varias declaraciones sobre el tema, se niega a estimar las pérdidas que dejan para el país estos enriquecimientos ilícitos.
EXVICEPRESIDENTE CON PARADERO DESCONOCIDO
El mismo silencio mantienen Saab y Maduro sobre El Aissami, quien hasta hace un mes operó como vicepresidente del Área Económica y a finales del año pasado celebró contratos con Chevron, pese a estar señalado por Estados Unidos como uno de los más buscados por narcotráfico internacional.
El exministro renunció a la cartera petrolera tres días después del arranque de la operación anticorrupción. Con un breve mensaje publicado en Twitter, anunció que colaboraría con las autoridades, algo que Maduro ratificó ese mismo día, la única vez que habló del funcionario.
Desde entonces, han circulado un sinfín de rumores sobre la suerte de El Aissami sin que el Gobierno confirme nada, un vacío de información que acelera la proliferación de versiones extraoficiales debido, también, a la tardanza de la Fiscalía en comunicar avances en la operación, muchos de los cuales son anunciados horas y días antes por medios locales.
TRAMAS POR DOQUIER
Las averiguaciones han descubierto varias cabezas en el monstruo de la corrupción, lo que confirma, entre otras cosas, las denuncias de los últimos años de sindicatos y opositores sobre el mal manejo de recursos públicos en varias empresas e instituciones del Estado, en las que la mayoría de los trabajadores ganan menos de 50 dólares al mes.
Dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la Superintendencia de Criptoactivos, se urdió la mayor trama -que deja hasta ahora 99 allanamientos-, mientras que las autoridades detectaron otras prácticas corruptas en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -un conglomerado de empresas mineras, forestales y eléctricas- y en la estatal Cartones de Venezuela.
Además, la Policía Anticorrupción ha levantado piedras hasta en el Poder Judicial, donde descubrieron una trama que hasta ahora deja seis órdenes de aprehensión y seis allanamientos, procedimientos que han sido replicados en, al menos, dos alcaldías.
Ante este panorama, las estimaciones extraoficiales sobre el monto desfalcado se calcula en varios miles de millones de dólares y, aunque no hay cantidades confirmadas, Maduro ha ordenado que “todo lo confiscado” a corruptos y narcotraficantes sea entregado a la Policía para que lo use en su trabajo de garantizar la seguridad ciudadana.
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