La Cigarrera Bigott está despidiendo a los representantes de venta y cerrando sus sucursales en todo el país, con una reestructuración de forma unilateral e inconsulta, con el nombre de "Proyecto de Sustentabilidad" para utilizar la figura ilegal de la tercerización.
Así lo denuncio, en rueda de prensa la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Bigott (Sinatracibi) junto a una representación de trabajadores afectados por las acciones que viene ejecutando la cigarrera, perteneciente a la transnacional británica BAT (British American Tobacco).
El Presidente de Sinatracibi, Richard Martinez, explicó que la empresa está desvinculando a los trabajadores de sus puestos de trabajo, ofreciendo un paquete económico engañoso conocido como “cajita feliz”, que nos es más que una desvalorización de los derechos y conquistas económicas y sociales que los trabajadores han obtenido en su contratación colectiva, además de no ser voluntaria, sino impuesta bajo coacción y cierres desautorizados de centros de trabajo.
Recordó que actualmente está en vigencia un decreto de inamovilidad laboral nacional que protege la estabilidad de los trabajadores del país, aunado a eso, añadió, la fuerza laboral de Bigott goza también de la inamovilidad por estar en un proceso de elecciones sindicales y de discusión de una nueva convención colectiva.
Explicó Martínez que la empresa tabacalera pretende también con su ilegal reestructuración eliminar el carácter nacional de la organización sindical, lo que supone eliminar las conquistas y beneficios alcanzados por acuerdos entre Sinatracibi y la entidad de trabajo.
Por su parte, José Porras, Secretario de Organización de Sinatracibi, señaló que los trabajadores sindicalizados se niegan a aceptar su liquidación con la llamada “cajita feliz”, por ser un paquete económico engañoso que deteriora la estabilidad y calidad de vida de los trabajadores, aunque denuncian que el acoso para este fin por parte del empleador continua.
Porras señaló que la empresa activó un maquiavélico paro patronal “destinado a forzar a nuestros compañeros a abandonar los puestos de trabajo, toda vez que no despacha los productos a los trabajadores de sus sucursales, pero si se los distribuye a los tercerizados y hasta con descuentos y obsequios de producto”, afectando así la dignidad de los trabajadores y sus beneficios salariales.El dirigente sindical explicó que la empresa está cerrando sucursales arbitrariamente y desvinculando a los trabajadores de sus puestos de trabajo, de manera injustificada, bajo coacción, como lo hizo con la sucursal de San Cristóbal y otros depósitos a lo largo de todo el territorio nacional.
Sobre la salida de trabajadores en San Cristóbal ocurridos en septiembre del año pasado, los afectados se “ampararon” ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente. Dicho amparo procedió a su favor, por lo que deben ser reenganchados por la empresa y reestablecidas todas sus condiciones y beneficios. Sin embargo, la Cigarrera Bigott continúa coaccionando a los trabajadores de las distintas sucursales del país, como es el caso de Mérida y Maracaibo “para que cuelguen sus guantes y pierdan su estabilidad laboral”.
Los líderes de Sinatracibi resaltaron que han recibido el apoyo del Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, así como de la mayoría de los sindicatos y trabajadores del país.
Convención Colectiva
Los líderes sindicales informaron que actualmente se encuentran dentro del marco de una nueva discusión de Convención Colectiva de trabajo para el periodo 2023-2025.
Se han realizado varias mesas de discusión en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo sin llegar a acuerdos, pues la empresa pretende hacer una mal llamada reingeniería de la Convención Colectiva pretendiendo mutilar y desmejorar muchos de los beneficios contemplados en la misma, los cuales fueron conquistados a través de los años por los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, a través de muchos años de lucha y trabajo.
“Sinatracibi, en nombre de sus 320 trabajadoras y trabajadoras afiliados, y de sus familias, solicita a las autoridades en materia laboral hacer valer y cumplir los derechos de los trabajadores, garantizados en las leyes y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
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