CONTRATO PDVSA-CHEVRON INICIÓ NUEVA APERTURA PETROLERA
Gustavo Márquez Marín
Carlos Mendoza Potellá
Oly Millán Campos
https://www.aporrea.org/
El contrato suscrito entre PDVSA y CHEVRON, previa aceptación por el gobierno nacional de los términos y condiciones contenidos en la Licencia General LG41i de la OFACii, autorizó a dicha transnacional estadounidense a reabrir sus operaciones en el país bajos ciertas restricciones. Esta licencia resultó de un proceso de negociación de varios meses entre los gobiernos de Venezuela y e EEUU, negociación que condujo además a un intercambio de prisioneros, a la reapertura del diálogo en México entre el gobierno y la oposición del G4 coordinada con la Casa Blanca y a un acuerdo mediante el cual EEUU aceptó liberar algunos activos que le mantiene bloqueados al Estado venezolano, para crear un fondo humanitario administrado por la ONU estimado en 3.000 millones de dólares, destinado a la atención de la salud, la alimentación y la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.
De hecho, la solicitud de esa licencia por Chevron fue acompañada por un voluminoso proyecto de contrato de 1000 páginas el cual se mantiene en secreto, negociado y consensuado previamente con la estatal PDVSA, del cual hemos podido conocer parcialmente su contenido por declaraciones de altos ejecutivos de ambas empresas.
Una vez que la OFAC publicó la licencia de marras, simultáneamente se produjo la suscripción definitiva de dicho documento por los presidentes de ambas corporaciones, violando el artículo 150 de la Constitución que establece el requisito de la previa autorización del Poder Legislativo por tratarse de un contrato de interés nacional.
Esta sincronización entre ambos momentos y el silencio otorgante, tanto del gobierno como de los partidos de la oposición en casi todo su espectro, confirmó nuestra denunciaiii en el sentido de la existencia de un consenso de élites de espaldas al pueblo, entre el gobierno nacional, FEDECAMARAS y el gobierno de EEUU, contando con el silencio cómplice de la mayoría de los partidos opositores, para avanzar en una nueva apertura petrolera al margen de la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mediante la cual se renuncia a la conquista histórica de la soberanía del Estado y la nación sobre el petróleo.
Desde luego que ese consenso de élites no ha sido el resultado de un debate nacional, con real participación de la sociedad venezolana como debió haber sido, por tratarse de un asunto de relevancia e impacto para las generaciones presentes y futuras.
La verdad es que nos quedamos cortos al estimar los escenarios que podrían presentarse en la implementación de la Nueva Apertura Petrolera. Creímos que ésta se haría mediante la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos violando la Constitución. Por el contrario el gobierno tomó la vía rápida a través de una negociación directa con el gobierno de los EEUU en coordinación con las empresas petroleras transnacionales. El gobierno se dejó de eufemismos leguleyos y decidió actuar por la calle del medio haciendo gala de su talante autoritario, violando la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, al cambiar la relación entre el Estado y el capital privado extranjero, al entregar a este último la gestión de la industria petrolera sin alterar la composición accionaria del capital social de las empresas mixtas.
Esto significa que en materia de aprovechamiento y disponibilidad del recurso, el interés nacional queda relegado y subordinado a los intereses económicos de las corporaciones petroleras y a los intereses geopolíticos de las potencias que le dan soporte diplomático y militar.
Licencia a Chevron da inicio a la NAPiv
El contrato con Chevron es el referente para los contratos futuros, porque se trata de un patrón y una política del gobierno de EEUU y sus aliados, para imponer un modelo de negocio colonial ortodoxo, que encaja en el proyecto neoliberal profundizador del extractivismo primario exportador que adelanta el gobierno nacional, el cual conlleva el allanamiento de la soberanía del Estado y la nación sobre los recursos naturales y los bienes comunes.
La licencia LG41 de la OFAC aceptada por el gobierno nacional sirve de marco al nuevo contrato suscrito entre PDVSA y Chevron y permite a las empresas mixtas (4), en las cuales participa ésta última como socia minoritaria, producir y exportar petróleo venezolano exclusivamente al mercado estadounidense hasta cubrir su capacidad instalada.
Esta licencia LG41 permitiría, que a través de Chevron, el petróleo venezolano retorne a las refinerías estadounidenses de la costa del golfo, luego de paralizarse su envío debido a las sanciones impuestas por Washington a PDVSA. Un dato importante a tener en cuenta para identificar los intereses que están detrás de esta decisión, es que dichas refinerías fueron diseñadas originalmente para procesar el crudo pesado venezolano, particularmente el producido por las empresas mixtas en las cuales participa Chevron. Esto explica la presión que hizo Chevron sobre la OFAC para que le concediese la licencia en cuestión y la preferencia que ésta le otorga como destino a EEUU.
La referida licencia autoriza la compra e importación de bienes e insumos requeridos por las actividades de producción, comercialización y mantenimiento de los sistemas operados por las empresas mixtas. Sin embargo, se excluye a las empresas proveedoras iraníes y rusas porque ello forma parte de la política estadounidense de bloquear a éstos países.
De ésta manera se limita el ejercicio de la soberanía y control del Estado sobre las empresas mixtas que legalmente controla. Esta restricción podría impactar los costos operativos y por ende los ingresos fiscales, al limitarse el origen y diversificación de los proveedores, lo cual además va en contra del “libre comercio” que tanto pregona Washington.
Esta limitación responde directamente a las directrices de la política exterior estadounidense en relación con Rusia e Irán, enmarcada en su estrategia geopolítica imperial eurasiática y para el medio oriente. Por ello, constituye una injerencia inaceptable que viola nuestro derecho de nación libre y soberana a la autodeterminación en los asuntos de política exterior. Así se está limitando nuestro derecho de país soberano a decidir con cuáles Estados nos relacionamos en franca violación a la Constitución y del derecho internacional.
Al aceptar los términos de la LG41, el gobierno le está cediendo de facto a Chevron el control de la gestión de la industria petrolera, especialmente las funciones de administración y operación de las empresas mixtas, lo cual significa que Chevron asumirá el control de la producción y comercialización del petróleo extraído, atendiendo a las restricciones impuestas por el gobierno de EEUU y no por la legislación y el Estado venezolano.
Por otra parte, esta licencia prohíbe taxativamente a Chevron que cancele al Estado la regalía y los impuestos que genere la extracción y venta del petróleo, pasando por encima de nuestro ordenamiento jurídico. También le prohíbe cancelar los dividendos que le correspondan a PDVSA, incluso tampoco podrá pagarlo con el petróleo que genere la actividad de las mismas empresas mixtas.
Según este nuevo modelo de negocio quien tiene la sartén por el mango es la empresa transnacional estadounidense siguiendo estrictamente las directrices de su gobierno (EEUU), lo cual no es otra cosa que un despojo.
Ante el absurdo de que Venezuela prácticamente le regalaría su petróleo a EEUU, sin recibir contraprestación alguna pero asumiendo el mayor porcentaje de los costos y la inversión por ser el socio mayoritario, el pago de la venta del petróleo al Estado podría ser predeterminado en especies, por ejemplo, en alimentos, medicinas e insumos o en proyectos que no serían administrados por el Estado sino por quién decida la OFAC o cualquier otra Agencia Federal de EEUU. También se ha mencionado el cambio de deuda por petróleo, vale decir que el producto fiscal de la venta se emplee en el pago de deuda.
De éste modo, en la práctica el Estado deja de ser quien dispone qué hacer, cómo y con quién explotar su petróleo, a quién y en qué condiciones lo vende, sí tiene o no derecho a recibir un beneficio y cómo se materializará éste. Para colmo, por ser el socio mayoritario deberá aportar la mayor parte del capital y las inversiones, pero sometiéndose a lo que decida el socio privado minoritario y el gobierno de EEUU en función de sus intereses geopolíticos y económicos.
Se pierde así de un plumazo la conquista histórica de la soberanía petrolera bajo un modelo que nada tiene que envidiarle al existente en la Venezuela colonial. Bajo estas condiciones decir que el “petróleo es nuestro” no pasa de ser, como nunca antes, una frase hueca vaciada de todo contenido.
La licencia LG41 autoriza a Chevron para que las cuatro empresas mixtas, en las cuales participa como socio minoritario de PDVSA, reactiven la producción y exportación petrolera pero no le permite realizar inversiones que vayan más allá de la activación y mantenimiento de las capacidades existentes. Esto significa que no podrá realizar inversiones en nuevos yacimientos. Sin embargo, es de destacar que explotar dichas capacidades le permitirá a Chevron convertirse progresivamente en el principal productor de la variedad de crudos que manejan las empresas mixtas en la Faja, en el occidente y oriente del país, la cual constituye buena parte de la capacidad potencial real con que cuenta el país para incrementar la producción sin abordar la inversión en nuevos desarrollos. Esto significa que Chevron se convertirá eventualmente a corto plazo en el principal operador de la industria petrolera nacional, que tendrá en sus manos las decisiones en materia petrolera más importantes, despojando al Estado de su principal herramienta para hacer política petrolera independiente y soberana.
Con la aceptación por el gobierno de los términos y condiciones de la licencia LG41 de la OFAC y la firma del consecuente contrato entre PDVSA y CHEVRON para darle inicio a un nuevo modelo de negocios en la que el socio minoritario tendrá el control tanto de las operaciones como de la comercialización del petróleo extraído, se inició la implementación de la Nueva Apertura Petrolera, entregando nuestra soberanía a las grandes corporaciones transnacionales y a las potencias neocoloniales que le dan soporte político y militar. De esta manera, el gobierno nacional está profundizando su régimen autoritario al margen de la Constitución, al violar sus artículos 12, 150, 302 y 303, así como también la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este contrato ilegal e inconstitucional sienta un precedente que le permitirá a otras corporaciones transnacionales solicitar el mismo trato que a Chevron, tal como ya se está anunciando.
Con la licencia LG41 de la OFAC el gobierno de EEUU está ensayando en Venezuela un modelo de coerción sin utilizar su fuerza militar para someter a pueblos y países a sus intereses económicos y geopolíticos, rompiendo con el derecho internacional y la soberanía del Estado nacional, para imponer sus reglas de dominación por encima de la Constitución y la soberanía de la nación. Aplicando las sanciones como instrumento de extorsión y coerción para imponer sus intereses económicos y geopolíticos, el imperio estadounidense pretende allanar la soberanía de la Nación venezolana para despojarla de sus recursos naturales y energéticos.
La saga de la NAP: Licencia a Trinidad y Tobago para explotar gas
A solicitud del gobierno de Trinidad y Tobago la OFAC emitió otra licencia “autorizando a este país” para desarrollar el yacimiento de gas no asociado “Dragón”, ubicado en aguas territoriales venezolanas en las cercanías de la frontera marítima de ambos países. En ella se establecen restricciones similares a las mencionadas en la Licencia otorgada a Chevron.
En este caso el alcance se limita al referido yacimiento gasífero, pero también se establece que la compra del gas a Venezuela no podrá ser pagada con dinero efectivo, que su propósito de es mejorar la seguridad energética del Caribe y de una Europa afectada por efecto de las mismas sanciones que viene aplicando a Rusia, en conjunto con EEUU, en el contexto de la guerra de Ucrania.
Con la licencia en mano se presentó en Miraflores el Primer Ministro de T&T, Keith Rowley, para cerrar el trato con el gobierno nacional proponiendo que sea la Shell quién opere el campo Dragón y no PDVSA, ofreciendo pagar el gas con alimentos y medicinas.
Esta propuesta reproduce el patrón del contrato PDVSA-Chevron, pero esta vez mediante la intermediación del Gobierno de T&T.
Actualmente la Shell opera y participa con el 50% del yacimiento “Hibiscus” de T&T, el cual se encuentra a 17 km del yacimiento venezolano Dragón. De aceptar el gobierno esa propuesta, ésta transnacional pasaría a controlar el sistema integrado por ambos países.
El interés de T&T en el gas existente en los cuantiosos yacimientos de la península de Paria (Rio Caribe, Mejillones, Patao y Dragón), se debe a que dicho país cuenta con una enorme infraestructura industrial de procesamiento de gasv, la cual consta de 4 trenes de licuefacción y una industria petroquímica de 7 plantas de metanol y 10 plantas de amoniaco, puertos y una flota de barcos, con gran capacidad para licuar el gas natural para su exportación a los mercados internacionales. Con esas instalaciones han explotado sus considerables yacimientos de gas, los cuales han comenzado a declinar, al punto que uno de los trenes de licuefacción está fuera de servicio por falta de materia prima (GN) y por la misma razón, aguas abajo, tiene plantas de amoníaco y metanol inactivas.
T&T es el sexto exportador de GLP del mundo y entre sus principales destinos están EEUU y Europa. Sus reservas de gas natural se estimaron en 10 billones de pies cúbicosvi en 2021, con una vida útil de 10 a 15 años. Guyana y Surinam podrían suplir el déficit de gas de T&T pero a largo plazo. Por otra parte, la demanda de Europa ha crecido en el contexto de la guerra de Ucrania y la capacidad ociosa de Trinidad podría suplirla. He ahí la razón por la cual el gobierno de EEUU le otorga la licencia para desarrollar e importar el gas venezolano del yacimiento Dragón.
Para la evaluación del impacto que tendría para Venezuela la aceptación del alcance de la oferta de T&T, debe tenerse en consideración la importancia estratégica que tiene el gas como combustible clave de la transición de la matriz energética global y nacional, ante la disminución progresiva del uso de los combustibles fósiles sólidos y líquidos como energéticos dominantes. Esto es particularmente importante para un país como Venezuela, exportador de petróleo, que atraviesa por una profunda crisis sistémica multidimensional aguda y particularmente de su industria petrolera nacional. Venezuela posee la octava reserva de gas del mundo y la primera de la región.
Comprometer por un tiempo largo, quizás 30 años o más, parte importante de las reservas de gas natural no asociado solo para la exportación sin agregarle valor, al entregárselo a empresas o países extranjeros en condiciones vergonzosas y deplorables con pérdida de soberanía, atenta contra los intereses presentes y futuros de la Nación, Por ello, el contrato de largo plazo para la exportación del gas a T&T debe ser el resultado de una negociación bilateral, sin la injerencia ni el condicionamiento de EEUU, basada en los principios de cooperación, complementariedad y reciprocidad y por supuesto, sin ceder el control del Estado sobre el recurso.
La estrategia del gobierno de EEUU en el Caribe es sustituir a Venezuela por T&T en el liderazgo energético del mismo, el cual adquirió un protagonismo relevante al cooperar con la seguridad energética de la subregión a partir de la iniciativa de Petrocaribe. Considerando la actual crisis petrolera venezolana, profundizada por las medidas coercitivas unilaterales de Washington, el gobierno de Biden pretende aprovechar esta circunstancia para convertir a T&T en el nodo energético central del Caribe, buscando retomar el control sobre el CARICOMvii.
Esa estrategia encaja también en su política de respaldo a Guyana frente al diferendo territorial del Esequibo y la explotación petrolera en la zona en reclamación. La alianza entre Guyana y Trinidad esbozada en una reciente reunión de seguridad energética celebrada en Georgetown, apunta en esa dirección.
Entregar el gas de Paria a las transnacionales por un largo período en las condiciones deplorables impuestas por EEUU, cuando podría aprovecharse esa ventaja comparativa para negociar con T&T un acuerdo equilibrado, que no sólo refleje los intereses del vecino país, sino también nuestras necesidades y el desarrollo nacional teniendo en consideración la duración de la concesión. De lo contrario se estaría vulnerando severamente el interés de la Nación.
Conclusiones
Con el contrato suscrito por PDVSA y CHEVRON enmarcado en los lineamientos establecidos en Licencia General 41 otorgada por el gobierno de EEUU a través de la OFAC, se inició de facto, al margen de la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Nueva Apertura Petrolera adelantada por el gobierno nacional, quién ejecuta un proyecto neoliberal desnacionalizador, contando con el consenso acordado tras bastidores entre élites políticas y económicas, las cuales por acción u omisión están avalando el despojo de lo que ha sido la conquista histórica de la soberanía sobre los hidrocarburos. A pesar de la gran trascendencia que tiene este asunto para las generaciones presentes y futuras, el gobierno decidió soslayar la consulta al pueblo soberano manteniéndolo desinformado y sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría, a pesar de que este órgano constitucional tiene la responsabilidad de autorizar los contratos de interés nacional como lo establece el artículo 150 de la Carta Magna.
El modelo de relación entre las empresas transnacionales del sector y el Estado para la explotación del petrolero que comienza a implementarse tomando como referente el contrato de Chevron-PDVSA, implica ceder al inversionista o socio privado el control sobre la gestión de las actividades primarias, incluyendo la producción y comercialización del petróleo, violando la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De esta manera el gobierno nacional abrió las puertas a un proceso de desnacionalización y privatización de la industria petrolera nacional, debilitando severamente el papel del Estado como regulador y ejecutor de la política petrolera. No debe olvidarse que los contratos petroleros o gasíferos estarán sometidos al arbitraje internacional y a los tratados de protección y promoción de inversiones, los cuales privilegian la ganancia de las corporaciones privadas por encima del interés de las naciones, al operar como un “cepo” para inmovilizar a los Estados en el ejercicio de su soberanía y en su rol de promotores del desarrollo social y económico sustentable.
Ante el fracaso de la estrategia insurrecional del gobierno paralelo promovida por Washington con el concurso de un sector de la oposición, el gobierno de Biden está ensayando en Venezuela un modelo de dominación para imponer sus intereses económicos y geopolíticos, utilizando el tira y encoje de las sanciones como ariete para arrodillar al gobierno. Así es como ha logrado que la corporación estadounidense Chevron haya pasado a controlar, a escondidas y sin el tamiz del debate público, de la mayor parte de la capacidad petrolera desarrollada del país contando con la anuencia del gobierno.
La licencia del gobierno de EEUU al gobierno de T&T para desarrollar y explotar el yacimiento de gas “Dragón” ubicado en aguas territoriales venezolanas del golfo de Paria, para que sea gestionado por la corporación británica Shell, aplica restricciones que condicionan el ejercicio soberano del Estado sobre una importante reserva de gas en cuanto a su uso y su usufructo. En este caso también se pretende obligar a Venezuela a entregar su gas a través de una concesión de largo plazo, sin tener el derecho a recibir la contraprestación que legalmente le corresponde en dinero efectivo y a decidir sobre su destino, al predeterminar que el mismo debe ser empleado para satisfacer la demanda de Europa y los países del Caribe, dejando por fuera los intereses nacionales. Además, esta concesión podría facilitarle a T&T; el acceso al liderazgo que Venezuela ha ejercido en el Caribe en materia energética.
Las licencias de la OFAC supuestamente destinadas a “flexibilizar” las sanciones encubren un mecanismo perverso de largo aliento que va más allá del gobierno de turno, cuyo propósito es dejar en manos de Washington las decisiones sobre el futuro de la economía y específicamente, el control de nuestra industria de hidrocarburos, propiciando la instalación de un modelo colonial ortodoxo de acumulación por desposesión de nuestros recursos naturales, profundizando el extractivismo y el capitalismo dependiente venezolano.
La Nueva Apertura Petrolera se inició al margen de la constitución y la ley, basada en la licencia que el gobierno de EEUU le dio a la corporación petrolera estadounidense Chevron para operar en el país. Esta iniciativa hace parte de la política neoliberal que viene adelantando el gobierno autoritario de Maduro hacia la desnacionalización, privatización y despojo de la soberanía de la Nación de su patrimonio natural y bienes comunes, dándose la mano con el imperio en un acuerdo en el que quien gana es EEUU y el gran capital petrolero transnacional y quién pierde es Venezuela, al renunciar a su soberanía sobre el petróleo y profundizarse el modelo extractivista de dominación neocolonial primario exportador.
iiOFAC: Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU
ivNueva Apertura Petrolera
vhttps://sumarium.info/2023/
vi https://www.bnamericas.com/es/
viiComunidad del Caribe
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