PARA
CONOCIMIENTO
Y ANÁLISIS...
Discurso del embajador
Samuel Moncada
durante sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la incursión mercenaria en Venezuela
Written by Joselyn Ariza on 20/05/2020. Posted in
Señor Presidente,
Le agradezco la convocatoria de esta reunión para discutir los últimos acontecimientos en Venezuela, especialmente los que ocurrieron el pasado 03 de mayo, así como la inminente amenaza de un ataque armado, en un inminente quebrantamiento de la paz en mi país y de toda la región si la agresión continúa.
Señor Presidente,
Al firmar la Carta de las Naciones Unidas todos nos comprometimos a “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, la solución de controversias o situaciones internacionales que puedan conducir a quebrantamientos de la paz”. Hoy en día, esta disposición ha sido violada, con impunidad, y con pleno desprecio de la Carta.
En una carta dirigida al Consejo de Seguridad, de fecha 13 de mayo de 2020, demostramos al mundo las agresiones armadas contra mi país, las cuales, según pruebas públicas e irrefutables compartidas en ese momento, demostraron que los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Colombia facilitaron la planificación, el entrenamiento, la financiación y, aún hoy, están protegiendo a grupos de mercenarios y terroristas, que ejecutaron un ataque armado con el objetivo de perpetrar
1) asesinatos indiscriminados de población civil inocente;
2) asesinatos selectivos contra altos funcionarios de mi gobierno; y
3) el asesinato del presidente Nicolás Maduro.
Esto es una evidente violación de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de múltiples resoluciones de este Consejo de Seguridad, que son legalmente vinculantes para todos los Estados Miembros. Los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América infringieron sus obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional, en particular las previstas en las siguientes cuatro (04) resoluciones:
La resolución 239 (1967) del Consejo de Seguridad, en la que se condena que un Estado permita o tolere “el reclutamiento de mercenarios y la concesión de facilidades a éstos con el fin de derrocar a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas”.
La resolución 1269 (1999) del Consejo de Seguridad, en la que se exhorta a los Estados a “prevenir y reprimir en sus territorios, por todos los medios lícitos, la preparación y la financiación de todo acto de terrorismo”.
La resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en la que se decide que todos los Estados deberán abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a las entidades o personas que participen en actos de terrorismo, incluso reprimiendo su reclutamiento y el suministro de armas a los terroristas, y denegar el asilo a quienes financien, planifiquen, apoyen o cometan actos de terrorismo.
La resolución 1456 (2003) del Consejo de Seguridad, en la que se exhorta a los Estados a que “se presten asistencia mutua, en la mayor medida posible, para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de terrorismo, dondequiera que ocurran”, al tiempo que se subraya que “los Estados deben someter a la justicia a quienes financien, planifiquen, apoyen o cometan actos de terrorismo o proporcionen cielos seguros, de conformidad con el derecho internacional, en particular sobre la base del principio de extradición o enjuiciamiento”.
Hasta el día de hoy, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Colombia siguen negando cualquier tipo de asistencia y cooperación a las autoridades venezolanas competentes, a fin de establecer los hechos y evitar la impunidad asegurándose de que los responsables sean llevados ante la justicia. Como resultado, esos gobiernos violan sus obligaciones en virtud de los tratados bilaterales existentes sobre asistencia judicial recíproca en materia penal. Más aún, a partir de hoy, el gobierno de los Estados Unidos sigue proporcionando un paraíso seguro a las personas que descaradamente afirmaron ser los líderes de la última incursión armada contra Venezuela.
Señor Presidente,
Hoy debo informar que las operaciones de captura de los individuos que participaron en esta agresión armada siguen su curso, ya que tenemos conocimiento de la existencia de otros grupos de mercenarios y terroristas que intentaban llevar a cabo sus planes criminales en otras regiones de nuestro país. De hecho, el 14 de mayo se produjo un atentado contra nuestro Sistema Nacional de Suministro de Aguas, que además de constituir una clara violación de la resolución 2341 (2017) del Consejo de Seguridad sobre la protección de las infraestructuras críticas contra los atentados terroristas, confirma la veracidad de las declaraciones públicas de los delincuentes que siguen en libertad, en relación con los preparativos de una nueva agresión y el entrenamiento de nuevos grupos de mercenarios y terroristas.
Todo esto ocurre mientras se siguen obteniendo nuevas pruebas que apuntan claramente tanto a Washington como a Bogotá, como los principales conspiradores detrás de la agresión.
Además, hay por lo menos tres (03) acontecimientos adicionales de gran preocupación que también debo denunciar hoy, ya que son parte de la continua y sistemática campaña de agresiones contra mi país:
En primer lugar, el 13 de mayo el gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela en una lista ilegal y unilateral para culpar falsamente a mi país de no cooperar plenamente con los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. Nada más cínico que una acusación de este tipo, que llega sólo días después de la perpetración de un ataque armado con mercenarios y terroristas, con el pleno apoyo de los funcionarios del gobierno de EE.UU. y la participación directa de los ciudadanos y empresas estadounidenses.
Además, al día siguiente, el 14 de mayo, un alto funcionario de la administración Trump indicó a la Agencia Reuters que se estaba considerando la designación de varios organismos de seguridad venezolanos como “organizaciones terroristas”.
Se trata de una evidente amenaza a la paz y la seguridad de mi país, ya que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de fabricar una narrativa en la que, de acuerdo con su noción supremacista que reivindica sus leyes nacionales como universales, puede tomar una “acción defensiva decisiva” y proceder al asesinato de altos funcionarios de los organismos de seguridad e inteligencia de Venezuela, y, utilizando su maquinaria de propaganda, para luego distorsionar el delito y presentarlo como una operación antiterrorista. Es un triste hecho de nuestros tiempos que el gobierno de los EE.UU. espera salirse abiertamente con la suya al normalizar el asesinato ilegal de altos funcionarios nacionales en todo el mundo a través del uso de la fuerza bruta.
En segundo lugar, como hemos denunciado en cartas anteriores al Consejo de Seguridad, el gobierno de los Estados Unidos ha admitido abiertamente que presiona a las empresas para que se abstengan de suministrar gasolina a Venezuela, lo que ha dado lugar a la actual escasez que existe hoy en día en todo el país. En este contexto, permítanme plantear la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si, en medio de la pandemia de COVID-19, la ciudad de Nueva York se quedara deliberadamente sin gasolina? Esto, indudablemente, daría cuenta de un crimen contra la humanidad, que es precisamente lo que el gobierno del Presidente Donald Trump está perpetrando actualmente contra treinta (30) millones de venezolanos. Hoy en día, la coerción va unida a un nuevo peligro: la amenaza del uso de la fuerza militar contra cinco (05) petroleros iraníes con combustible que se dirigen a Venezuela, violando, entre otras cosas, la libertad de comercio y navegación. En caso de que la amenaza se materialice, constituiría una agresión armada real contra un buque civil iraní y contra el pueblo venezolano en su conjunto. El gobierno de los Estados Unidos insiste en presentarse como nuestro “salvador”, afirmando ser el “principal donante” de asistencia humanitaria a Venezuela y ahora incluso se atreve a acusar a nuestro gobierno de obstruir la prestación de asistencia estadounidense, cuando la verdad es que todos los que están dispuestos a apoyar a nuestro país en la coyuntura actual han podido hacerlo, a través de las agencias pertinentes de las Naciones Unidas.
Y en tercer lugar, hace poco menos de una semana, el 13 de mayo, los medios de comunicación internacionales revelaron la existencia de una “Unidad de Reconstrucción de Venezuela” dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad Británica, a través de la cual se mantuvieron conversaciones entre funcionarios del Reino Unido, figuras de la oposición venezolana y los conspiradores de la reciente incursión armada sobre la promoción y la necesidad de dar garantías de un estatus preferencial a las empresas británicas en mi país después de que el acto de agresión se llevara a cabo con éxito. Esta nueva evidencia que ahora salió a la luz pública, junto con el saqueo de más de 1.700 millones de dólares en oro venezolano por parte del Banco de Inglaterra, demuestra una vez más que el gobierno británico es un cómplice oportunista en el saqueo colonial de las riquezas venezolanas.
Además, los buques de guerra británicos permanecen fuera de nuestras aguas territoriales, en una actitud hostil y de confrontación, junto con los buques de guerra holandeses, franceses y estadounidenses, convenientemente disfrazados de operaciones de lucha contra el narcotráfico, pero en realidad destinados a establecer ilegalmente un bloqueo naval contra nuestra nación. La combinación de provocaciones militares con operaciones de información es una repetición del viejo truco de la negación plausible usado en las agresiones encubiertas.
Señor Presidente,
El 14 de diciembre de 1974, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 3314 (XXIX), en la que se define la agresión como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, e incluye como tales actos tanto “el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado” como “el envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios, que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado”. Este texto, que se ajusta perfectamente a la descripción de los acontecimientos más recientes en Venezuela, reconoce también que ninguna consideración de cualquier naturaleza puede servir de justificación para un acto de agresión.
Por ello, al tiempo que instamos al Consejo de Seguridad a cumplir con los deberes y responsabilidades que le encomienda la Carta de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, le pedimos que determine de una vez por todas no sólo la amenaza que las políticas belicistas de los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América representan para la paz tanto de Venezuela como de toda la región, sino que reconozca los actos de agresión que se han cometido contra mi país y exija a los autores que pongan fin de inmediato a sus prácticas delictivas, incluido el uso o la amenaza del uso de la fuerza y la comisión de nuevos ataques armados, incluso mediante la utilización de mercenarios y terroristas.
El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados están creando un espacio sin ley en las relaciones internacionales en el que pueden desconocer sus obligaciones en virtud del derecho internacional e imponer prácticas tiránicas, caprichosas y coloniales al resto del mundo. Así, la supremacía de su interés nacional justifica los crímenes más abominables, como es el caso de proteger a los “buenos terroristas y mercenarios” que atacaron a Venezuela si sirven bien a la expansión del poder de los Estados Unidos.
El Consejo de Seguridad debe hacer cumplir la noción de moralidad y legalidad en las relaciones internacionales, bajo el principio de que “ninguna consideración de cualquier naturaleza, ya sea política, económica, militar o de otra índole, puede servir de justificación para la agresión”. Esa es la única manera de promover la paz y la seguridad entre las naciones.
Hoy, en medio de una pandemia mortal que afecta a toda la humanidad y que requiere la plena atención de nuestro gobierno nacional para proteger la vida de nuestro pueblo, también nos enfrentamos a un inminente ataque armado que, por sus efectos genocidas, equivale a un crimen contra la humanidad. Dada la gravedad de la situación y su potencial escalada, la inacción del Consejo de Seguridad en la coyuntura actual envalentonará a esos gobiernos a continuar con sus planes belicistas y criminales, como ha sido el caso hasta ahora, considerando el hecho de que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han duplicado su agresión contra Venezuela, en desprecio al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y en una demostración de su naturaleza no arrepentida y reincidente.
Permítanme concluir insistiendo en que nuestro país no representa una amenaza para nadie y espera que todos aprendan esta lección: Venezuela no está en venta, nunca será una colonia y nuestro pueblo, con serenidad y determinación, cumplirá con su deber de ser libre.
Muchas gracias, señor Presidente.
Embajador
Samuel Moncada
Representante de la República Bolivariana
de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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