ENTREVISTA / Defensora del Pueblo
Por MANUEL ISIDRO MOLINA
Foto: Carlos E. Ramírez
Fue muy diligente su respuesta a nuestra solicitud
de entrevista, tan grata como su risueña presencia. Gabriela del Mar Ramírez
Pérez salía del foro de Últimas Noticias sobre sexodiversidad, rodeada de
reclamos, reconocimientos y proposiciones que se comprometió a estudiar e
impulsar. Con nosotros, evaluó la función del Poder Ciudadano y en especial la
de la Defensoría del Pueblo, institución que le corresponde dirigir hasta 2014.
-¿Qué
consideración tiene sobre la vigencia y eficacia del Consejo Moral Republicano?
-Lo preside actualmente, la contralora Adelina
González.
-¿Es
un club de amigas con diferencias y coincidencias?
-(Risas) La semana pasada estuvimos reunidas.
Realmente es mucho más amplio el rol del Consejo Moral, de lo que se ha
percibido. Basándonos en el fundamento de que se deben impulsar los valores
constitucionales nos hemos centrado mucho en un despliegue en las escuelas, a
través de una “valija didáctica” que ha permitido formar a miles de ciudadanos.
Periódicamente, nos reunimos (la Contralora General de la República, Adelina
González, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y ella),
evaluamos los casos con una cuota que debemos honrar, y vamos recibiendo
materia que tratar. El Consejo Moral es como una coalición de instituciones, es
la magistratura de tres instituciones: Defensoría, Contraloría y Ministerio
Público.
-¿Tienen
casos pendientes, que estén investigando?
-Ahora mismo, no. No tenemos casos pendientes.
Probablemente, la misma circunstancia de que no se ha divulgado mucho la labor
del Consejo, hace que se reciban muy pocos casos.
-Uno
de los compromisos de la campaña electoral de 1998 y del proceso constituyente
de 1999 fue el rescate moral de la República. ¿En eso se ha avanzado?
-Creo que hoy, hay un salto cualitativo muy
interesante que es el llamado del presidente Nicolás Maduro (a combatir la
corrupción) y su convocatoria nacional a un debate ético, que no tiene que
tener un carácter contradictorio, coyuntural electoral, sino que es un debate mucho más profundo. Creo que se ha ido
avanzando, a través de la legislación, aunque tal vez no se haya atajado (el
problema de la corrupción) como la ciudadanía quisiera, pero se ha trabajado
más puertas adentro.
-¿Cómo?
-Regularmente, la Contraloría General de la
República hace un trabajo minucioso y exhaustivo, hace seguimiento a distintos
casos y finalmente se consigna una lista de personas sancionadas hasta con
prohibición de ejercicio de funciones públicas (inhabilitaciones), y estos son
focos de ataques inclementes con un concierto en contra de las sanciones. Ese
trabajo de la Contraloría es poco conocido, pero hay personas sancionadas de
diversas tendencias políticas.
-¿Hay
padrinos de diversas tendencias también, pretendiendo proteger a esas personas
sancionadas?
-Claro, eso pretenden. Hay dos etapas, la
Contraloría no tiene injerencia penal. La Contraloría documenta la
investigación y, si se concluye en la inhabilitación para el ejercicio de
cualquier función pública, el siguiente paso lógico es que se genera una condena
definitivamente firme.
-¿Si
esas conclusiones y sanciones de la Contraloría son prueba plena, por qué no se
acelera la acusación y el proceso sancionatorio a nivel penal?
-Bueno… Esa es una buena pregunta para el
Ministerio Público. No sé, no manejo el dato, cuántos casos promovidos por la
Contraloría han sido objeto de acusaciones penales.
-No
todos los casos procesados por Contraloría, revisten naturaleza penal…
-No todos, hay distintos supuestos. Pero sería
interesante conocer los porcentajes.
-¿El
Consejo Moral Republicano se ha reunido formalmente para analizar el llamado
anti corrupción del presidente Maduro?
-Hemos estado discutiendo que ha sido una mora
nuestra, como Consejo Moral, una propuesta de Código de Ética del Funcionario
Público. Iniciamos el debate, y eso va a dar pie a otras reuniones del Consejo
para avanzar en la dirección que nos está convocando el Jefe de Estado. El
problema de la corrupción debe ser objeto de un gran debate nacional, desde la
disciplina y la eficacia de cada funcionario o funcionaria hasta lo
administrativo, porque todo afecta al ciudadano.
-¿Se
podría considerar que la corrupción afecta derechos sociales?
-Tendríamos que mirarlo desde la perspectiva del
impacto. Ahora, lanzar yo una sentencia desde mi posición, es una cosa
temeraria, porque es un debate nacional que está abierto. No los afecta de
manera general, los afecta de modo coyuntural, pero si te digo de manera
general estaría colocando yo, la corrupción en cada palmo de la
institucionalidad venezolana. Y creo yo, que no es el caso.
-¿Esa
no es la realidad?
-No creo que sea la realidad. Ahora, donde exista,
donde esté o donde amenace con derramarse (la corrupción) hay que atacarla.
-¿Hablar
de corrupción y violación de derechos humanos en las cárceles, no es verdad del
tamaño de una catedral?
-Sí, naturalmente. Mira, en el tema de los privados
de libertad, se han hecho grandes esfuerzos. La creación del Ministerio para
Asuntos Penitenciario es una acción reciente; el rescate del control de las
personas privadas de libertad, sobre los espacios en los recintos
penitenciarios, es una política de la ministra Iris Varela, que está avanzando.
-¿Usted,
cree que la ministra Iris Varela lo está haciendo bien?
-Está aplicando una política clara. Inclusive, en
algunos momentos, exhortamos al Estado a que rescatara el control de las
cárceles, y eso es precisamente lo que se está haciendo, ahora mismo.
-¿En
el ataque a los focos de resistencia, no ha habido abusos?
-No, nunca. En el caso de La Planta (Caracas), no
hubo reducción física, por la vía de la fuerza. En Uribana (estado Lara), se
produjo un enfrentamiento entre bandas con un desenlace muy sangriento, que
provocó el retiro de todas las instituciones que estábamos representadas en las
mesas de diálogo. En ningún momento se ha presentado en este tiempo, a pesar de
que las cifras son duras, una confrontación en la que se haya reducido por la
fuerza a la población penitenciaria.
-¿Cuál
es la actividad más importante que ha desarrollado su gestión?
-La promoción de los mecanismos constitucionales
que tiene el ciudadano para la defensa de sus derechos, cómo demandarlos; y la
receptoría de quejas, denuncias y promoción de soluciones, las canalizamos.
-¿Qué
tipo de denuncias, priva?
-Derechos humanos 37,8 por ciento; materias
diversas 58,9 por ciento; y servicios públicos 3,2 por ciento. Recibimos unas treinta
y cinco mil denuncias anualmente, y damos orientación, más allá de las
competencias de la Defensoría.
-¿Cuántas
oficinas tienen a nivel nacional?
-Treinta y tres sedes y dos escuelas de derechos
humanos, una en Caracas y otra en Lara, en las cuales hemos formado en cinco
años, más de treinta y cinco mil personas en diplomados de 120 a 160 horas.
-¿Qué
evaluación hace usted, sobre esa escuela abierta y permanente que son los
medios de comunicación social en materia de derechos humanos?
-Hace falta un lenguaje más respetuoso de la
diversidad. El uso de nombres de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo,
requiere más atención. Nosotros estamos recopilando una serie de caricaturas
xenófobas, racistas, discriminatorias, una forma de hacernos reír, muy común.
-¿El
racismo existe, en Venezuela?
-Somos una población muy mezclada y somos
vanguardia como comunidad en la que el racismo es un mal menor, pero decir que
no existe…
-Ha
habido casos focales como prohibiciones de ingreso a centros nocturnos…
-La hubo, la hubo. Con el famoso slogan de “Se
reserva el derecho de admisión”, principalmente en centro de clases media alta
y alta, y ciertas prohibiciones por color o forma de vestir, hemos avanzado en
la colocación de carteles en contra de la discriminación.
-¿Cómo
percibe la evolución de los derechos de la mujer, en los últimos quince años?
-Ese es uno de los aspectos más interesantes de
este proceso. Tuve la responsabilidad de dirigir el debate en torno a la Ley
del derecho de la mujer a una vida libre de violencia… Las mujeres han
cobrado un protagonismo en la vida social y pública, una gran presencia en
todas las instituciones. De hecho, queremos preservar ese balance porque hoy,
entre el sesenta y cinco y setenta por ciento de quienes estudian en la universidad
son mujeres. Vale la pena preguntarse por qué los muchachos no se están
interesando por culminar una carrera universitaria. Tenemos una presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia, una Contralora General, una Fiscal General, una
Defensora del Pueblo, una presidenta del Poder Electoral.
-Pero
esas cinco mujeres son objeto de críticas y, a veces, críticas muy ácidas. ¿Por
qué?
-Porque, a veces, la legislación no va de la mano
con modelos culturales tan enraizados. Y de hecho, los insultos que uno recibe
tienen connotación sexista hasta el colmo de que en un momento se difundió la
idea de un cabaret para las presidentas de los Poderes Públicos, porque es el
insulto fácil, además, el insulto más básico.
-¿Hay
un intento de descalificación de altos cargos por razón de género? ¿Lo percibe?
-En razón del género, cuando existen ataques como
el de esta naturaleza, o de presunta sumisión. Nosotras trabajamos de manera
muy articulada, muy coordinada. Hemos logrado avances muy importantes, a través
de la coordinación, que no desdice ni desdibuja la peculiaridad de cada una de
nuestras responsabilidades. Quienes fuimos formados en la escuela del
presidente Chávez, sabemos que lo más importante es el pueblo y los fines del pueblo; y como somos
servidores públicos, lo que nos interesa es resolver, subsanar las situaciones
que se presentan.
-¿Usted
es chavista?
-Sí. Yo, tal vez, estaría en una universidad dando
clases, si no hubiese escuchado al presidente Chávez haciéndonos ese llamado a
transformar la sociedad, convocarnos a una nueva carta (constitucional) que,
por cierto, fue la estrella de Belén para Bolivia, para Ecuador, así como en
intentos fallidos en otros países donde no prosperó porque la derecha se
impuso. Pero, yo me considero parte de este pueblo, y este pueblo amó a ese
líder que vino a cambiar el orden de las cosas, que vino a darnos lecciones con
hechos, con su ejemplo, con su proceder.
-¿Cómo
la impactó su muerte, el 5 de marzo?
-(Silencio) Bueno… Todavía estamos impactados por
la muerte del Presidente. Creo que este país continúa su tránsito hacia la
transformación, con una gran tristeza y un gran compromiso por ese mensaje que
el Presidente nos inculcó; y sobre todo, la premisa básica: El motor de la
actuación es lo que nosotros vimos en Chávez, el amor, el amor. Hacer las cosas
con amor, con compromiso, con capacidad de servicio, no para resaltar, no para
destacar, no para abrirnos una carrera política personal, ¡no!, para servirle a
un pueblo que lo reclama, que lo demanda, que lo requiere. Esa fue la enseñanza
que nos dejó Chávez, y por esa razón digo ¡soy chavista!
Esperando por la “Comisión
de la Verdad”
-¿Cómo marcha el trabajo de
la “Comisión de la Verdad”, de la cual usted forma parte?
-Realmente, nosotros no hemos recibido convocatoria formal.
-¿Está paralizada?
-No, no. Yo he visto que la Fiscal General ha estado trabajando, se ha
estado reuniendo, pero ya mismo no te pudiera dar cuenta.
-¿La “Comisión de la
Verdad”, como tal, no se ha reunido?
-La Defensoría del Pueblo, formalmente, no ha tenido convocatoria a las
reuniones. Hemos sabido que se han estado reuniendo, tenemos noticias a través
de los familiares (de las víctimas) y sigo las noticias de las reuniones, de la
apertura de los archivos, a partir de las apariciones públicas de la Fiscal
General sobre el tema, pero estamos esperando y tenemos la expectativa de que
la Defensoría, cuando se genere el primer informe y lo tengamos en la mano,
hará nuestros aportes y contribuciones necesarias a fin de presentarlo al país.
PERFIL
DEFESORA del Pueblo (2007-2014)
SECRETARIA GENERAL de la Red de
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
del Continente Americano
LICENCIADA en Trabajo Social, UCV.
ESPECIALISTA en Planificación de la
Gestión Local, Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV
MÁSTER en Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá, España
DIPUTADA a la Asamblea Nacional por
el estado Miranda (2005-2007)
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