PASANDO LA HOJA / ¡Cómo se bate el cobre!

Por Manuel Isidro Molina*

La pulverización del bolívar continúa su marcha, sin solución de continuidad. Lo único que ha cambiado es el Presidente de la República; pero en materia financiera, la política y las mafias son las mismas. Comparto con ustedes un breve informe de mis fuentes:

“La extinción del Sitme dio paso al nacimiento del nuevo instrumento financiero Sicad, que es lo mismo, una herramienta para los operadores financieros delBCV y del  Ministerio de Finanzas. En la postura que es recibida hasta el día martes 16 de julio, ya los clientes saben qué rubro va y hasta cuánto pueden solicitar, que no pase de 900.000 dólares, y que deben ofertar a 17 bolívares por dólar. ¿Es o  no, una devaluación implícita? Quien controla estas mafias financieras con estos instrumentos, tiene su segunda corrida; y todos saben que deben pagar por cada dólar asignado Bs.  2.00”.

Suficientes denuncias, abiertas unas y otras veladas, circulan en los medios de comunicación social, pero nada se mueve. Igual que durante los catorce años de mandato del finado presidente Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro, nada más y nada menos, con Nelson Merentes en Minfinanzas, nada hará al respecto. Se sabe. ¿Y la Fiscalía General de la República, institución del Poder Ciudadano que ejerce el monopolio de la acusación penal? Tampoco, nada de nada, como si nada.

Cadivi, Sitme y Sicad son una y misma historia de pillaje sin precedentes en Venezuela, América Latina y –creo- el mundo. Pero no se mueve nada de nada, ¡nadita!

¿A quién  quiere engañar el presidente Maduro imputando  chivos expiatorios por corrupción, cuando los peces gordos siguen al frente de altos cargos públicos, algunos en el mismísimo Gabinete Ejecutivo, cobrando y dándose el vuelto? Y no es que los pocos apresados no sean pillos, pero están en el tercero o cuarto círculo mafioso del gobierno. Como otras, la mafia Merentes debe ser extirpada o se llevará en los cachos al gobierno de Maduro. Lo sabe todo el mundo. ¿Lo desconoce Maduro? Como todo, el descaro tiene límite.

·        EN EL SENO DE LA FANB comienzan a levantarse voces dignas de oficiales jóvenes indignados con los grados asquerosos de corrupción y enriquecimiento ilícito de las mafias civiles y militares, dizque “chavistas”, que controlan áreas clave del Gobierno y Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Es una seria situación de riesgo institucional, que no cesará hasta que comiencen a caer los “peces gordos” de los pudrimillonarios “chavistas”, moralmente injustificables y moralmente insalvables. El presidente Nicolás Maduro y la fiscal general Luisa Ortega Díaz tienen la palabra. ¡O actúan o se hunden! Nadie come cuentos, hoy. La indignación crece en las filas revolucionarias, antiimperialistas y chavistas, tanto en la calle como en el seno de la FANB. ¡Tomen nota!

·        GENERAL EN JEFE en situación de retiro parece decidido a invertir cuantiosa fortuna en el ramo de restaurantes, en Caracas. La información no me asombró, pero indigna, ¡carajo, hasta cuándo! “Claro, es una manera de lavar”, me aseguró el contertulio.

·        NADA JUSTIFICA que los hijos del fallecido presidente Hugo Chávez Frías continúen ocupando residencias y otros inmuebles presidenciales, como es el caso de “La Casona”, en Caracas. No se justificaba antes, por parte de sus tres hijos mayores de edad y emancipados, y menos ahora que no tienen ninguna vinculación con el Estado venezolano. “La Casona” debe ser entregada a la Presidencia de la República, para ser ocupada por el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, o si no quieren, mantenerla bajo mantenimiento como otros palacios presidenciales, indebidamente usufructuados familiarmente como nunca antes. No esperen que la opinión pública, los saque.

·        NADA SE SABE oficialmente de la herencia dejada por el presidente Chávez, a cuánto monta en bienes muebles e inmuebles y dinero en efectivo o cuentas bancarias, lo que debe estar siendo asentado en la declaración sucesoral de sus herederos universales ante el Seniat, sus cuatro hijos.

·        TAMPOCO SE CONOCE el acta de defunción del presidente Hugo Chávez, cuyo valor histórico es incuestionable, igual que los sucesivos diagnósticos y tratamientos médicos de su enfermedad. Cuba debe entregar todos los asientos respectivos al Archivo General de la Nación, tarea de la Procuraduría General de la República. Y no vengan con el cuento de que la herencia material dejada por el difunto Presidente, y el registro de los actos médicos durante su enfermedad son “secretos” o pertenecen al ámbito privado. Son dos capítulos importantísimos de la vida del Jefe del Estado, que deben ser cerrados honradamente, sin misterios ni temores.

·        PARA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN: “Me gustaría que este caso se diera a conocer en las esferas altas del gobierno y del Ministerio de Educación, porque he visto con mucha preocupación que no todo el mundo puede hacer una denuncia, y que la misma sea más bien información valiosa para las autoridades que la reciben. Además, a ningún jefe le conviene que se sepa que en su gestión hay corrupción, ya que eso acarrea responsabilidades”, me explica esta fuente del sector educativo, antes de pasar a exponer las vagabunderías que implican a una concejala de Petare, al director del liceo y a varios subalternos suyos, incluida su esposa. ¡Qué vergüenza!

·        LICEO NOCTURNO “Mariano Picón Salas”, ubicado en la Urbanización Lebrúm de Petare, Estado Miranda. “El Director del Plantel, Omar Prada, tiene un liceo paralelo dentro del liceo, en donde maneja a su antojo todo lo que tiene que ver con la colocación de notas a los ‘alumnos’ sin estos estudiar, mejor dicho sin que éstos tengan que asistir a clases y cumplir con las actividades educativas correspondientes para poder optar al Título de Bachiller, lo cual quiere decir que el Director, que es encargado y cobra como profesor por horas, coloca notas a su mero antojo, de cualquier asignatura, a los fines de ‘ayudar’ a personas para sacar el bachillerato; tal es el caso de la concejala Gloria Torres, del PSUV, en el Municipio Sucre, quien no asiste al liceo, pero aprueba semestre por semestre sin asistir a clases, pasa pruebas sin presentarlas. Igualmente pasa con su hijo, y así sucesivamente con muchos otros. Son más de seiscientas notas que este profesor pasa a las Hojas de Resúmenes Finales, que van a la Zona Educativa para su convalidación, sin que haya nadie que detenga a este señor. Además, en complicidad con un obrero llamado Oswaldo Flores, mantienen esta irregularidad teniendo ambos la cuenta del liceo a donde se supone van los depósitos que hacen los alumnos al momento de la inscripción (Bs 110,00). No conformes, este obrero, da clases, hace exámenes, recibe dinero en efectivo, se mantiene todo el tiempo dentro de la dirección manejando papeles y asuntos educativos como el sello del plantel, firma por el director, etc. Los alumnos lo llaman ‘Profesor’ y  tiene un hijo que anda huyendo de la justicia. Se ha denunciado el caso en la Zona Educativa de Miranda, en el Distrito Escolar Nº 5, pero  no se ha hecho nada por corregir tal situación, porque todo sigue igual. No existe Concejo Directivo, ni Concejo General de Profesores, no hay control alguno. Se presume que hay intereses de por medio y que por eso, no se toman los correctivos. La inmoralidad va de mano con la corrupción, donde no importan los valores. Aparte de eso, se hace campaña en contra de aquellos que se oponen a tan vulgar situación, persecuciones y amenazas. Y la autoridades administrativas dicen Amen y Prada y su más cercano colaborador siguen ‘graduando gente’. Además de su esposa, la Sra. Carolina, se cree dueña del recinto donde se sienta y ‘pasa’ las ‘notas’  ilegales que le da Prada. Se presume que hay mucho dinero de por medio. Son alrededor de 800 a 1000 alumnos inscritos cada año. El señor Prada para hacer lo ilegal, mete personal a su antojo sin que la Zona Educativa ni el Distrito Escolar  supervisen, evalúe”.

·        LA NOCHE DEL 10.07.2013, “consiguieron a la esposa del director corrupto deshaciéndose de las pruebas que están en los expedientes de los alumnos. Las mismas son unos ‘papelitos’ que indican que los alumnos pagaron en efectivo en la dirección y quien recibe el dinero es Oswaldo Flores, el ‘obrero-docente’. Es fácil adivinar que lo mandaron a eliminar las pruebas del delito de corrupción… ¡Qué desgracia! ¡Qué más estarán haciendo!” Ni quito ni agrego, señora Ministra de Educación.

·        LAMENTABLES CASOS como el de la muerte del bombero del Distrito Capital, teniente coronel Carlos Rodríguez, pudieran repetirse en otras entidades del país, por incumplimiento de pagos a clínicas y honorarios médicos y otras anormalidades con los fondos administrados de seguros médicos de varios organismos nacionales. La investigación que adelantará la Asamblea Nacional, debe incluir el fallecimiento de otros dos bomberos capitalinos: Robert Rodríguez, capitán de bombreos (octubre 2012), y José Graterol, sargento segundo (junio 2013).

·        TRABAJADORES ACTIVOS y jubilados de CANTV en Mérida, denuncian irregularidades similares, que les impiden ser atendidos en clínicas privadas, pues sufren la tranca de falta de pagos por parte de la CANTV y el aumento constante de tarifas de hospitalización y honorarios médicos inconsultos.

·        PAVIMENTOS ASFALTICOS JUMARA, C.A.“ganó” el contrato de remodelación de la ubicada en Maracay,  Casa de la Moneda, adscrita al Banco Central de Venezuela. El dueño de la empresa es Luis Enrique Colmenares, esposo de María Belén Vielma de Colmenares, vicepresidenta de Administración del BCV. ¿Les suena? “Al coordinador  de licitaciones lo enviaron de vacaciones pero lo obligaron a firmar esta adjudicación”, me cuentan. Así operan. ¿Qué pasa con Luis Eduardo Ortega, presidente de la Casa de la Moneda, que no denuncia este hecho? ¿Edmme Betancourt, presidente del BCV, no sabe que esta empresa es la misma que está remodelando la casa de uno de sus asesores.

* MARÍA BELÉN RAMÍREZ dirigente del denunciado “Comité de Terrenos y Vivienda del Municipio Campo Elías” (Ejido-Mérida), que ofreció construir 600 apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños, y pidió 10.000 bolívares a cada familia sin vivienda “para entrar en el proyecto”, está más enredada que kilo de estopa. Las denuncias en su contra llueven, ahora por los dueños de la empresa Biankini, C. A., quienes dicen no tener relación con MBR, aunque sí tuvieron contactos iniciales sin continuidad. El dueño de los terrenos (Manzano Bajo) mandó a decir que fue estafado por la mencionada dama, quien ya fue denunciada ante la Fiscalía. La única que no aparece es ella. ¿Y los reales? 

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·        @manuelisidro21

* Ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela * Licenciado en Comunicación Social - Universidad Central de Venezuela * Especialista en Ciencia Política - Universidad Simón Bolívar * Columnista del semanario LA RAZÓN * Realizador de entrevistas especiales para el diario ÚLTIMAS NOTICIAS * Asesor en análisis de entorno político y social.

PASANDO LA HOJA / Ridículos aires neocoloniales

Por Manuel Isidro Molina

España, Francia, Italia y Portugal acaban de mostrar sus ridículos aires neocoloniales bajo inducción de la CIA estadounidense, en el insultante e inadmisible cerco aéreo del presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien impidieron paso por sus espacios aéreos y aterrizaje por el supuesto negado de que a bordo del avión presidencial viajaba el ex espía telemático de EEUU, Edward Snowde.

La inmediata protesta y condena internacional de América Latina y el Caribe nos habla de la gravedad de este inmoral y agresivo acto de piratería internacional por parte del mencionado grupo de países europeos controlados por Washington.

Desde José Miguel Insulsa, secretario general de la OEA, hasta los presidentes de la Unasur, pasando por el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), se pronunciaron contundentemente;

 pero en Venezuela, el sesudo “líder de la oposición venezolana” Henrique Capriles Radonski trató de banalizar los hechos, igual que la derecha opinática de sus expertos en relaciones internacionales y otros voceros “académicos”, que en conjunto lo que dan es vergüenza.

La decisión del presidente Nicolás Maduro de dar asilo por protección humanitaria a Snowde, es un gesto encomiable y plenamente justificado.

EEUU está persiguiendo infructuosamente a quienes se han atrevido a denunciar ante el mundo la gigantesca red de espionaje electrónico que ha desplegado su gobierno, fuerzas armadas y agencias de espionaje, ya con envergadura mundial, incluso en contra de sus dominados “aliados”.

La decisión de Maduro tendrá consecuencias retaliativas por parte de EEUU, cuyo alcance se desconoce todavía. Pero, la dignidad de América Latina y el Caribe, justifica el riesgo asumido. La inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas participamos de la condena a ese acto de piratería neocolonial europea, y de la solidaridad con el presidente Morales y el pueblo boliviano.

·        JOSÉ VICENTE RANGEL debe explicarle al país cuál es su relación con Bernabé Gutiérrez, secretario de organización nacional del partido Acción Democrática (AD), y si es cierto que ha servido como traficante de influencias para beneficiar judicialmente al ex gobernador del estado Amazonas en el juicio que se le sigue en el estado Anzoátegui por enriquecimiento ilícito durante su gestión en Puerto Ayacucho. 

·        ESTE ES UN CASO EMBLEMÁTICO de la complicidad con los pudrimillonarios de la “Cuarta República”, extendida a la “Quinta República”, que comenzó en 1999 cuando dejaron en libertad de abandonar el país al ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien estaba privado de libertad (casa por cárcel) en su residencia y fue electo senador por el estado Táchira, en 1998; y al cesar su inmunidad parlamentaria debió regresar a “La Ahumada” a seguir el juicio penal, bajo privación de libertad, por las llamadas “cuentas mancomunadas” con Cecilia Matos. JVR y Luis Miquilena

fueron artífices de aquella “liberación” que marcó la sinvergüenzura histórica del gobierno del presidente Hugo Chávez, el Poder Judicial y la Fiscalía del Ministerio Público ante la corrupción desbordada hasta el presente, cuando el presidente Nicolás Maduro intenta infructuosamente atacarla.

·        FACTORES DEL OFICIALISMO asociados a la enorme red de mafias pudrimillonarias “chavistas” se mueven sigilosas contra las proclamas anticorrupción del presidente Nicolás Maduro.

 Su argumento es que el apresamiento y enjuiciamiento de tanto corrupto a lo largo y ancho del país, afectaría los resultados electorales del 8 de diciembre próximo, no sólo por el desprestigio político que baña al PSUV sino por la merma de recursos de los pudrimillonarios para el financiamiento de las campañas de aspirantes a alcaldías y concejalías.

·        EL CHANTAJE DE LOS PUDRIMILLONARIOS dentro del gobierno y el PSUV tendría peso, dado el debilitamiento evidente del potencial electoral del PSUV y sus aliados, precisamente por el descaro de sus mafias pudrimillonarias, acostumbradas a cobijarse bajo el liderazgo de Chávez, quien ya no está para esos efectos. A nivel local, se conoce perfectamente a quienes de limpios de solemnidad pasaron, aferrados al liderazgo del finado presidente Hugo Chávez, a portadores de riquezas: propiedades inmobiliarias, vehículos de elevados precios y costoso mantenimiento, consumismo, viajes y muestras inocultables de vida ostentosa de sus familiares y círculos de amistades y testaferros. En los pueblos y ciudades, conocen al detalle a esos pillos pudrimillonarios que han lucrado a nombre del “socialismo”, la “justicia social” y la “revolución”.

·        EL EX GOBERNADOR LUIS GALLARDO, con bienes y otras riquezas en Guárico y Aragua, es muestra de la crisis gubernamental por la magnitud de las redes mafiosas para el enriquecimiento ilícito. Una facción del Psuv lo está defendiendo abiertamente, tanto en Guárico como en Aragua. Están “pidiendo cacao” porque saben que si las investigaciones judiciales se profundizan se producirá una especie de efecto dominó arrastrando a decenas de pudrimillonarios asociados a Gallardo. ¿Cómo explicar que Gallardo sea dueño de un fuerte paquete accionario de la Universidad Bicentenaria de Aragua?, por ejemplo.

·         A FINALES DE 2011 denunciamos en esta columna (http://manuelisidroxxi.blogspot.com/search?q=gallardo), las estrechas relaciones entre el gobernador del estado Guárico, Luis Gallardo, y el entonces magistrado Aponte Aponte. “El ex juez caído en desgracia nombró a la hija del gobernador Gallardo, Jueza Superior en Caracas en el área de Niños y Adolescentes, Jueza de Violencia contra la Mujer en Aragua, y, por último, Jueza Superior en Lopna en el mismo estado, sin que la abogada Blanca Gallardo, cumpliera con los requisitos de ley, según mis fuentes.

El gobernador de Guárico y Aponte Aponte son socios y caimanes del mismo pozo. Uno de sus testaferros de apellido Cozzo, construyó un edificio de solo 14 apartamentos en Maracay con dinero cuya procedencia debe ser investigada.

El gobernador Gallardo, una hermana suya, una “amiga” del destituido magistrado de nombre Wendy Salazar, también jueza de la Republica y el propio Aponte Aponte, son los propietarios de los apartamentos del lujoso inmueble. Aponte Aponte y su socio Gallardo poseen bienes de fortuna que deben ser investigados. Desde su posición como Fiscal General Militar y luego como magistrado del TSJ protegió a la otra hija de Gallardo, oficial de la Aviación Militar Bolivariana, quien con el rango de teniente también es propietaria de un apartamento en Maracay, que ningún oficial puede adquirir con un sueldo modesto. 

Luis Gallardo, el gobernador llanero, es dueño de no menos de 10 locales comerciales y otros inmuebles en Maracay, gracias a su relación con el ex magistrado, hoy entregado como informante a la DEA y otras agencias de espionaje estadounidenses.

 El Presidente del Circuito Judicial Penal de ese estado central, Francisco Cogiolla, fue de igual modo designado por Aponte Aponte, a pedido del Ministro de Relaciones Interiores, Tarek el Aisami. Es demostrable la buena relación de amistad y de sociedad que ambos personajes mantienen. Tanto es así que en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), cuando Gallardo era el Rector de esa casa de estudios, nombró a Eladio Aponte, Jefe del Postgrado en Derecho Penal y Criminología”. ¿Quién investiga?

·        LA EMPRESA CONSTRUCTORA DANFRE, C. A. (Campo Alegre Av. Bermudez Sur Residencia 240, Maracay, Aragua - Venezuela) tiene suerte (sus dueños, digo): Durante el rectorado de Luis Gallardo en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), recibió varios contratos de obras,  algunas de ellas inconclusas, y luego le tocó en la gobernación de Guárico. Mis fuentes piden se investigue la relación Gallardo-Danfre, C. A. 

·        12-50187CA40 es el código del expediente de la Corte Federal de Estados Unidos que investiga, entre otros, al abogado venezolano Alejandro Castillo por presunta legitimación de capitales. ¿Son inconsistentes las acusaciones? AC, casualmente, es el jefe de investigaciones contra la delincuencia organizada y legitimación de capitales de la Fiscalía General de la República. Por rogatoria judicial, la fiscala general Luisa Ortega Díaz debería enterarse oficialmente sobre la consistencia de la investigación judicial en contra de su subalterno del alto gabinete del Ministerio Público. La gravedad de esta eventualidad delictiva no puede pasar por debajo de la mesa.

·        LAVADO DE DÓLARES procedentes de Colombia tiene asiento en los venezolanos estados de Táchira y Mérida, delito en el cual estarían involucrados algunos médicos y otros trabajadores de la salud cubanos de la Misión Barrio Adentro.

·        PARECE IRRECONCILIABLE la pugna entre los ministros Jorge Giordani (Planificación) y Nelson Merentes (Finanzas). Una de las manzanas de la discordia –se sabe- es el manejo mafioso de la asignación de dólares Cadivi y Sitme, ahora Sicad. Miles de millones de dólares administrados por el Estado (BCV-Finanzas) han ido a parar a manos de empresas de maletín de pudrimillonarios del alto gobierno y sus asociados para delinquir (hijos, cónyuges, amantes y otros testaferros). Esa “papa caliente” está en manos del presidente Nicolás Maduro, quien hace locuaces llamados a la lucha contra la corrupción. ¿Desmantelará a la mafia Merentes?

·        FUE AGREDIDO A GOLPES el concejal Nerio Monagas (Psuv) en Bejuma, estado Carabobo. “De un carro Aveo negro, se bajaron y lo golpearon”, mientras dejaron esta amenaza: “Dile a Carlos Limonta (presidente del Concejo Municipal) que si no aprueban la memoria y cuenta del alcalde Lorenzo, está muerto”. 

·        EL ALCALDE LORENZO (Bejuma) es un apostador empedernido y tiene una cuerda de gallos de pelea multimillonaria y una cuadra de caballos de coleo, así como otros signos de riqueza que no puede justificar. El problema no para ahí, pues dicen los militantes del Psuv que si “no cambian a los alcaldes de Güigüe, Libertador, Guacara, Montalbán y Bejuma, perderemos de calle… tienen 70 % de rechazo”.

·        MARÍA BELÉN RAMÍREZ (CI: 5.106.065) dirige en Ejido, estado Mérida, un tal “Comité de Terrenos y Vivienda del Municipio Campo Elías” (RIF J-29812641-8), que ofreció construir 600 apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños, y pidió 10.000 bolívares a cada familia sin vivienda “para entrar en el proyecto”, unos 6.000.000 bolívares. La oferta incluyó a la empresa Biankini, C. A. (RIF J-8026309) como constructora. El tiempo ha pasado, y nada. La gente afectada se siente estafada y pide la devolución del dinero, pero nada. El caso es que MBR acusa al ministerio de la Vivienda y Hábitat y a la alcaldía de Ejido por obstruir el proyecto y le dice a sus víctimas que tiene una hija “apoyada por el ministro Jaua, en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República”. Los terrenos están ubicados en Manzano Bajo, pero carecen de permiso municipal y del indispensable estudio de impacto ambiental.

·        ALARMADOS VECINOS de Guareguare denuncian que “el Willian" fue dejado en libertad por supuesta complicidad de agentes del Cicpc. Lidera una banda de peligrosos secuestradores, pero ahora anda en un vistoso jeep dando muestras de riqueza y prepotente descaro. ¿Guapo y apoya'o? Piden al Cicpc investiguen antes de que secuestre y asesine a empresarios de los altos mirandinos, que es su "especialidad". Y los funcionarios del Cicpc supuestamente involucrados con la banda, deben ser investigados y enjuiciados penalmente, si se comprobara su actuación delictiva.

·         LASER AIR LINES está prestando un pésimo servicio. Sus retrasos son generalizados, pero el ente regulador no hace nada, salvo imponerle esporádicas multas, mientras los pasajeros somos las víctimas de tales incumplimientos. Me tocó personalmente en el vuelo 928 Maiquetía-El Vigía, del viernes 5 de julio. Programado inicialmente para las 10:30 am., fue pospuesto para las 12.30 pm., y después fue retardado dos horas más. Protestamos y tomaron nota funcionarios del Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), pero hasta ahí. El desorden es generalizado, y los pasajeros que se las arreglen: ¡Nadie responde por los perjuicios causados!

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JOSEPH STIGLITZ / La farsa del libre comercio

Joseph E. Stiglitz *

NUEVA YORK – Aunque la Ronda de Doha para el Desarrollo de negociaciones comerciales mundiales de la Organización Mundial del Comercio no ha dado resultado alguno desde que se lanzó, hace doce años, se está preparando otra ronda de negociaciones, pero esta vez no tendrán carácter mundial y multilateral, sino que se negociarán dos enormes acuerdos regionales: uno transpacífico y otro transatlántico. ¿Hay más probabilidades de que las próximas negociaciones den resultado?

Illustration by Margaret Scott

La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de los Estados Unidos a eliminar las subvenciones a la agricultura, condición sine qua non de cualquier ronda de verdad para el desarrollo, en vista de que el 70 por ciento de la población de los países en desarrollo depende de la agricultura directa o indirectamente. La posición de los EE.UU. fue en verdad asombrosa, dado que la OMC ya se había pronunciado mediante una resolución sobre la ilegalidad de las subvenciones del algodón de los EE.UU., que benefician a menos de 25.000 cultivadores ricos. La respuesta de los Estados Unidos fue la de sobornar al Brasil, que había presentado la reclamación, para que abandonara el asunto y dejase en la estacada a millones de cultivadores pobres de algodón del África subsahariana y de la India, que padecen las consecuencias de unos precios muy bajos por la generosidad de los Estados Unidos para con sus cultivadores ricos.

En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre los EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y gran parte de los países del Pacífico (exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema de libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido, es decir, para que esté al servicio de los intereses especiales que durante mucho tiempo han impuesto la política comercial en Occidente.

Hay algunos principios básicos que quienes participen en las conversaciones se tomarán –es de esperar– en serio. En primer lugar, todo acuerdo comercial ha de ser simétrico. Si, los EE.UU., como parte en el  “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (AAP), piden al Japón que elimine sus subvenciones del arroz, deberán, a su vez, ofrecerse a eliminar no sólo las subvenciones de su producción de arroz, que es relativamente poco importante para los EE.UU, y del agua, sino también de otros productos básicos agrícolas.

En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debe colocar los intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más amplios, en particular en los casos en que estén en juego cuestiones no relacionadas con el comercio, como la reglamentación financiera y la propiedad intelectual. El acuerdo comercial de los Estados Unidos con Chile, por ejemplo, impide la utilización por parte de este último de controles de capitales, pese a que el Fondo Monetario Internacional reconoce ahora que los controles de capitales pueden ser un instrumento importante de política macroprudencial.

En otros acuerdos comerciales se ha insistido también en la liberalización y la desreglamentación financieras, si bien la crisis de 2008 debería habernos enseñado que la falta de una buena reglamentación puede poner el peligro la prosperidad económica. La industria farmacéutica de los Estados Unidos, que tiene una gran influencia en el Representante Comercial de los Estados Unidos, ha conseguido endosar a otros países un régimen de propiedad intelectual desequilibrado, que, por ir encaminado a luchar contra los medicamentos genéricos, coloca el beneficio por encima de la salvación de vidas. Incluso el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha dicho ahora que la Oficina de Patentes de los EE.UU. fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.

Por último, debe haber un compromiso con la transparencia, pero conviene avisar a los participantes en esas negociaciones comerciales de que los EE.UU. están comprometidos con una falta de transparencia. La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos se ha mostrado reacia a revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso de los EE.UU y, en vista de lo que se ha filtrado, podemos entender por qué. Dicha oficina está retrocediendo sobre los principios –por ejemplo, el del acceso a los medicamentos genéricos–  que el Congreso había incluido en acuerdos comerciales anteriores, como el subscrito con el Perú.

En el caso del AAT, hay otro motivo de preocupación. Asia ha desarrollado una cadena de distribución eficiente, gracias a la cual los productos pasan fácilmente de un país a otro en el proceso de producción de bienes acabados, pero el AAP podría obstaculizarla, si China permanece fuera de él.

Como los aranceles propiamente dichos son ya tan bajos, los negociadores se centrarán en gran medida en los obstáculos no arancelarios, como, por ejemplo, los obstáculos reglamentarios, pero la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que representa los intereses empresariales, ejercerá casi con toda seguridad presiones en pro de la norma común menos estricta, con lo que contribuirá a una nivelación hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por ejemplo, muchos países tienen disposiciones tributarias y reglamentadoras que disuaden de la adquisición de automóviles grandes, no porque intenten discriminar los productos de los EE.UU, sino porque le preocupa la contaminación y les interesa la eficiencia energética.

El principio más general, antes citado, es el de que los acuerdos comerciales colocan habitualmente los intereses comerciales por encima de otros valores: el derecho a una vida sana y a la protección del medio ambiente, por citar sólo dos. Francia, por ejemplo, quiere una “excepción cultural”· en los acuerdos comerciales que le permita seguir apoyando sus películas, de las que se beneficia el mundo entero. Ese y otros valores más amplios no deben ser negociables.

De hecho, resulta irónico que los beneficios sociales de semejantes subvenciones sean enormes, mientras que los costos son insignificantes. ¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa una grave amenaza para un gran éxito veraniego de Hollywood? Sin embargo, la avaricia de éste no conoce límite y los negociadores comerciales de los Estados Unidos son implacables. Y ésa es la razón precisamente por la que se deben retirar esos artículos antes de que comiencen las negociaciones. De lo contrario, se ejercerán presiones y existe el riesgo real de que en un acuerdo se sacrifiquen valores básicos en pro de los intereses comerciales.

Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico, en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al menos tanta importancia como a las de los grupos de presión empresariales, yo podría sentirme optimista, en el sentido de que el resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin embargo, la realidad es la de que tenemos un régimen de comercio dirigido, que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente.

La probabilidad de que lo que resulte de las futuras negociaciones esté al servicio de los intereses de los americanos de a pie es poca; la perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es aún más desoladora.

http://www.project-syndicate.org/commentary/transatlantic-and-transpacific-free-trade-trouble-by-joseph-e--stiglitz/spanish

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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ADELINA GONZÁLEZ / “La corrupción nos puede devorar”

ENTREVISTA / Contralora General (encargada) de la República

Por MANUEL ISIDRO MOLINA

Foto: MIGUEL ACURERO

Con magnífica vista sobre varias zonas de Caracas, Adelina González nos recibió en su despacho de la Contraloría General de la República, dispuesta a un diálogo franco que tuvo altibajos, desde el profundo respeto a su maestro y compañero titular del cargo, Clodosvaldo Russián, fallecido el 20.06.2011 en La Habana, Cuba; hasta señalar un único nombre de la larga lista de inhabilitados por hechos de corrupción e irregularidades administrativas: Leopoldo López.

La contralora está decidida a no perder la esperanza en la lucha contra la corrupción, pese a los "comités de padrinos" que surgen cada vez que se inicia una investigación. 

-El presidente Nicolás Maduro, el lunes 24 de junio, desde el Campo de Carabobo, dijo que la corrupción amenaza la vida de la patria. ¿Han discutido, usted y su equipo, algún reenvío de la labor de la Contraloría en articulación con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo?

-Nosotros siempre hemos actuado en apoyo a la Fiscalía; nos piden apoyo de expertos porque valoran el trabajo que hacen los funcionarios de Contraloría. Los mismos fiscales pueden dar fe de eso.

-¿Dónde falla la cadena? En el ámbito financiero público el enriquecimiento ilícito es de antología…

-Esos son delitos vinculados a la corrupción, que deben ser perseguidos. La corrupción es un delito de astucia. Esos presuntos corruptos no informan en sus declaraciones juradas, las operaciones ilícitas que hicieron. Son operaciones financieras nacionales e internacionales; hay un problema de complicidad colectiva en el sistema bancario y el sistema empresarial.

-Se conoce que son familiares de altos funcionarios, amigos. ¿Por qué no desarticulan esas bandas delictivas?

-Esas bandas delictivas tienen que trabajarse con inteligencia policial, ¡po-li-cial! Hay una unidad de inteligencia financiera, que está en la Superintendencia de Bancos y tiene gente muy calificada, muy preparada para perseguirlos. Hay una unidad especializada en la Fiscalía. Los que menos acceso tenemos a esa información financiera nacional e internacional, somos los de la Contraloría. En todo lo que pueda corresponder a la Contraloría, tenemos la mejor disposición.

-¿Qué está fallando? Algo debe estar pasando, porque hay familias enteras delinquiendo en Venezuela.

-Esos funcionarios no tienen los bienes a su nombre, los familiares que ostentan esas riquezas son generalmente mayores de edad y no están incluidos en su declaración. Es decir, hay una limitación de tipo legal, porque la información que se maneja a través del sistema económico financiero no es accesible a los órganos del Estado. Yo no puedo obtener directamente la información del sistema bancario; igual ocurre con el sistema de identificación, no tenemos acceso; y más engorroso es con el sistema de notarías y registros. No hay una base informática.

-Aquí están digitalizadas todas las bibliotecas, pero los registros y notarías no se digitalizan…

-Hay que ir hacia allá, y que la Contraloría tenga acceso a la información de las cuentas bancarias. Venezuela suscribió la Convención Mundial contra la Corrupción, además de la Convención Americana  contra la Corrupción, y está levantado el secreto bancario.

-¿Desde ese punto de vista, Venezuela es una especie de paraíso fiscal?

-Pudiera decirse, porque la información que está a nivel de la banca y a nivel de los registros mercantiles e inmobiliarios es casi inaccesible. Esa es una herramienta que hay que abordar y poner en movimiento al Estado, a través de un decreto presidencial. Sería un nuevo instrumento en la lucha contra la corrupción. Hay que trabajarlo.

-¿Qué planteamiento le haría al Presidente de la República y a la Fiscal General, en materia de enriquecimiento ilícito?

-No creo que deba hacerle recomendaciones a ninguno de los dos, porque ambos tienen muy bien definida su visión y el rol que a cada uno le corresponde desempeñar.

-¿Lo desempeñan?

-Sí, creo que sí, porque yo estoy en un órgano del Estado que le corresponde perseguir la corrupción desde el punto de vista administrativo. La gente cree, y es un mal que se le ha hecho a la lucha contra la corrupción, que una declaratoria de responsabilidad administrativa no es una sanción; la gente quiere es ver presos, entiende que la única sanción es la penal, y no es verdad. Nosotros tenemos una sanción de tipo moral, todos los órganos de control fiscal tienen esa potestad.

-¿Por qué ante la declaratoria de responsabilidad administrativa y ante la inhabilitación, la sinvergüenzura es generalizada?

-Así es. Hay una complicidad perversa manipulada mediáticamente, porque se hizo ver que estos cambios que se dieron en la ley obedecían a “persecuciones políticas”. Hicieron ver que la inhabilitación impuesta por la Contraloría es una persecución política, y eso es falso. Es una declaración accesoria a la declaratoria de responsabilidad, que concluye prácticamente después de treinta y seis meses de trabajo técnico. La sanción es moral, y en este país no tendremos una real lucha contra la corrupción, si no entendemos que una persona así sancionada debería quedar vetada para volver a ser funcionario público.

-Dicen que si eres opositor, estás indefenso ante estos procedimientos…

-Falso.

-¿Por qué?

-Falso, porque la ley trae un procedimiento especialísimo, y somos estrictos en el respeto al procedimiento. El señor que hizo la campaña de que le habían violado todos sus derechos humanos, que él era una víctima por las donaciones que recibió de Pdvsa: El problema no es que las donaciones de Pdvsa son ilegales, el problema es que él era funcionario de Pdvsa y su mamá, quien le otorgó la donación, era funcionaria de Pdvsa.

-¿Está hablando de Leopoldo López?

-Sí, el caso específico ese. El otro caso tiene que ver con su gestión en la Alcaldía de Chacao, donde declara una insuficiencia con un subterfugio jurídico para utilizar los fondos en otra cosa. Y así cantidad de personas, que usted entra a la página web de la Contraloría, busca el informe y están los elementos que dieron por conclusión una sanción. No es persecución política.

-¿Se les da oportunidad de defensa?

-¡A todos!

-¿Oportunidad de rebatir?

-Este procedimiento es tan novedoso, el de la Ley de Contraloría, que te garantiza derecho a la defensa, al debido proceso, a promover todos los medios probatorios para desvirtuar los hallazgos de la auditoría, tiene una audiencia oral y pública. Eso no existía antes. Y el procedimiento es exactamente igual para todos.

-¿Y por qué no concluyen casos donde se ven involucrados personeros del oficialismo o del chavismo? Pareciera que no solo tienen derecho a la defensa sino “derecho a la gaveta”…

-Ja, ja… No, no, no… Esa es una especulación. Es lento el procedimiento en la Contraloría, y cuando son investigados los casos, se presentan. De verdad, yo les pido entren en la página web. Yo no voy a referir casos en particular, entren a la página web, vean los hallazgos, se dicen las irregularidades y quienes ejercían los cargos respectivos para el momento. Se sancionan. Tal vez, no al ritmo que quisieran, pero se sancionan. La gente piensa que hay impunidad, y eso ha hecho muchísimo daño a la democracia, al proceso y a las instituciones. Ha hecho daño, la impunidad.

-El ministro Jorge Giordani y la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmee Betancourt han sugerido el desvío de unos 30 mil millones de dólares anuales, vía Cadivi y Sitme. ¿Ustedes han estimado la cuantía o el porcentaje del impacto de la corrupción sobre el presupuesto público?

-No. Sería una especulación porque el presupuesto se formula para atender unas necesidades durante un ejercicio fiscal, y nadie lo podría hacer, establecer una cifra. Sería una especulación. Cuantificar el impacto que podría tener la corrupción en un presupuesto, sería especulativo.

-¿No tienen idea de la masa dineraria involucrada en los casos de corrupción?

-Es que no auditamos todo el presupuesto. Auditamos puntualmente determinadas actividades o entes públicos. Para tener esa referencia, tendría que tomar el treinta por ciento del presupuesto, por lo menos, que desde el punto de vista de auditoría es una muestra representativa. Pero eso requiere una magnitud de trabajo auditor, imposible.

-¿No lo han hecho?

-No lo hemos hecho, y no creo que lo haya hecho ningún órgano de control a nivel mundial. Se puede saber cuánto es el movimiento financiero, cuánto crece la economía; pero saber cuánto es la corrupción, no. Porque eso son las cifras negras.

-¿Y no pueden innovar?

-Sí, es posible. Y, a lo mejor, para allá van las cooperaciones internacionales, esos instrumentos que se suscriben, y nosotros deberíamos abordar, como Estado, una estrategia distinta. ¿Cuándo vamos a pedir la repatriación de los capitales que se han llevado los corruptos?

-Si no tienen persecución penal en Venezuela, ¿cómo va a haber un reclamo internacional sobre lavado de dinero?

-En el caso de los bancos, la quiebra de los bancos, hubo persecución penal, y sacaron el dinero, hubo operaciones en mesas de dinero y transacciones electrónicas, el dinero está en el exterior, pero nosotros no hemos pedido la repatriación de esos capitales.

-¿O sea, que la corrupción tiene una pata en el país y otra en el exterior?

-Es así.

-¿Desde el punto de vista financiero?

-Desde el punto de vista financiero, sí; pero, bueno, ese es el capitalismo. Parte del capitalismo son operaciones especulativas. Tienen un supuesto discurso contra la corrupción, pero los corruptos tienen sus recursos en su país. Se lo dije a un fiscal anticorrupción que estuvo en la OEA explicando cómo hacía Estados Unidos la persecución: Es que aquí en su país, está un individuo que estafó en mi país, se trajo ese dinero a su país, lo tiene acá en Estados Unidos, compró una empresa televisiva, está operando libremente y está protegido por el estado norteamericano; y el fiscal me respondió que él no podía hablar de esos casos, ni siquiera con su familia.

-Y al revés, ¿quienes a nombre del “socialismo” se han enriquecido grotescamente?

-Esos son delitos de lesa patria. Creo que con el llamado dramático del presidente Maduro, ayer (24 de junio), que realmente me conmovió porque nosotros (en la CGR) hemos luchado contra eso, si no luchamos contra eso, nos va a devorar. La gente siente que se perdió la esperanza. La gran misión que debemos abordar es la “misión conciencia”, para rescatar los valores. Requerimos un despertar, hay que estremecer a la gente.

-¿Demasiada inmoralidad esparcida?

-Demasiado tiempo dejando ver y dejando pasar las cosas. Y cuando uno inicia una actividad (investigativa), en seguida surge un “comité de padrinos” para abogar por los investigados. Nosotros nunca hemos sido simpáticos en la Contraloría, y Clodosvaldo siempre decía: “No vamos a ganar jamás un premio de simpatía”. Debemos reivindicar una cantidad de trabajos que se han hecho, han sido descalificados, muchas veces, por los propios funcionarios del Estado. Ignorarlos es una forma de complicidad con la corrupción.

-¿Se puede pensar que un hombre como Clodosvaldo Russián y usted misma, han “arado en el mar”?

-No. Siento que no hemos arado en el mar. Este despertar, esta lucha contra la corrupción ya no es un discurso, y el pueblo está dispuesto a hacer justicia, en el sentido de que no va a dejar pasar a los corruptos.

-¿Caiga quien caiga?

-No los va a dejar pasar, caiga quien caiga. Este pueblo está convencido. Yo creo en eso. Siento que este trabajo que hemos hecho durante trece años en la Contraloría, va dando sus frutos. Podemos mostrarlo al país. Podemos ver a la cara a cualquiera de los sancionados por la Contraloría, porque no le hemos inventado nada. Lo peor que nos puede pasar es que nos venza la desesperanza, y ahí si no vamos a ceder. No nos va a vencer la desesperanza.

-Hay un término en la jerga de la corrupción que es “maquillar”… ¿Cómo lo confrontan?

-Pues sí, se descubre. No hay crimen perfecto y, como decía el periodista José Campos Suárez, “el crimen no paga”.  Pueden montar una apariencia de legalidad, pero cuando haces un cruce de la información se les cae. Los primeros funcionarios sancionados con la nueva Ley de la Contraloría General de la República, inhabilitados por quince años, fueron cinco funcionarios de este organismo.

-¿No fueron objeto de persecución penal?

-No. Se sancionaron administrativamente porque montaban facturas desde una misma computadora, las empresas no suministraron esos bienes.

-¿Eso no es delincuencia organizada o asociación para delinquir?

-Pudiera ser, pero por los montos de las adquisiciones, eran realmente pequeños. Se declararon responsables, se destituyeron y se inhabilitaron.    

-¿Por qué persiste la idea de que la Contraloría no investiga, no castiga y prácticamente se hace cómplice de la corrupción? 

-Antes no estaba circunscrito al Ministerio Público el privilegio de la acción penal, y se podía acudir a los tribunales de Salvaguarda del Patrimonio Público. Nosotros hacemos nuestras investigaciones administrativas, y la Fiscalía tiene la potestad de valorar. Los informes de la Contraloría sobre enriquecimiento ilícito hacen plena prueba, pero el fiscal, si no está convencido de nuestro informe, puede solicitar cualquier prueba adicional, y es válido presentar o no la acusación.

“Creo en el poder popular”

-¿Siente alguna debilidad por ser “encargada” de la Contraloría General?

-No, no la siento. Era subcontralora y la ley ordenó asumir la vacante absoluta del titular, hasta tanto la Asamblea Nacional designe un nuevo Contralor; y actúo con toda la legitimidad que me da la investidura, y lo prevé la Constitución.

-¿Desea  ser considerada en la lista de aspirantes a Contralor General titular en la Asamblea Nacional?

-No creo.

-¿No cree o no quiere?

-(Risas) No está planteado, porque ya son cuarenta y dos años en la administración pública, y creo en la renovación. No pienso enchinchorrarme, porque puedo ser útil en otro sitio, en los consejos comunales, creo en el poder popular. Hemos preparado más de treinta mil ciudadanos como contralores sociales.

PERFIL

·         NACIMIENTO: San Fernando de Apure, “23 de abril”     

·         Abogada (UCV-1982). Postgrados: Gerencia de Recursos Humanos (U. Simón Bolívar), Máster en Gerencia Pública (U. Latinoamericana y del Caribe – U. Nacional de Educación a Distancia de España, UNED), egresada del III Curso sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto Público (Instituto de Estudios Fiscales de España).

·         Contralora General (encargada) de la República, desde el fallecimiento del titular Clodosvaldo Russián, junio de 2011

·         Miembro del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)

·         Presidenta del Consejo Moral Republicano (2013)