La triste realidad de empobrecimiento sostenido que sufre el pueblo venezolano, no solo es inocultable sino creciente e insostenible. La racha alcista del «dólar BCV» es uno de los indicadores diarios que golpea estómagos y expectativas de trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados en todo el territorio nacional, sin importar que vivan en zonas urbanas o rurales, ni si se desenvuelven en la economía formal o en la informal, sean del sector público, del privado o «por cuenta propia».
Para el próximo lunes 25 de agosto, la tasa de cambio fue fijada por el Banco Central de Venezuela en 141,8843 bolívares por dólar, al cierre de una semana de aceleración alcista para las divisas, entre ellas el dólar estadounidense y el euro, que se cotizará en 166,2784 bolívares. Este impacto devaluacionista tiene efectos inmediatos en contra de la capacidad adquisitiva de la población, salvo en aquellos sectores ultraminoritarios pudientes, sean millonarios o pudrimillonarios.
* El salario mínimo mensual -congelado por Maduro y el PSUV desde el 15 de marzo de 2022, en 130 bolívares- equivaldrá el lunes 25 de los corrientes, a la insultante cifra de 91 céntimos ('centavos') de dólar (US$ 0,91), el más bajo del mundo y el peor de America Latina y el Caribe.
* La pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparejada con el salario mínimo, también se hunde a 91 céntimos de dólar mensuales, la más baja del mundo y la peor de America Latina y el Caribe.
Esta vergüenza histórica que liquida todas las conquistas sociolaborales del pueblo venezolano desde 1936, luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, pretende ser ocultada por Maduro y sus sucesivos ministros del Trabajo y de Finanzas, con un bono adicional equivalente a 50 (cincuenta) dólares mensuales, que suma junto con la pensión IVSS, 50,91 dólares, que divididos entre 30 días da una asignación pensional diaria de apenas US$1,69, inimaginable para un país petrolero, pero lamentablemente saqueado por corruptos civiles y militares con sus asquerosas redes de testaferros 'privados'; y bloqueado financiera y comercialmente para los entes del Estado, desde 2019 por la primera administración Trump, asociada a las pretensiones políticas y también corruptas de Juan Guaidó y su llamado 'gobierno interino', que se quedó en el camino con más penas que glorias y sin cuentas claras (mejor dicho: con cuentas muy oscuras).
* Esa política de «bonificación del salario» constituye una traición a los trabajadores activos, jubilados y pensionados. Concertada en secreto, a espaldas del pueblo, con los empleadores privados nacionales y extranjeros, minimiza el impacto del salario en los beneficios -conquistas históricas e irrenunciables- asociados, debido a que la engañifa de los 'bonos' no es imputable al cálculo del pago justo y merecido de horas extras y fines de semana trabajados, vacaciones, aguinaldos, alicuotas de cajas de ahorro, prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones. ¡Estafa gigantesca!
* Todo ello constituye una flagrante violación de la Constitución de la República. Y no solo su artículo 91, que establece: «Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica...» (Negrillas MIM)
* El empobrecimiento general de la población esta asociado a los impactos simultáneos de esa traición salarial a los trabajadores, la devaluación del bolívar, el creciente costo de la vida (inflación) y la especulación desmedida y tolerada con las divisas y los precios de bienes y servicios, incluidos alimentos y medicamentos.
* El desastre social de empobrecimiento se agrava por las pésimas condiciones del Sistema Público de Salud, severamente deteriorado por el robo de los recursos financieros asignados y el saqueo de medicinas, material asistencial y equipos de diversos tipos. Simultáneamente, se registra un proceso de '
* Se registra un proceso de privatización delictiva de los servicios publicos de salud, que victimiza a los pobres y la clase media.
Ganancias en pocas manos
Mientras el pueblo se empobrece, hay círculos asociados a prácticas delictivas que lucran ostentosamente, desde áreas del narcotráfico y otras bandas criminales hasta los delincuentes de la corrupción, tanto en función pública -civiles y militares- como en el sector privado saqueador de los recursos públicos: los testaferros y comisionistas que articulan a la sombra del tráfico de influencias.
La tendencia neoliberal impuesta en la economía y vida venezolana en general, también tiene un área financiera privilegiada: la banca publica y privada, cuyas ganancias contrastan con la pobreza social reinante. Según reporte del medio digital Banca y Negocios: «La utilidad neta acumulada hasta el mes de julio de la banca venezolana fue de 78.922,29 millones de bolívares, una cifra equivalente a 959,53 millones de dólares, con crecimientos interanuales de 733,1% en moneda local y de 268% en términos reales, datos que refuerzan la tendencia alcista de la rentabilidad del sistema en lo que va de año.
«Este resultado indica que las ganancias bancarias han superado con holgura el ajuste cambiario progresivo que lleva adelante la autoridad monetaria.»
Es decir, el bolívar se devalúa, la población se empobrece y el costo de vida aumenta, pero la banca incrementa sus ganancias.
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