Manuel Isidro Molina
El congelamiento del salario mínimo nacional en 130 bolívares mensuales ($3,5), ratifica la naturaleza neoliberal y explotadora del gobierno del presidente anti-obrero Nicolás Maduro, el PSUV y sus codiciosos testaferros, realmente insaciables: todo para ellos y los capitalistas nacionales y extranjeros, mientras las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados reciben migajas y sobreviven en las peores condiciones laborales, de vida, salud y recreación bajo restricciones políticas por la represión y judicialización criminal de sus lucha.
La política de "bonificación del salario" ratificada por Maduro el 1ro. de Mayo pasado, no sorprendió a nadie: todo indicaba que el pacto del Gobierno con los sectores empresariales y las diversas corrientes neoliberales "oficialistas" y "opositoras" es un hecho irrefutable que impone, de hecho, la extinción del salario mínimo en Venezuela, contrariando lo previsto en el artículo 91 de la Constitución y las leyes laborales, que han convertido en letra muerta.
El presidente anti-obrero ha conducido una política de desregulación definitiva del trabajo en un país que se distinguió por la ascendente conquista de derechos laborales desde 1936 hasta 2012, cuando en diciembre de ese año comenzó la era Maduro: se aceleró el robo de los recursos público, la piratería, el desorden institucional y el abuso de poder instaurados a partir de 1999 por el gobierno de Hugo Chávez. Ya habían fracturado el Sistema Nacional de Contraloría y la Hacienda Pública fue objeto de un manejo de tono neo-gomecista.
El derrumbe económico fue acelerado por la irracional confrontación política y los persistentes intentos de derrocamiento violento de Maduro, por parte de una oposición que hoy ha logrado captar y manipular a una mayoría nacional para lograr su objetivo en la elección presidencial del próximo 28 de julio. El eje MUD/Trump marcó en 2017 el inicio de lo que terminó siendo el "bloqueo criminal Trump/Guaidó", articulado con la extrema derecha venezolana, latinoamericana y europea, con gran carga macartista y de aventurerismo político.
La caída del 80% del producto interno bruto (PIB), muestra la "obra" de ambos bandos de la destrucción nacional. Y además evidencia el sufrimiento social y laboral en nuestro país, con sus expresiones más extremas: 1. Empobrecimiento general de la población, precarización de la salud, hambre, desnutrición y muertes prematuras en todos los grupos etarios; y 2. Éxodo al exterior de más de 7,7 millones de compatriotas, con su efecto terrible de desestructuración familiar en todo el territorio nacional.
La política salarial de Maduro, el PSUV y sus nauseabundos testaferros saqueadores -aplaudida desde el silencio cómplice por las corrientes neoliberales "oficialistas" y "opositoras"-, esconde un crimen atroz: autoriza a empleadores públicos y privados a robarle a sus trabajadoras y trabajadores el pago justo de horas extras, feriados y fines de semana trabajados, vacaciones, utilidades y bonificaciones de fin de año, prestaciones sociales, liquidaciones y su efecto en jubilaciones y pensiones. ¡El robo del siglo!
Por eso es que decimos junto a los trabajadores en lucha: ¡Bono no es salario!
En Venezuela, hoy, rige un capitalismo salvaje, delictivo, en contra de las fuerzas laborales, cuyo efecto principal es el empobrecimiento de la población en general y la familia, ya desestructurada.
Los saqueadores del erario y las corrientes neoliberales en pacto explotador, son criminales, sin exageración.
manuelisidro21@gmail.com
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