MPA se deslinda de la alianza con PPT y PCV

 

"No vamos a participar en un esfuerzo colectivo con una política asociada a la exaltación del culto a la personalidad del finado Hugo Chávez, como forma de superación del actual desastre nacional"

El Movimiento Popular Alternativo de Venezuela (MPA) informa a la opinión pública, sus militantes y amigos que luego de varias semanas de discusiones con los participantes en la constitución de la “Alternativa Popular Revolucionaria” (APR) que lideran el partido Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que “en consulta nacional colectiva hemos decidió deslindarnos de esa alianza por motivos de naturaleza política y conceptual”.

La declaración -suscrita por Manuel Isidro Molina y Marcos Fuenmayor en representación del MPA- establece que “lamentablemente, el curso de los intercambios realizado evidenció explícitamente contradicciones de fondo incompatibles con los postulados y objetivos estratégicos, éticos y políticos que promovemos para impulsar un proceso de reconstrucción moral e institucional de la República”.

-Nuestros objetivos fueron establecidos en noviembre de 2016, durante el Primer Encuentro Nacional del Movimiento Popular Alternativo en la ciudad de Mérida, y desarrollados coherentemente hasta hoy, en procura de “unir esfuerzos encomiables para superar las miserias del bipartidismo del siglo XXI y comenzar -desde ya- el largo proceso de reconstrucción moral de la República, que garantice los derechos soberanos de nuestro pueblo”.

-En 2020, establecimos que “nada más importante hoy, que llamar a la rebelión cívica y democrática contra los corruptos e irresponsables que desde la politiquería y los negocios sucios han arruinado a Venezuela; y así unirnos con la mayoría de nuestro pueblo que acusa y rechaza abiertamente a los factores del ‘cepo de la destrucción nacional’ que tanto hemos denunciado”.

Molina y Fuenmayor resaltaron que “esa búsqueda no está exenta de riesgos y dificultades, por las complicadas condiciones de la vida venezolana actual y el lamentable estado de la política, cuyas inconsecuencias e inconsistencias han provocado la tragedia histórica que sufrimos, como bien lo dijimos en marzo de 2018. Por tal motivo, hemos estado motivando el encuentro con diversos sectores de la vida venezolana provenientes de la inmensa inconformidad social y política nacional, visto el rotundo fracaso del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el PSUV, y las andanzas de una ‘oposición’ irresponsable, golpista y entregada a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

Sin embargo –explicaron- su decisión de participar en el proceso electoral parlamentario 2020, no es simplemente electoralista o por aspiraciones individuales y personalistas, como lo establecieron públicamente, el XX de julio pasado:  "No participaremos electoralmente junto a factores gubernamentales conocidos o enmascarados; tampoco acompañaremos a quienes pretenden tapar sus tropelías con ofertas engañosas de cambio desde agrupaciones politiqueras dirigidas por saltimbanquis y pudrimillonarios del chavismo y el antichavismo con sus estelas de testaferros de gestiones nacionales, regionales y municipales fracasadas durante las últimas cinco décadas".

-Nuestra vocación democrática y auténticamente participativa en defensa de Venezuela, sus intereses estratégicos y los derechos del pueblo, trabajadoras y trabajadores –expresaron Manuel Isidro Molina y Marcos Fuenmayor-, impone el deslinde con los factores de poder corresponsables de lo que nos ocurre; y, por tanto, no es posible aceptar o coincidir con visiones asociadas al abuso de poder reinante, al autocratismo impuesto a partir de 1999 o al soslayamiento de la responsabilidad histórica y penal de quienes han saqueado a la nación y se han enriquecido con los recursos del pueblo venezolano.

-Menos íbamos a participar en un esfuerzo colectivo con una política asociada a la exaltación del culto a la personalidad del finado Hugo Chávez, como forma de superación del actual desastre nacional, enfatizaron.

Finalmente, los dirigentes del Movimiento Popular Alternativo (MPA) expresaron su saludo y agradecimiento a todos los factores políticos y sociales con los que interactuaron en las discusiones hasta la reunión del pasado viernes 07 de agosto, en la cual comunicaron la decisión de apartarse de las deliberaciones y compromisos políticos de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

APUCV rechaza medidas gubernamentales contrarias a derechos consagrados e irrenunciables de los docentes universitarios

COMUNICADO DE LA APUCV 

07.08.2020 

Los lineamientos de la OPSU recibidos por la UCV los días 14 y 15 de julio, ratificados el 29 y 30 del mismo mes, plantean unilateralmente, por instrucciones del ministro para la Educación Universitaria, César Trompiz, eliminar en algunos casos y ajustar en otros, las primas de cargo, responsabilidad, jerárquicas y de confianza asociadas a la gestión directiva en las universidades. Estos lineamientos generan como resultado: una disminución de las remuneraciones del personal activo y jubilado que ejerce o ejercía tales responsabilidades en la institución. Esta arbitraria decisión es sorpresiva pero no es novedosa.

Es sorpresiva, porque se trata de beneficios con incidencia salarial que venía cancelando el Estado en forma recurrente y en consecuencia, cualquier variación suponía, en principio, consultar a las instituciones de educación universitaria y las organizaciones de trabajadores y en segundo lugar, porque todo cambio en relación de beneficios laborales sólo podría hacerse para favorecer al trabajador.

No es novedosa, porque el gobierno de facto acumula un largo historial de atropellos contra los derechos laborales de los universitarios. Por razones de espacio mencionaremos sólo cuatro de ellos:

1. El desconocimiento de las Normas de Homologación desde el año 2004 a través de decretos unilaterales de aumento salarial y por medio de la imposición de tablas salariales en las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), que solo han traído pobreza y ruina a los universitarios.

2. El acuerdo firmado con diversas organizaciones de trabajadores en abril de 2018, en el cual se establecía en 4,75 salarios mínimos la base del tabulador salarial de la educación universitaria, la cual fue disminuida a 1 salario mínimo con motivo de la fracasada reconversión monetaria del 2018, provocando una reducción significativa de los sueldos de los universitarios.

3. Los intentos de reducir la pensión del personal jubilado y el robo de las prestaciones sociales, causado a través de la reconversión monetaria y la pretensión de negar sistemáticamente beneficios del personal activo.

4. Más recientemente, el pago fraccionado del bono vacacional 2020, desconociendo lo planteado en diversas Actas Convenio y en la cláusula 20 de la propia III CCU, la cual plantea que este pago debe hacerse completo en los primeros quince días del mes de Julio.

Durante años y especialmente en tiempos de pandemia, la arbitrariedad del gobierno de facto no se detiene, al contrario, se acelera. La medida de reducir las remuneraciones de los universitarios que ocupan cargos de gestión universitaria en sus diferentes tipos, no cuenta con sustento jurídico alguno. Es una medida regresiva que desmejora las condiciones laborales del personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado que percibe o podría percibir tales beneficios. Este atropello del régimen viola principios generales de la protección del trabajo de aceptación universal, específicamente la regla de la condición más beneficiosa, la cual establece que una nueva norma no debe suponer, en ningún caso, desmejora de condiciones laborales preexistentes.

Atropella disposiciones constitucionales en materia de protección del trabajo, establecidas en los artículos 89 y 91 de la constitución nacional.

Desconoce que las relaciones laborales de los profesores universitarios son reguladas por las Normas de Homologación, las Actas Convenio y las Convenciones Colectivas Únicas, lo que conduce a que el instrumento jurídico que debe prevalecer en cada materia es aquel que mayores beneficios genere al trabajador y no el que la dictadura pretenda imponer.

Aunque la calidad de vida de los universitarios y la destrucción de las instituciones de educación universitaria se impulsa desconociendo el orden jurídico nacional e internacional que regula su funcionamiento y el trabajo que en ellas se realiza, este no es un problema jurídico exclusivamente, es, esencialmente, un asunto político vinculado a la pretensión de silenciar la voz crítica y la movilización de las universidades.

Debemos activar a la universidad para lograr salarios dignos y defender derechos laborales preestablecidos para el personal activo y jubilado, aún en medio de las dificultades que impone la coyuntura actual. Los ajustes sobre asuntos polémicos debemos realizarlos en el marco de la autonomía, con la participación de todos los actores y en las instancias correspondientes.

Ninguna lucha por derechos laborales se edifica sobre el perjuicio de otros, por eso lo pertinente es sumar esfuerzos y luchar por la dignificación de la carrera docente, como lo ha planteado la FAPUV a través del documento "Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios".

Abordaremos, en próximas publicaciones, otras inequidades salariales que afectan al profesorado en general y a los pensionados en particular.

Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV.