domingo, 17 de noviembre de 2019

IPS / América Latina renueva atropellos políticos tras democratización

Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, reunida con la cúpula militar y policial tras asumir como mandataria interina de Bolivia. Derechista, ultracatólica y despreciativa con la diversidad étnica del país, asegura que convocará pronto a elecciones, pero sin establecer fecha, al contrario del Tribunal Constitucional, que avala la legalidad de su mandato interino pero acota que en 90 días máximo deberán producirse los comicios. Crédito: Senado de Bolivia




Análisis de Mario Osava (IPS)
Es un dato que revelaría el deterioro de la democracia en la región, pero que puede también servir de argumento a favor del régimen parlamentario de gobierno, en que la sustitución del gobernante se hace sin el trauma que provoca en el presidencialismo, dominante en la región.
Pero además de los derrocados, América Latina, especialmente América del Sur, registra actualmente una gran cantidad de presidentes amenazados en el poder.
Insatisfacciones generalizadas, sea por desempleo, desigualdad, corrupción, servicios públicos deficientes y caros, estallan por razones variadas. Pero la espoleta más presente ha sido el aumento del costo del transporte.
El chileno Sebastián Piñera heredó la promesa de una postergada reforma de la Constitución nacional y medidas sociales, como aumento de pensiones y otros beneficios, sin contener las protestas desatadas por el alza de precio del pasaje de metro en Santiago, el 18 de octubre.
La violenta represión provocó más de 20 muertos, cerca de 2 500 heridos y 3 000 detenidos, pero las manifestaciones se intensificaron y ampliaron los reclamos, incluyendo una Asamblea Constituyente, para superar el ordenamiento heredado de la dictadura militar que tuvo vigencia de 1973 a 1990.
Poco antes fue el gobierno de Ecuador que en octubre, acorralado por protestas masivas, tuvo que anular un brutal aumento de los precios de combustibles, de más de cien por ciento, con que se intentó eliminar subsidios para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
En Perú las movilizaciones callejeras rechazaban la corrupción que involucró todos los expresidentes vivos. Sobornos de la constructora brasileña Odebrecht envenenó toda la política peruana.
El actual presidente, Martín Vizcarra, decidió, asido en un resquicio legal,  llamar a elecciones legislativas en un intento de zanjar la crisis de gobernabilidad y para eso disolvió el unicameral Congreso, en una medida que recuerda dictaduras del pasado.
Venezuela es una excepción. El gobierno bolivariano perdura desde hace dos décadas, pese a haber destruido la economía y provocado el éxodo de casi cinco millones de personas tan solo los últimos seis años, haber perdido a su fundador, Hugo Chávez, muerto de cáncer en 2013, sucederlo Nicolás Maduro, y haber violado sus propias reglas para ganar elecciones también sospechosas de fraude.
Además, Chávez  sobrevivió a un intento de golpe militar que lo sacó dos días del poder en abril de 2002, y Maduro ha enfrentado grandes manifestaciones, saldadas con decenas de muertos, y el hecho inédito de que desde enero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó,  se autoproclamó presidente encargado y fue reconocido por más de 50 gobiernos, que consideran ilegal los comicios de 2018 en que se reeligió a Maduro.
Esas turbulencias políticas tienen como sustrato que América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo. Coincide también con la mayor concentración de catolicismo y de un vertiginoso incremento de iglesias evangélicas, pero es difícil establecer relaciones de causa y efecto con la religión.
De todas maneras es visible el vínculo de las fuerzas de extrema derecha, que ascendieron al poder en Brasil y son protagonistas en la rebelión boliviana, con el fundamentalismo religioso.
En Brasil el presidente Jair Bolsonaro adoptó la consigna “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos” y se alió estrechamente con evangélicos radicalmente conservadores.
En Bolivia, el principal líder de la sublevación popular, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, y la presidenta interina, Jeanine Añez, son católicos fervorosos y usan la Biblia como arma, mientras han tenido duras expresiones contra la población indígena y sus religiosidades  ancestrales, en un país de gran diversidad étnica.
Edición: Estrella Gutiérrez
Es un dato que revelaría el deterioro de la democracia en la región, pero que puede también servir de argumento a favor del régimen parlamentario de gobierno, en que la sustitución del gobernante se hace sin el trauma que provoca en el presidencialismo, dominante en la región.
Pero además de los derrocados, América Latina, especialmente América del Sur, registra actualmente una gran cantidad de presidentes amenazados en el poder.
Insatisfacciones generalizadas, sea por desempleo, desigualdad, corrupción, servicios públicos deficientes y caros, estallan por razones variadas. Pero la espoleta más presente ha sido el aumento del costo del transporte.
El chileno Sebastián Piñera heredó la promesa de una postergada reforma de la Constitución nacional y medidas sociales, como aumento de pensiones y otros beneficios, sin contener las protestas desatadas por el alza de precio del pasaje de metro en Santiago, el 18 de octubre.
La violenta represión provocó más de 20 muertos, cerca de 2 500 heridos y 3 000 detenidos, pero las manifestaciones se intensificaron y ampliaron los reclamos, incluyendo una Asamblea Constituyente, para superar el ordenamiento heredado de la dictadura militar que tuvo vigencia de 1973 a 1990.
Poco antes fue el gobierno de Ecuador que en octubre, acorralado por protestas masivas, tuvo que anular un brutal aumento de los precios de combustibles, de más de cien por ciento, con que se intentó eliminar subsidios para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
En Perú las movilizaciones callejeras rechazaban la corrupción que involucró todos los expresidentes vivos. Sobornos de la constructora brasileña Odebrecht envenenó toda la política peruana.
El actual presidente, Martín Vizcarra, decidió, asido en un resquicio legal,  llamar a elecciones legislativas en un intento de zanjar la crisis de gobernabilidad y para eso disolvió el unicameral Congreso, en una medida que recuerda dictaduras del pasado.
Venezuela es una excepción. El gobierno bolivariano perdura desde hace dos décadas, pese a haber destruido la economía y provocado el éxodo de casi cinco millones de personas tan solo los últimos seis años, haber perdido a su fundador, Hugo Chávez, muerto de cáncer en 2013, sucederlo Nicolás Maduro, y haber violado sus propias reglas para ganar elecciones también sospechosas de fraude.
Además, Chávez  sobrevivió a un intento de golpe militar que lo sacó dos días del poder en abril de 2002, y Maduro ha enfrentado grandes manifestaciones, saldadas con decenas de muertos, y el hecho inédito de que desde enero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó,  se autoproclamó presidente encargado y fue reconocido por más de 50 gobiernos, que consideran ilegal los comicios de 2018 en que se reeligió a Maduro.
Esas turbulencias políticas tienen como sustrato que América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo. Coincide también con la mayor concentración de catolicismo y de un vertiginoso incremento de iglesias evangélicas, pero es difícil establecer relaciones de causa y efecto con la religión.
De todas maneras es visible el vínculo de las fuerzas de extrema derecha, que ascendieron al poder en Brasil y son protagonistas en la rebelión boliviana, con el fundamentalismo religioso.
En Brasil el presidente Jair Bolsonaro adoptó la consigna “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos” y se alió estrechamente con evangélicos radicalmente conservadores.
En Bolivia, el principal líder de la sublevación popular, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, y la presidenta interina, Jeanine Añez, son católicos fervorosos y usan la Biblia como arma, mientras han tenido duras expresiones contra la población indígena y sus religiosidades  ancestrales, en un país de gran diversidad étnica.

La CIDH alerta sobre el "grave decreto" que exime de responsabilidad penal a las fuerzas armadas de Bolivia

"El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad..."
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este sábado la emisión de un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
El documento publicado por la CIDH fue firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, y autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las manifestaciones.
El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece: "El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".
Mientras tanto, el artículo siguiente señala que los militares "deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos […]".
El documento, según la organización, "desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta". Además, en su pronunciamiento, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del Gobierno "que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional". Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales.
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos", escribió la Comisión en Twitter.
La denuncia llega un día después de que la organización multilateral condenara el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que transcurren en Cochabamba.
El depuesto presidente Evo Morales también se pronunció al respecto y manifestó que "los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y fuerzas armadas". Morales considera que el documento es "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
Por su parte, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, declaró que "de manera distorsionada se dice que es una licencia para matar". "Este decreto tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas", afirmó. 

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