«El “gatopardismo” no debe ser el norte en la reconstrucción de nuestro estado» 🔴 Manuel Guacarán promueve el ‹Proyecto Ambiental Vargas›

 PROYECTO AMBIENTAL VARGAS: 

Manuel Guacarán

-El “gatopardismo” no debe ser el norte en la reconstrucción de nuestro estado. Cambiar para que nada cambie, significa repetir con alevosía las mismas experiencias luego del deslave de 1999.

-El uso irracional de las tierras urbanizables en Vargas, ha hecho migrar muchas familias de zonas residenciales con estatus unifamiliar, a inmuebles de uso multifamiliares. Esta situación, aunado a la instalación ilegal de muchos comercios e industrias y depósitos y manufacturas que han secuestrado la tranquilidad de miles de familias, pudiera impulsar a que intereses particulares, adquieran esta propiedad y promueva simultáneamente el cambio de uso unifamiliar a multifamiliar, convirtiendo este ultimo elemento en un negocio altamente rentable.

-Nuestro estado Vargas, reclama ser reconstruido, respondiendo al interés general y no obedeciendo a viejos esquemas administrativos y legales, cuyos resultados nos costó miles de vidas humanas. Anunciar cambios que en el fondo no cambian nada, es aplicar la tesis “gatopardista” que está reflejado en las experiencias pos deslave de 1.999; “cambiar todo para que no cambie nada”. No se trata de restaurar el parque inmobiliario como respuesta a los devastadores terremotos del 24 de junio, el estado venezolano, por su destacada responsabilidad y competencia, debe ir más allá del maquillaje que no resuelve el problema de fondo. En ese sentido, quienes promovemos el Proyecto Ambiental Vargas, creemos, que para que exista una verdadera reconstrucción de nuestro estado, se debe partir de las disposiciones de  la Constitución Nacional, sobretodo la referida a la democracia participativa y protagónica y simultáneamente garantizar el respeto a las competencias de los organismos facultados constitucional y legalmente para actuar en materia de planificación urbanística y ambiental, de manera especial la autonomía del gobierno local. 

Debe actuarse, según nuestro criterio, con apego a los principios a las proclamas referidas a la participación, donde el ciudadano sea el verdadero protagonista de estos cambios, garantizándose la participación y el protagonismo de la sociedad civil en la elaboración de propuestas y decisiones, la cual creemos deben ir mas allá de simples restauración de infraestructuras. Estamos obligados, por ejemplo; a evitar que se impongan cambios arbitrarios e ilegales en al uso y la propiedad de la tierra donde el propio estado viola el derecho a la propiedad o realiza cambios para incrementar el valor de la tierra para beneficiar a particulares y en otros casos, invade con comercios e industrias a vastas zonas residenciales. De esa misma manera, creemos que hablar de reconstruir sin un diagnostico acompañado de estudios geológicos ni mapas de riesgos que determinen las condiciones de los espacios urbanos afectados y las condiciones en que quedaron los servicios como aguas servidas y potable, electricidad, es en el fondo no querer que las cosas cambien de verdad. 

Recomendamos hacer una minuciosa revisión de los permisos otorgados para la construcción de inmuebles multifamiliar en los últimos años y ver si cumplieron los requerimientos en materia de ingeniería civil, densidad y altura, así como las normativas en cuanto a uso, bien sea comercial, industrial o residencial y así no ratificar el caos urbanístico, estas medidas serían un elemento clave en este nuevo proceso de reconstrucción. 

Creemos necesario revisar la construcción de inmuebles construidos al margen de la Ley en la franja costera que fueron levantados ademas sobre rellenos con materiales de alto contenido vegetal arrojados por el deslave de 1.999, por cierto, creemos que muchos carecen de serios estudios en materia de impacto ambiental. 

En esta revisión debe incluirse todo el corredor costero de este a oeste.  Vemos necesario y tal vez obligatorio, como parte de una verdadera reconstrucción, la elaboración de un nuevo y actualizado catastro urbano, que permita desplazar el criterio gomecista caraqueño de los años 30, por un modelo moderno que genere, desde la actual coyuntura, nuevas ordenanzas de Zonificación y Control Urbano, Construcción, Arquitectura y Urbanismo, incorporando el obligatorio estudio sobre sismoresistencia. Que se reivindique la figura del ingeniero residente como responsable del desarrollo y contenido de la obra y la obligatoriedad de los promotores de informar, al pie de la misma, todo lo concerniente a su financiamiento, zonificación, etc. Es evidente, que la anarquía institucional que reina en nuestro estado, ha permitido que cualquier funcionario de alta jerarquía y en otros casos muchos particulares, construyan a su manera, antojo y donde le venga en ganas, violentando las normativas vigentes en materia de construcción, urbanismo y uso de la tierra. Mejor muestra de esta anarquía, son las edificaciones de la Misión Vivienda, Los inmuebles en la cinta costera que bloquea el paisaje marino, los gimnasios verticales y las edificadas en los terrenos ganados al mar. Estamos proponiendo que se retome la constitución nacional y la legalidad en materia urbanística, para que avancemos en una reconstrucción real y verdadera y no cambios “gatopardianos”  como nos tienen acostumbrados. En ese sentido demandamos:

1.- Participación activa y protagónica de los distintos sectores de la sociedad civil en los estudios, propuestas y decisiones sobre la reconstrucción.

2.- Participación de los condominios afectados y el respeto a la propiedad, habilitando como complemento, la realización de cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos cuando se requiera.

3- Elaboración de un nuevo y moderno catastro con principios actualizados de registro y participación.

4.- Congelar el otorgamiento de nuevos proyectos urbanísticos, hasta tanto no exista un verdadero norte en materia de planes y control urbano.

5.- Garantías y respeto pleno de la Autonomía Municipal, de manera que cese la usurpación de funciones en materia de servicios y permisología por parte de entes públicos distinto a la alcaldía.

6.- Respeto a las Ordenanzas locales, las leyes del ambiente, la ley de Ordenación Urbanística, Ley de costas y de espacios acuáticos y Ley del Poder público Municipal, entre otras.

7.- Revisión de las actuales y elaboración de nuevas Ordenanzas, entre estas: 

A.- Zonificación Urbana que incluya el mapa de riesgo y áreas sísmicas. 

B.- Ordenanza y elaboración de un nuevo catastro municipal. 

C.- Ordenanza de Construcción, Arquitectura y Urbanísimo, que incluya el mapa de riesgos y publicación de las caracteriza de construcción, ambos de carácter obligatorio con informaciones de interés ciudadano. 

D.- Creación de una Ordenanza Sobre Control Ambiental y de edificaciones en la parroquia Caruao, con el fin de frenar el caos ambiental de la zona. 

E.- Revisión de la actual ordenanza sobre inmuebles urbanos.

8- Crear un Instituto Autónomo Municipal de Control Urbano y Ambiental, como instancia técnica de coordinación de los distintos organismos que tienen competencia legal en materia urbanística y ambiental, que esté integrado por especialistas con trayectoria en el área de ingeniería civil. Esta propuesta surge, como una respuesta al caos, la dualidad de funciones y el otorgamiento de permisos sin que se cumplan los parámetros legales.  De nuevo los ciudadanos de Vargas nos toca decidir, entre la prolongación del caos, o conducir nuestro estado hacia un verdadero cambio de paradigma de buen vivir. Insistimos en una verdadera e integral reconstrucción para que se produzcan los cambios verdaderos y necesarios.   

Manuel Guacarán

Promotor del proyecto Ambiental Vargas. 

La Guaira, 08 de septiembre de 2.026.