Leopoldo Puchi
Una intervención militar de una potencia como Estados Unidos no finaliza con el ataque inicial.
Después vienen otras fases, las de estabilización, recuperación y transición.
En este caso, la estabilización va más allá de poner en funcionamiento las instituciones.
También busca proteger los intereses derivados de la intervención y hacer duraderas las posiciones obtenidas.
Washington pasa así a consolidar el resultado de la intervención para convertir la victoria militar en victoria política y legal.
EL ACUERDO
El acuerdo petrolero es un ejemplo de los intereses que están en juego.
Estados Unidos ha obtenido una posición de control sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, una cifra cercana a todas las reservas probadas de Rusia.
No se trata simplemente de la contratación con una empresa privada para explotar petróleo, sino de un acuerdo entre gobiernos.
La posesión estratégica de esas reservas ha quedado en manos de Estados Unidos.
Es una reserva geopolítica deslocalizada: el petróleo permanece en el subsuelo venezolano, pero una potencia externa adquiere la capacidad de disponer de esas reservas y controlar su utilización.
LA IMPUGNACIÓN
Los acuerdos que se han hecho durante el proceso de estabilización pueden ser cuestionados por un futuro gobierno o por los tribunales.
Esa posibilidad explica el intento de blindarlos desde el punto de vista militar y legal.
La Constitución venezolana podría ser invocada para impugnar decisiones adoptadas durante la estabilización, incluidos los acuerdos petroleros.
Por eso, las reformas institucionales adquieren un significado adicional, ya que las nuevas instituciones serán también las que determinen hasta dónde puede llegar la revisión de lo ocurrido tras el ataque militar.
EL TSJ
Entre esas instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia ocupa un lugar central.
La composición del TSJ siempre ha sido motivo de disputa entre los partidos políticos.
Pero la situación adquiere una nueva dimensión con la intervención estadounidense.
El TSJ puede ser independiente de los partidos y, al mismo tiempo, verse condicionado por intereses económicos y geopolíticos surgidos de la intervención.
LOS BUFETES
La designación del nuevo TSJ no puede evaluarse solo por el perfil académico o por su independencia de los partidos.
Hay que observar también qué concepción mantienen sobre la soberanía y la independencia nacional.
Merece atención el movimiento de los bufetes internacionales y venezolanos vinculados a estas redes, especialmente alrededor de la Sala Político-Administrativa y la Sala Constitucional.
Allí pueden terminar definiéndose los criterios jurídicos aplicables a los acuerdos de la estabilización.
LAS REDES
Un magistrado que haya trabajado en un bufete internacional no se convierte por ello en representante de un interés extranjero.
La cuestión surge cuando la reconstrucción de la justicia se apoya en redes profesionales relacionadas con empresas beneficiadas por los acuerdos económicos.
No hace falta una instrucción directa para que esos vínculos puedan tener efectos sobre la orientación de una institución.
LAS REFORMAS
La experiencia latinoamericana muestra que estas conexiones no son nuevas.
Desde los años noventa, las reformas judiciales promovidas por organismos estadounidenses vincularon universidades, agencias de cooperación, grandes bufetes y élites jurídicas.
En Venezuela existe una relación histórica entre firmas locales, despachos internacionales y facultades de Derecho.
Tras la intervención, esa red adquiere otro significado porque los nuevos magistrados tendrán que decidir sobre petróleo, deuda, activos, inversiones y los efectos jurídicos de la intervención.
LA RENOVACIÓN
La reforma judicial es necesaria. El deterioro acumulado de la justicia venezolana hace difícil alcanzar un Estado de derecho sin renovar sus instituciones y a quienes las integran.
Pero construir una justicia autónoma frente al poder político venezolano es una cosa.
Hacerlo dentro de un proceso en el que una potencia extranjera ha adquirido posiciones económicas y estratégicas de largo alcance es otra.
Si esa reconstrucción termina dando amparo jurídico a los acuerdos sobre petróleo, minería, activos o deuda, la reforma habría ido mucho más allá de corregir las deficiencias del sistema.
EL PROTECTORADO
La disputa por el nuevo Tribunal Supremo de Justicia se refiere a quién tendrá capacidad para fijar los límites jurídicos del orden surgido después de la intervención.
Si el TSJ recupera su autonomía y tiene capacidad para revisar las decisiones adoptadas durante la transición, podrá contribuir a recuperar la soberanía institucional del país.
Si ocurre lo contrario y lo establecido bajo tutela estadounidense queda amparado frente a una futura revisión, la reforma judicial será parte de la consolidación de Venezuela como protectorado.
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