Por Manuel Isidro Molina
Lo que no se ha dicho de la “obra” del entonces magistrado Ramón Eladio Aponte Aponte, presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ y rector de varios circuitos judiciales del país, es la maraña de jueces venales que dejó incrustados en varias regiones, todos bajo su mando y prestos a modelar sus sentencias a petición de parte. Es una calamidad que debe ser investigada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Fiscalía General de la República con apoyo de los entes investigativos del Gobierno Nacional. Esa maraña de abuso de poder y corrupción debe ser desmantelada, si es que el “Caso Aponte” no es mero tema electorero y los Poderes Públicos involucrados aspiran establecer la prestancia ética institucional exigida por la Constitución.
En esta columna denunciamos a finales del año pasado, las relaciones contractuales entre el gobernador del estado Guárico, Luis Gallardo, y el entonces magistrado Aponte Aponte. El ex juez caído en desgracia nombró a la hija del gobernador Gallardo, Jueza Superior en Caracas en el área de Niños y Adolescentes, Jueza de Violencia contra la Mujer en Aragua, y, por último, Jueza Superior en Lopna en el mismo estado, sin que la abogada Blanca Gallardo, cumpliera con los requisitos de ley, según mis fuentes.
El gobernador de Guárico y Aponte Aponte son socios y caimanes del mismo pozo. Uno de sus testaferros de apellido Cozzo, construyó un edificio de solo 14 apartamentos en Maracay con dinero cuya procedencia debe ser investigada. El gobernador Gallardo, una hermana suya, una “amiga” del destituido magistrado de nombre Wendy Salazar, también jueza de la Republica y el propio Aponte Aponte, son los propietarios de los apartamentos del lujoso inmueble.
Aponte Aponte y su socio Gallardo poseen bienes de fortuna que deben ser investigados. Desde su posición como Fiscal General Militar y luego como magistrado del TSJ protegió a la otra hija de Gallardo, oficial de la Aviación Militar Bolivariana, quien con el rango de teniente también es propietaria de un apartamento en Maracay, que ningún oficial puede adquirir con un sueldo modesto.
Luis Gallardo, el gobernador llanero, es dueño de no menos de 10 locales comerciales y otros inmuebles en Maracay, gracias a su relación con el ex magistrado, hoy entregado como informante a la DEA y otras agencias de espionaje estadounidenses.
El Presidente del Circuito Judicial Penal de ese estado central, Francisco Cogiolla, fue de igual modo designado por Aponte Aponte, a pedido del Ministro de Relaciones Interiores, Tarek el Aisami.
Es demostrable la buena relación de amistad y de sociedad que ambos personajes mantienen. Tanto es así que en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), cuando Gallardo era el Rector de esa casa de estudios, nombró a Eladio Aponte, Jefe del Postgrado en Derecho Penal y Criminología, y éste montó una estructura académico-administrativa al servicio de intereses: concursos para su gente, títulos otorgados de manera ilegal a funcionarios judiciales afectos al oficialismo o a sus triquiñuelas, esposas de militares como directoras y decanas, en un sálvese quien pueda, cada quien quería ser profesor sin tener las credenciales para ejercer la noble tarea de la docencia.
El otrora hombre fuerte del Poder Judicial venezolano -defenestrado por sus vínculos con el narcotráfico, mantuvo también una conducta de obediencia y sumisión frente al Poder Ejecutivo y de connivencia irrespetuosa para con el país, para decir lo menos, con todos los factores del malandraje institucional-, vive su vía crucis, sin que sus compañeros de fechorías recuerden su reciente investidura de magistrado.
Aponte Aponte nombró jueces a diestra y siniestra, logró que despidieran a competentes fiscales del Ministerio Público, se reservaba las causas de los grandes capos del narcotráfico, nombró a los Presidentes de los Circuito Judiciales Penales de Caracas, Zulia, Vargas, Apure, Táchira, Barinas, Lara, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, estados emblemáticos para el trafico, consumo, posesión y ocultamiento de la droga.
Desde Margarita, recuerdan que “designó junto al también prófugo de la justicia venezolana, Luis Velásquez Alvaray, ex presidente de la Comisión Judicial del TSJ, todo el tropel de jueces que en la isla se han enriquecido con el narcotráfico y sus sentencias complacientes. Desde el 2007, que se incautaron 3.500 Kgs. de cocaína y 30 de heroína, en la isla no se incautan grandes cantidades de drogas, porque la acción de la fiscal Marbeny Guilarte recae en el mini comercio marginal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”.
Aponte Aponte le ocasionó al maltrecho Poder Judicial un daño irreparable, que debe ser revertido. El diputado Pedro Carreño, y sus entonces colegas de la Asamblea Nacional, Luis Velásquez Alvaray, Nicolás Maduro, Cilia Flores e Iris Varela, padrinos del nuevo magistrado del TSJ, hoy fugitivo ex magistrado, tienen un grado de responsabilidad política que deben reconocer para enmendar, excluyendo a LVA, quien picó los cabos, igual que AA, antes de ser sometido a investigación, luego de su destitución.
En el circuito judicial de Caracas, la abogado Denise Blanco representaba al magistrado AA: ”Humilde dama proveniente de los sectores populares que a fuerza de ejercer el comercio informal pudo concluir sus estudios de derecho y hoy en día vive en una lujosa residencia en El Hatillo. El hijo de esta ex presidenta del circuito penal caraqueño es un flamante juez que según dicen organizó la famosa fiesta rave en la costa mirandina, donde varios de los asistentes quedaron privados de libertad, pero él, no”.
Aponte-Aponte “era un jeque en Margarita, puente seguro para la ruta de los narcóticos, con el apoyo gente vinculada al Sambil Margarita, a Diverland, Wáter Diverland Delfines, cuerpos policiales nacionales, GNB, diputados oficialistas, dirigentes políticos del PSUV, la Presidenta del Circuito Penal neoespartano, abogada Betis Luna, protegida del magistrado Omar Mora Díaz, quien jugó junto con Aponte Aponte cuando este presidió la Sala Penal del TSJ y Mora el TSJ”.
Aponte Aponte no sólo ubicaba bien sus fichas, sino que imponía manu militari a su gente, a quienes hizo cómplices manipuladores de la justicia. De verdad, el hasta hace poco hombre fuerte del Poder Judicial, Ramón Eladio Aponte Aponte es fruto preciado de este proceso. No es ni de la CIA, ni del Departamento de Estado, ni del FBI, es de acá, producto de la degeneración del “proceso”, pero no es el único pervertido. Es un amante del dinero mal habido, tasador de sentencias y un enamorado de los billetes verdes, como muchos altos funcionarios públicos venezolanos que se han enriquecido a nombre del “socialismo” y la “revolución”, sumergidos en la danza de abuso de poder que ha caracterizado estos años de codicia y hedonismo.
Ahora, el ex juez vive y experimenta el sabor amargo de su propia perdición. Aponte Aponte sabe más de lo que algunos piensan. Su tribu esta intacta, mientras el país exige un poder judicial honorable y respetable.
Hay que sacudir al Poder Judicial en su conjunto, cambiar la sumisión que caracteriza a muchos de los actuales operadores de justicia, por la imparcialidad y la neutralidad en cada una de sus actuaciones, con apego a la Constitución y las leyes. Es una prioridad urgente.
EL CONFESIONARIO
· EL MIÉRCOLES 2 DE MAYO comienza el juicio que por difamación intenta temerariamente en mi contra, el concejal Humberto Berroterán, presidente-heredero del partido fundado por la desaparecida dirigente Lina Ron, Unidad Popular Venezolana (UPV). Será a las 9 de la mañana, en el Tribunal 9no. de Juicio, a cargo del juez Walter Gavidia Flores, ubicado en el quinto piso del Palacio de Justicia, detrás de la iglesia de Santa Teresa y el Consejo Nacional Electoral. Quienes deseen acompañarme en esta batalla por la dignidad del ejercicio profesional del periodismo contra la corrupción, pueden asistir porque el juicio es oral y público.
· ESTE JUICIO HA SIDO LEGALMENTE “abandonado” por el querellante y sus abogados, pero el Juez no acepta la vigencia de mis derechos procesales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. Como han argumentado mis abogados, estamos ante una violación de mis derechos constitucionales, ya que la acusación es privada, “a instancia de parte”, que obliga al querellante a cumplir estrictamente lo previsto en el mencionado Código, que también obliga al Juez y al querellado.
· ESPERO QUE ESTE JUICIO INTIMIDATORIO en mi contra por denunciar presunto enriquecimiento ilícito y conducta impropia del concejal petareño, muera al nacer, apegado al marco constitucional y legal vigente. En el mundo de los juegos ilícitos y la hípica, el querellante es suficientemente conocido por sus actividades y muestras de riqueza no acorde con su desempeño público y las remuneraciones y respectivas bonificaciones legalmente establecidas, y es lo que él trata de negar como si no hubiese roto un plato.
· LA EMPRESA PLAN FORD, S.R.L. no cumple diligentemente con la atención debida a clientes compradores de vehículos, al momento de producirse siniestros por choque o robo. Pedro Linares, ejecutivo de siniestros, no atiende telefónicamente a los clientes afectados y les niega la oportuna entrega de saldos deudores exigidos por las empresas aseguradoras. El desorden es generalizado y afecta a los clientes gravemente.
manuelisidro21@hotmail.com
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