domingo, 15 de noviembre de 2026

LUNES 16 #Nov 🔴 Paro nacional en Venezuela: trabajadores públicos exigen aguinaldos de $960 y mejores salarios (VIDEO)



Dossier Venezuela informa sobre la convocatoria a un paro nacional de trabajadores públicos en Venezuela para el lunes 16 de noviembre, con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales y salariales.

Puntos clave de la protesta:

Exigencias salariales

Los gremios solicitan aumentos de salario anclados al dólar y la eliminación de bonos, argumentando que sus ingresos actuales son insuficientes.

Representantes del sector salud exigen el pago de aguinaldos calculados sobre el ingreso integral, estimando que deberían recibir 960 dólares para compensar el esfuerzo del año.

Demandas administrativas

Se exige la eliminación del instructivo Onapre, la plataforma Patria y la revisión de las tablas salariales y contratos colectivos.

Modalidad del paro

En San Cristóbal, estado Táchira, la concentración principal está prevista para las 9:00 a. m. en el Hospital Central. Se aclaró que la protesta contempla modalidades de "paro activo" sin cese de funciones para quienes se encuentren de guardia.

El video también destaca que los trabajadores entregaron más de 50.000 firmas a la Presidencia de la República el 13 de octubre solicitando condiciones de trabajo dignas y advierten sobre la necesidad de visibilizar su situación económica ante el cierre del año fiscal.

👉👉 VIDEO Dossier Venezuela:

La ‹letra chica› de los acuerdos coloniales imperialistas Delcy-Trump 🔴 «Píldoras Digitales»


¿Por qué la estrategia de la Casa Blanca en Venezuela parece atrapada entre concesiones imperceptibles y un statu quo inamovible? 

«ES LA HORA DE HABLAR» sobre la letra chica de la política exterior estadounidense frente a Caracas: desde el verdadero impacto detrás de la liberación de presos políticos, hasta los límites reales de la presión diplomática occidental en la actual crisis institucional y de derechos humanos. 

Desarmamos las contradicciones de una agenda internacional que avanza a dos velocidades, evaluando por qué persisten reformas cosméticas —como las modificaciones a la Ley contra el Odio en lugar de su derogación— mientras las estructuras de control político se mantienen intactas. 

NUESTRO INVITADO:
Jorge Jraissati, economista venezolano y presidente del Grupo de Inclusión Económica, un centro de estudios global que desarrolla políticas financieras para acelerar el crecimiento económico, proteger la libertad política y fortalecer la seguridad nacional. También lidera iniciativas para impulsar la reconstrucción económica de Venezuela, con especial atención a las finanzas, la energía, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial.
👉👉 VIDEO Píldoras Digitales:

Clase magistral de periodismo llevada a la práctica en la UCAB 🔴


El viernes #13Nov, nuestro secretario general, Edgar Cárdenas (@edgaralfredocardenas ), visitó la Universidad Católica Andrés Bello (@enlaucab) para un encuentro muy especial con los estudiantes del 4to semestre de Comunicación Social.

Gracias a la invitación del colega periodista y docente Juan Ernesto Páez Pumar (@paezpumarje ), el aula se convirtió en una dinámica rueda de prensa simulada, donde los futuros comunicadores asumieron el rol reporteril para indagar, preguntar y debatir sin filtros sobre los temas más urgentes del gremio:

🔹 La propuesta de reforma de la conocida Ley contra el Odio y su impacto en el ejercicio libre. 🔹 La vigencia de la Ley de Ejercicio del Periodismo y la importancia fundamental de la colegiatura. 🔹 Los desafíos tecnológicos, éticos y profesionales que marcarán el futuro de la profesión en Venezuela.

La iniciativa culminó en una jornada excelente, llena de preguntas incisivas, debate crítico y la convicción de que el relevo generacional viene con el compromiso bien alto.

Desde el @CNPCaracas celebramos estos espacios de formación práctica y reafirmamos que las aulas son el mejor terreno para fortalecer nuestro gremio. 

PROYECT VENEZUELA 🔴 Un viaje en drones por todos los estados (VIDEO)


👉👉 VIDEO PatrickViaja:

Lo que pocos saben del padre Roberto, hoy papa León XIV 🔴


En el año 1975 estaba en la cima de su vida.

Profesor de matemáticas en Chicago. Católico devoto. Aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard.
Tenía todo lo que un joven podría soñar. Pero entonces —tomó una decisión que nadie esperaba. Dijo no a Harvard.
No a poder ganar mucho dinero. No a la fama. No a la comodidad.
Y sí a algo que pocos se atreven a elegir: una vida de entrega total.
Se unió a un grupo misionero y se mudó a Perú. No a las ciudades. No a los lugares turísticos.
Sino a las aldeas más remotas—donde los niños mueren por enfermedades tratables. Y las familias caminan kilómetros solo por agua limpia.
No había caminos. Ni agua corriente. Ni WiFi.
Solo montañas. Silencio. Y pobreza.
Pero él lo abrazó como su hogar.

Robert no solo vivió entre el pueblo. Se convirtió en uno de ellos.

* Aprendió quechua—el idioma sagrado de los incas

* Llevó alimentos a pie durante días

* Durmió en pisos de tierra con los aldeanos

* Rezó bajo las estrellas

Cuando no construía refugios, enseñaba matemáticas a niños descalzos bajo techos rotos.
Cuando no enseñaba, cargaba enfermos en burros para buscar ayuda.
Cuando no sanaba, escuchaba —escuchaba de verdad—historias que a nadie más le importaban.

Mientras sus amigos en casa se convertían en abogados y médicos, él se convirtió en algo completamente distinto:
Un pastor.
Un hermano.
Un guerrero silencioso de la fe.

Y poco a poco—su leyenda creció. Sus actos no se transmitieron por televisión.
Pero resonaron por los Andes.
Los obispos lo notaron.
Los sacerdotes lo notaron.
Y eventualmente—el Vaticano lo notó.

Lo llamaron de regreso para liderar toda su orden agustina.
De servir a una aldea, a supervisar a 2,800 sacerdotes en más de 40 países.
Aun así—siguió usando las mismas sandalias.
Aun así—caminó con los pobres.
Aun así—rechazó el lujo.

Entonces llegó la llamada que lo cambió todo:
Roma lo quería más cerca. En 2020 fue nombrado arzobispo y asignado a gobernar a otros obispos a nivel mundial.
Fue algo inusual. Pero Robert nunca persiguió la tradición.
No solo hablaba latín o conocía el Derecho Canónico.

Era fluido en compasión.
En humildad.
En escuchar.
En presencia.

El Vaticano no vio solo a un sacerdote. Vieron a un líder con alma.
El 30 de septiembre de 2023, el Papa Francisco lo hizo oficial:
Robert Prevost fue nombrado cardenal. A un paso del papado.

Y luego… en 2025, se hizo historia. Por primera vez:
Un estadounidense.
Un exprofesor de matemáticas.
Un misionero entre los olvidados.
Y no olvidó a las personas que lo formaron.
Hasta el día de hoy, el Papa Robert reza en quechua.
Aún se sienta en suelos de tierra.
Aún toma de la mano a los ancianos en silencio.

Porque él cree que el liderazgo
es cuestión de presencia, no de posición.
El mundo está obsesionado con el poder.
Pero Robert Prevost demuestra:

* Los títulos no valen nada sin servicio

* El conocimiento es inútil sin amor

* Y la fe—sin sacrificio—es solo ruido

Es el papa número 267 desde Pedro el pescador.
👉👉
https://vt.tiktok.com/ZSp4W3aqj/

sábado, 14 de noviembre de 2026

La deuda externa venezolana es impagable, nadie sabe cuánto es y puede destruir cualquier posibilidad de recuperación económica y bienestar social 🔴 Manuel Sutherland


Entrevista de Neirlay Andrade (The Dayli Journal) a Manuel Sutherland


Cuando Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela, en 1999, la deuda externa del país rondaba los 28.000 millones de dólares. Más de dos décadas después, las estimaciones de los compromisos financieros venezolanos se sitúan entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, un monto que equivale a entre cinco y seis veces la cifra registrada al inicio del chavismo.

La dimensión del endeudamiento podría ser todavía mayor. En junio de 2026, el diario británico *Financial Times* informó que Venezuela se preparaba para revelar obligaciones por aproximadamente 240.000 millones de dólares, una cifra superior a las estimaciones que manejaban entonces los mercados financieros.

El economista Manuel Sutherland alertó sobre las consecuencias de asumir un pasivo de esa magnitud. Si la deuda alcanzara esos niveles, explicó, la relación entre los compromisos externos y el producto interno bruto (PIB) superaría el 300 %. Ante ese escenario, advirtió que Venezuela sería “un país completamente inviable”.

En mayo de 2026, la administración venezolana designó a la firma estadounidense Centerview Partners como asesora financiera para conducir el proceso de reestructuración de la deuda soberana y de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Sutherland cuestionó la contratación de la firma, criticó que fuera seleccionada sin un concurso público y puso en duda los costos de sus servicios. Según las cifras que presentó, la asesoría tendría un costo de 150 millones de dólares, además de una posible comisión adicional vinculada al resultado de la negociación. El economista calificó ese desembolso como “un robo bestial” y cuestionó la falta de transparencia sobre las condiciones de la contratación.

En su análisis, también se refirió a los ingresos petroleros y financieros obtenidos por Venezuela entre 1999 y 2015. Estimó que durante ese período el país recibió alrededor de “un millón de millones de dólares” y cuestionó el destino de esos recursos, al afirmar que fueron “robados, hurtados y saqueados”.

“Esto era para ponerle aire acondicionado a las aceras. Eso era para comprar robots que nos llevaran al taxi y nos llevaran a la casa cargados y que todos los hogares tuvieran una robotina y tuvieran 20.000 dólares mensuales por ser venezolanos”, afirmó.

Sutherland, director del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), considera que la magnitud de los pasivos y las condiciones en las que se adelante una eventual reestructuración son factores determinantes para las perspectivas económicas del país.

El economista defiende la necesidad de reestructurar la deuda externa, “pero no con malandros” —en alusión a la firma estadounidense contratada para asesorar el proceso—, “sino con el Fondo Monetario Internacional y con una auditoría ciudadana”. “Nosotros, todos, debemos ver cuánto es que se debe, a quién se le debe y qué monto se le debe”, insistió.

*Auditoría, deuda odiosa y condiciones mínimas de reestructuración*
En intervenciones anteriores en su programa de análisis económico: *Real Economik* y en análisis publicados, Sutherland ha insistido en que una parte significativa de la deuda venezolana reúne características de deuda odiosa. Ha señalado que muchos de los empréstitos y emisiones de bonos de PDVSA y de la República se contrajeron sin el debido control parlamentario, con opacidad en el uso de los fondos y en un contexto de sistemático desvío de la renta petrolera. Según sus estimaciones, entre 1999 y 2015 el país percibió ingresos petroleros y financieros cercanos al billón de dólares, recursos que, en su criterio, no se tradujeron en acumulación de capital productivo, infraestructura moderna ni mejora sostenida del salario real, sino en un proceso de desindustrialización y de destrucción del aparato productivo.

El economista ha comparado reiteradamente la situación venezolana con la de otros países que enfrentaron crisis de deuda. Ha señalado que, a diferencia de casos como Argentina en 2001-2005 o Grecia en la década de 2010, Venezuela carece de un registro transparente y auditado de sus obligaciones. “No se sabe con precisión cuánto se debe, a quién y bajo qué condiciones. Hay bonos, arbitrajes, deudas con China, Rusia, prestamistas comerciales y obligaciones de PDVSA que se mezclan sin un inventario público confiable”, ha afirmado en varias ocasiones.

Sutherland sostiene que cualquier reestructuración que no parta de una auditoría ciudadana independiente corre el riesgo de legitimar pasivos ilegítimos y de imponer condiciones onerosas al país por décadas. Ha criticado que la contratación de asesores financieros internacionales sin licitación pública y con honorarios elevados refuerza la percepción de opacidad. En su criterio, el proceso debería realizarse con el acompañamiento técnico del Fondo Monetario Internacional, de organismos multilaterales y de una comisión de auditoría integrada por economistas, juristas y representantes de la sociedad civil venezolana.

También ha advertido que la recuperación de la producción petrolera —hoy muy por debajo de los niveles históricos— es condición necesaria, pero no suficiente, para hacer viable el servicio de la deuda. Sin un marco institucional que garantice la transparencia en la gestión de los ingresos petroleros y sin un acuerdo de reestructuración que reduzca sustancialmente el stock de deuda y los intereses, el país permanecerá en una situación de insolvencia crónica. “Reestructurar con las mismas prácticas de opacidad y con asesores que cobran cifras desproporcionadas no resuelve el problema; lo agrava”, ha señalado.

Para Sutherland, el punto de partida no puede ser la negociación inmediata de haircuts y plazos, sino la determinación pública y verificable de la deuda legítima. Solo a partir de ese inventario, argumenta, es posible discutir una reestructuración que no condene a Venezuela a décadas de transferencia neta de recursos al exterior y que permita reconstruir una economía productiva.
The Dayli Journal:

La sanción a la abogada María Alejandra Díaz, otra prueba del riesgo de ejercer la abogacía en Venezuela 🔴 Acceso a la Justicia


Ser abogado en Venezuela es una tarea de alto riesgo. Así lo revela el caso de María Alejandra Díaz*, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo multó con «cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)», sino que, de paso, la suspendió de manera temporal del ejercicio de la profesión del derecho y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Caracas que inicie el procedimiento disciplinario respectivo.

¿Qué hizo Díaz para merecer semejantes sanciones? Se desconoce, porque el texto íntegro de la sentencia n.º 603, dictada el 4 de noviembre de 2024 por la Sala Constitucional, no ha sido publicado. En el sitio web del máximo juzgado apenas se lee que la intérprete del texto fundamental acusa a la abogada de «temeridad» por presentar el escrito en el que un grupo de disidentes del chavismo (Andrés Giussepe, José Luis Ibrahim Este, Yul Yabour, Carlos Ojeda Falcón, Oscar Figuera González, Eduardo Sánchez y Juan Barreto Cipriani) y el excandidato presidencial Enrique Márquez le pidieron que ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) presentar los resultados totales y detallados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La Sala cita el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que la faculta a sancionar con multas de hasta 100 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor «a quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a sus órganos o funcionarios, o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales».

Sin embargo, la sancionada publicó el escrito en su página web y en él no se observan expresiones ofensivas ni irrespetuosas contra los miembros del máximo juzgado. En el texto, de 23 páginas de extensión, simplemente se recuerda que la Sala Electoral le ordenó al CNE en su fallo n.º 31 de agosto pasado —en el cual avaló la resolución de declarar a Nicolás Maduro como el ganador de los comicios— que publicara «los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio de 2024, para la escogencia del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», algo que no ha ocurrido hasta el momento...
👉👉 
Acceso a la Justicia: https://accesoalajusticia.org/sancion-abogada-maria-alejandra-diaz-otra-prueba-riesgo-ejercer-abogacia-venezuela/

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* La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz permanece exiliada en Bogotá, Colombia

«La solidaridad con Palestina no puede cesar» / Los sionistas siguen asesinando, maltratando y humillando al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania 🔴 (VIDEO)

¡La lucha sindical no es delito! ¡Libertad plena para Jean Mendoza! 🔴 Bloque Histórico Popular


Desde el Bloque Histórico Popular (BHP) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la prolongada judicialización del dirigente sindical Jean Mendoza, secretario general de SITRAEMAS, quien lleva cuatro años enfrentando un proceso penal promovido a raíz de su actividad sindical y de sus actuaciones en defensa de los derechos de los trabajadores de la empresa MASISA, en el estado Bolívar.

Mendoza ha sido acusado de presunta instigación al odio, en un proceso que, lejos de ofrecer una resolución oportuna y definitiva, se ha prolongado durante años, manteniéndolo sometido a medidas cautelares que restringen el ejercicio de sus libertades y el desarrollo de su actividad sindical.

Resulta profundamente preocupante que la defensa de los derechos laborales, la organización de los trabajadores y la exigencia del cumplimiento de las reivindicaciones colectivas puedan terminar convertidas en motivos de persecución judicial.

Desde el Bloque Histórico Popular sostenemos que ninguna empresa, nacional o transnacional, puede estar por encima de los derechos constitucionales de los trabajadores. La libertad sindical, el derecho a la protesta, la organización popular y la defensa de condiciones laborales dignas son conquistas que deben protegerse, no criminalizarse.

La justicia no puede convertirse en un instrumento de intimidación contra quienes levantan su voz frente a los atropellos. Tampoco puede normalizarse que un trabajador permanezca durante años sometido a un proceso judicial sin una resolución definitiva.

Por estas razones, EXIGIMOS:

1. La absolución plena e inmediata de Jean Mendoza y el cierre definitivo del proceso judicial en su contra.

2. El levantamiento de todas las medidas cautelares que restringen sus derechos y libertades.

3. El cese de cualquier forma de hostigamiento o criminalización de su actividad sindical.

4. El respeto irrestricto a la libertad sindical y a los derechos constitucionales de la clase trabajadora venezolana.

5. Las garantías necesarias para que los trabajadores de MASISA puedan ejercer libremente su organización y representación sindical.

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, movimientos populares, sectores democráticos y fuerzas sociales del país a expresar su solidaridad con Jean Mendoza y a levantar una voz común frente a la criminalización de las luchas laborales.

Nuestra posición es clara: no puede hablarse de justicia social mientras se persigue a quienes luchan por los derechos de los trabajadores. No puede hablarse de protagonismo popular si se limita la capacidad del pueblo trabajador para organizarse, reclamar y defender sus conquistas.

La solidaridad no puede tener fronteras ni conveniencias. Cuando se persigue a un trabajador por defender sus derechos, se amenaza también el derecho de todos los demás a luchar.

¡Absolución inmediata para Jean Mendoza!

¡Basta de criminalizar la lucha sindical!

¡Respeto a la libertad de organización y a los derechos de la clase trabajadora!

BLOQUE HISTÓRICO POPULAR (BHP)


¡Toca Luchar y Vencer!

El salario en Venezuela: una «explotación responsable» 🔴 Carlos Dürich


«La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, o del obrero por el capitalista«

Karl Marx, El Capital, Tomo I, Capítulo IX (1867)


Carlos Dürich

En la Venezuela actual, el debate económico suele extraviarse entre titulares de recuperación y bonos “no remunerativos”. Pero hay un número que se esconde en los informes de coyuntura y que rara vez pronuncian los empresarios o los políticos: la tasa de explotación.

No es un dato más. Es, como lo describiera Marx, la medida exacta de cuánto valor produce el obrero y cuánto de ese valor se apropia el capitalista. En términos simples: de cada unidad de riqueza generada, ¿cuánto se queda quien la produce y cuánto se lleva quien la posee?

Para desentrañar esta relación en el año que corre, tomemos tres datos duros.

Primero, la productividad. Según las series de ILOSTAT (base de datos de la Organización Internacional del Trabajo), replicadas por portales estadísticos, la productividad laboral por hora en Venezuela se estima en 15,72 dólares (PPA de 2021) para 2025. Es una estimación modelada, pero es la referencia más completa disponible para medir cuánto valor nuevo se crea por hora de trabajo en el país.

Segundo, el salario industrial. La más reciente Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al tercer trimestre de 2026, sitúa la remuneración mensual promedio de los obreros y operadores de la manufactura privada en 332 dólares. Con una jornada legal de 40 horas semanales (160 horas al mes), esto arroja un pago por hora de 2,08 dólares.

Tercero, el ingreso público. El Ingreso Mínimo Integral (IMI) se ubica actualmente en 240 dólares mensuales, compuesto por 200 dólares del Bono de Guerra y 40 dólares del bono de alimentación. La letra pequeña revela el “engaño de la suma”: el salario base sigue congelado en 130 bolívares (equivalentes a 0,27 dólares al cambio oficial), y el resto son bonos declarados “no remunerativos” que no generan prestaciones sociales. Ese ingreso de 240 dólares, dividido entre 160 horas, representa 1,50 dólares por hora.

El cálculo brutal

Escenario A: Obrero industrial (Conindustria)

- Valor generado por hora: 15,72$

- Salario por hora: 2,08 $

- Tasa de explotación: (15,72 – 2,08) / 2,08 = 6,56 veces (o 656%)

Por cada dólar que recibe el obrero industrial, el capital se apropia de 6,56 dólares. El trabajador se queda con apenas el 13,2% del valor que produce.

Escenario B: Trabajador del sector público (IMI)

- Valor generado por hora: 15,72 $

- Ingreso por hora: 1,50 $

- Tasa de explotación: (15,72 – 1,50) / 1,50 = 9,48 veces (o 948%)

En el sector público, la brecha es sideral. Por cada dólar de ingreso integral, se generan 9,48 dólares de excedente. El trabajador se queda con menos del 10% de lo que produce.

La “ganancia responsable”

Si vamos a hablar de responsabilidad, hagámoslo bien. Resulta curioso que la palabra “responsable” solo aparezca cuando se trata de contener salarios, pero jamás se use para calificar el comportamiento del capital.

El propio presidente de Conindustria admitió que los ajustes salariales superaron el comportamiento de la producción, en un trimestre donde la utilización de la capacidad instalada se mantuvo estancada en 51,8%. Ese ajuste, que según la encuesta gremial elevó la remuneración promedio de los obreros industriales a 332 dólares —un 13% más frente a los 294 dólares del trimestre anterior—, no responde a una mejora real de la productividad: se produce en un contexto de capacidad ociosa y de estancamiento. Es, más bien, un esfuerzo por contener la conflictividad sin tocar el fondo del problema: la brecha entre lo que se produce y lo que se paga. El tímido aumento del 13% es, en realidad, una limosna porcentual que no altera la tasa de explotación del 656% calculada más arriba.

Mientras tanto, la desalarización se consolida como el mecanismo central para licuar el costo laboral.

El salario base de 0,27 dólares es el que sirve para calcular prestaciones sociales, antigüedad, utilidades, bono vacacional y jubilación. Cuando un trabajador se retire después de 20 o 25 años, su liquidación se hará sobre esa miseria, no sobre los 240 dólares que el gobierno le hace creer que “gana”. Lo que hoy llaman “aumento responsable” es, en los hechos, una hipoteca legalizada del futuro de los trabajadores.

El “bono vacacional” de 65 dólares

Si el salario base es una miseria calculada, el bono vacacional que algunos gremios universitarios esperan recibir este 2026 es la prueba de que la “responsabilidad” patronal no conoce de dignidad. Hablamos de un pago lineal de 65 dólares por concepto de vacaciones, otorgado a trabajadores activos de universidades públicas, pero excluyendo a los jubilados.

Los propios dirigentes gremiales lo calificaron de escueto. Raúl Brito, presidente de Apuneg, sostuvo: “Con 65 dólares no creo que nadie pueda hacer un mercado en su casa. Esa es la política que tiene el régimen de liquidar, de exterminar a los trabajadores jubilados y activos de la universidad pública”. Fabián Rondón, del sindicato de empleados de Unexpo, denunció que “esta miseria que estamos recibiendo nos está llevando al precipicio”. Y José Francisco Jiménez, de la Universidad de Carabobo, advirtió que la separación entre activos y jubilados es una política deliberada para dividir al sector y dejar a los jubilados fuera de las convenciones colectivas.

La crítica desde la plusvalía es aún más contundente. Si un trabajador universitario genera 15,72 dólares por hora (PPA) y recibe un bono vacacional único de 65 dólares, la relación es obscena: ese monto equivale a poco más de cuatro horas del valor que produce. Es decir, el “reconocimiento” vacacional de todo un año se paga con el excedente de una sola jornada laboral. No es un beneficio; es una limosna que se presenta como conquista.

Y hay un agravante jurídico que revela la trampa: al tratarse de un “bono único” y no de un pago calculado sobre el salario normal conforme a la LOTTT, se evade su incidencia en prestaciones sociales, utilidades y futuras jubilaciones. Es la misma lógica de la desalarización, aplicada ahora al descanso. Mientras el gobierno y algunos gremios celebran “acuerdos”, el trabajador universitario recibe 65 dólares por un derecho que la ley laboral venezolana concibe como salario, no como dádiva.

La crítica, por tanto, no es solo al monto. Es a la fragmentación: activos sí, jubilados no; profesores sí, obreros y administrativos a veces. Es la vieja táctica de dividir para precarizar. Y es, al mismo tiempo, la confirmación de que el capital —sea privado o estatal— no tiene “responsabilidad” alguna cuando se trata de reconocer el valor del trabajo. La única responsabilidad que practica es la de maximizar la plusvalía.

¿Y entonces?

Un obrero industrial que gana 332 dólares necesita 2,3 remuneraciones mensuales solo para cubrir la canasta alimentaria de una familia de cinco personas, que en septiembre de 2026 costaba 761,35 dólares. La mejora porcentual no implica una recuperación del poder adquisitivo; implica, en todo caso, la profundización de una precariedad estructural que ya no distingue entre el sector formal y el informal, entre el obrero de la fábrica y el empleado público.

La discusión no debería centrarse en si el gobierno es malo por pagar 240 y el empresario bueno por pagar 332 dólares. El debate de fondo es otro: ¿hasta cuándo se sostendrá un modelo donde la productividad se dispara y el salario se hunde? La tasa de explotación del 656% para el obrero industrial y del 948% para el trabajador público no son solo números. Son la medida de una injusticia que se ha naturalizado.

Invocar la movilización no es un llamado a la violencia, sino a la conciencia y a la organización. Es la invitación a que los trabajadores, los sindicatos y la sociedad civil en su conjunto nombren la cifra, la discutan en los centros de trabajo, en las universidades y en los barrios. Que exijan la restitución del salario como eje central de la

remuneración, el fin de la desalarización y una distribución justa de la riqueza que se produce. Que reclamen una política de ingresos que no se limite a bonos de supervivencia, sino que garantice la reproducción digna de la fuerza de trabajo.

 La cifra está ahí, sobre la mesa: 656% y 948%. Solo falta que la calle se apropie de ella y la convierta en bandera de lucha.

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