Entrevista de Neirlay Andrade (The Dayli Journal) a Manuel Sutherland
Cuando Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela, en 1999, la deuda externa del país rondaba los 28.000 millones de dólares. Más de dos décadas después, las estimaciones de los compromisos financieros venezolanos se sitúan entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, un monto que equivale a entre cinco y seis veces la cifra registrada al inicio del chavismo.
La dimensión del endeudamiento podría ser todavía mayor. En junio de 2026, el diario británico *Financial Times* informó que Venezuela se preparaba para revelar obligaciones por aproximadamente 240.000 millones de dólares, una cifra superior a las estimaciones que manejaban entonces los mercados financieros.
El economista Manuel Sutherland alertó sobre las consecuencias de asumir un pasivo de esa magnitud. Si la deuda alcanzara esos niveles, explicó, la relación entre los compromisos externos y el producto interno bruto (PIB) superaría el 300 %. Ante ese escenario, advirtió que Venezuela sería “un país completamente inviable”.
En mayo de 2026, la administración venezolana designó a la firma estadounidense Centerview Partners como asesora financiera para conducir el proceso de reestructuración de la deuda soberana y de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Sutherland cuestionó la contratación de la firma, criticó que fuera seleccionada sin un concurso público y puso en duda los costos de sus servicios. Según las cifras que presentó, la asesoría tendría un costo de 150 millones de dólares, además de una posible comisión adicional vinculada al resultado de la negociación. El economista calificó ese desembolso como “un robo bestial” y cuestionó la falta de transparencia sobre las condiciones de la contratación.
En su análisis, también se refirió a los ingresos petroleros y financieros obtenidos por Venezuela entre 1999 y 2015. Estimó que durante ese período el país recibió alrededor de “un millón de millones de dólares” y cuestionó el destino de esos recursos, al afirmar que fueron “robados, hurtados y saqueados”.
“Esto era para ponerle aire acondicionado a las aceras. Eso era para comprar robots que nos llevaran al taxi y nos llevaran a la casa cargados y que todos los hogares tuvieran una robotina y tuvieran 20.000 dólares mensuales por ser venezolanos”, afirmó.
Sutherland, director del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), considera que la magnitud de los pasivos y las condiciones en las que se adelante una eventual reestructuración son factores determinantes para las perspectivas económicas del país.
El economista defiende la necesidad de reestructurar la deuda externa, “pero no con malandros” —en alusión a la firma estadounidense contratada para asesorar el proceso—, “sino con el Fondo Monetario Internacional y con una auditoría ciudadana”. “Nosotros, todos, debemos ver cuánto es que se debe, a quién se le debe y qué monto se le debe”, insistió.
*Auditoría, deuda odiosa y condiciones mínimas de reestructuración*
En intervenciones anteriores en su programa de análisis económico: *Real Economik* y en análisis publicados, Sutherland ha insistido en que una parte significativa de la deuda venezolana reúne características de deuda odiosa. Ha señalado que muchos de los empréstitos y emisiones de bonos de PDVSA y de la República se contrajeron sin el debido control parlamentario, con opacidad en el uso de los fondos y en un contexto de sistemático desvío de la renta petrolera. Según sus estimaciones, entre 1999 y 2015 el país percibió ingresos petroleros y financieros cercanos al billón de dólares, recursos que, en su criterio, no se tradujeron en acumulación de capital productivo, infraestructura moderna ni mejora sostenida del salario real, sino en un proceso de desindustrialización y de destrucción del aparato productivo.
El economista ha comparado reiteradamente la situación venezolana con la de otros países que enfrentaron crisis de deuda. Ha señalado que, a diferencia de casos como Argentina en 2001-2005 o Grecia en la década de 2010, Venezuela carece de un registro transparente y auditado de sus obligaciones. “No se sabe con precisión cuánto se debe, a quién y bajo qué condiciones. Hay bonos, arbitrajes, deudas con China, Rusia, prestamistas comerciales y obligaciones de PDVSA que se mezclan sin un inventario público confiable”, ha afirmado en varias ocasiones.
Sutherland sostiene que cualquier reestructuración que no parta de una auditoría ciudadana independiente corre el riesgo de legitimar pasivos ilegítimos y de imponer condiciones onerosas al país por décadas. Ha criticado que la contratación de asesores financieros internacionales sin licitación pública y con honorarios elevados refuerza la percepción de opacidad. En su criterio, el proceso debería realizarse con el acompañamiento técnico del Fondo Monetario Internacional, de organismos multilaterales y de una comisión de auditoría integrada por economistas, juristas y representantes de la sociedad civil venezolana.
También ha advertido que la recuperación de la producción petrolera —hoy muy por debajo de los niveles históricos— es condición necesaria, pero no suficiente, para hacer viable el servicio de la deuda. Sin un marco institucional que garantice la transparencia en la gestión de los ingresos petroleros y sin un acuerdo de reestructuración que reduzca sustancialmente el stock de deuda y los intereses, el país permanecerá en una situación de insolvencia crónica. “Reestructurar con las mismas prácticas de opacidad y con asesores que cobran cifras desproporcionadas no resuelve el problema; lo agrava”, ha señalado.
Para Sutherland, el punto de partida no puede ser la negociación inmediata de haircuts y plazos, sino la determinación pública y verificable de la deuda legítima. Solo a partir de ese inventario, argumenta, es posible discutir una reestructuración que no condene a Venezuela a décadas de transferencia neta de recursos al exterior y que permita reconstruir una economía productiva.
The Dayli Journal:
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