María Alejandra Díaz Marín
El reporte divulgado por Estados Unidos sobre los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano, supuestamente retenidos en fondos bajo su control, lejos de aclarar el destino de esos recursos, abre nuevas interrogantes y deja al descubierto inconsistencias numéricas que deben ser explicadas.
Veamos a las cifras:
Según la información disponible en fuentes abiertas, entre enero y octubre se habrían comercializado aproximadamente 326,5 millones de barriles de petróleo venezolano, principalmente a través de Chevron, Trafigura y Vitol.
Si tomamos como referencia un precio promedio de 75,76 dólares por barril, correspondiente a nuestra segregación de crudo Merey-16, el valor bruto de esas ventas alcanzaría aproximadamente 24.730 millones de dólares.
Sin embargo, Estados Unidos reporta ingresos por apenas 12.000 millones de dólares, cifra que, además, corresponde a un corte hasta septiembre.
Estamos ante una diferencia de aproximadamente 12.730 millones de dólares, tomando como referencia el volumen y el precio indicados. Una brecha demasiado significativa como para despacharla con explicaciones genéricas.
Las cuentas no parecen guardar correspondencia entre los volúmenes exportados, los precios de referencia y los recursos que, según el reporte, habrían ingresado a los fondos bajo control estadounidense.
Por tanto, hay preguntas que no pueden seguir sin respuesta y que seguiremos insistentemente preguntándonos: ¿Cuál fue el destino de los miles de millones de dólares que no aparecen reflejados en ese reporte? ¿Quién recibió, administró o retuvo la diferencia? ¿A qué precios se comercializó realmente nuestro petróleo y cuáles fueron los descuentos aplicados? ¿Qué porcentajes o márgenes de intermediación y comercialización retuvieron las transnacionales? ¿Cuánto recibió efectivamente Venezuela y bajo qué conceptos se realizaron esos pagos? ¿Cuánto se reconoció por regalías y demás obligaciones fiscales derivadas de la explotación petrolera?
No basta con anunciar cifras globales ni presentar informes parciales. Se necesita conocer la trazabilidad de cada barril vendido, su precio efectivo de comercialización, los descuentos aplicados, los costos reconocidos, las comisiones, los beneficiarios y el destino final de cada dólar.
El petróleo venezolano no es propiedad de ninguna transnacional ni patrimonio de un gobierno extranjero. Es un recurso de la República y, por tanto, sus ingresos deben ser transparentes, auditables y sometidos al control público.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿dónde está el dinero de nuestro petróleo y quién responde por él?
!Toca luchar y vencer!

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