Opinar sin contextualizar distorsiona la realidad, promueve la desinformación y fragmenta la comunicación al aislar un hecho o declaración de las circunstancias que le dan sentido.
Cuando se emiten juicios rápidos ignorando el entorno, los antecedentes o las intenciones de una situación, se generan múltiples impactos negativos tanto a nivel individual como colectivo.
En este sentido, para comprender la trascendencia del acuerdo petrolero binacional Venezuela – Estados Unidos, es indispensable contextualizar revisando la historia reciente del país. Apenas una década atrás, la nación exhibía indicadores sociales de vanguardia en la región.
Según fuentes documentadas Venezuela alcanzó el salario más alto de Latinoamérica en 2012 (476 $$ de salario mínimo más 34 $$ de beneficio alimentario = 510 $$) y las bases de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mostraban a Venezuela en el año 2014 como el país con mayor igualdad social en Latinoamérica, medido a través del Coeficiente de Gini.
Sin embargo, este modelo de bienestar social se convirtió en el objetivo de una prolongada agresión asimétrica y una guerra híbrida multidimensional.
¿Que pasó a partir del año 2015?
El punto de inflexión en esta estrategia de desestabilización se originó en el seno del poder legislativo. La Asamblea Nacional electa en 2015 se convirtió en el actor político que entregó parte de la soberanía de Venezuela, promoviendo abiertamente el asedio contra su propio territorio.
Desde dicho parlamento se solicitó a los Estados Unidos una acción militar, se respaldaron intentos de golpes de Estado y se facilitaron incursiones de mercenarios extranjeros.
Este sector de la oposición facilitó el despojo de activos estratégicos de la República en el exterior, incluyendo la confiscación de CITGO y el congelamiento de millonarios fondos estatales.
La tormenta perfecta: el asedio económico y la guerra cognitiva
La crisis actual no comenzó de la noche a la mañana; fue un proceso de asfixia meticulosamente diseñado. El punto de partida formal se remonta a 2015, cuando la declaración de Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria»abrió las compuertas para un asedio multidimensional sin precedentes.
El armamento financiero: La persecución comercial y las sanciones produjeron una caída superior al 98% de los ingresos en divisas. Venezuela pasó de percibir 39.639 millones de dólares en divisas en el año 2014 a tan solo 743 millones de dólares en 2020.
La Invasión de las mentes: Paralelamente al colapso material, el país se convirtió en el laboratorio de una intensa guerra cognitiva. Medios masivos y redes sociales fueron y son utilizados para tratar de quebrar la resistencia psicológica de la población, romper la unidad nacional, sembrar el caos informativo e intentar inducir una guerra civil fratricida.
Los sucesos del pasado 3 de enero de 2026 marcaron un antes y un después en la historia contemporánea, dejando al descubierto la crudeza de las relaciones internacionales donde los intereses superan las lealtades y los recursos estratégicos lo dictan todo.
El derecho internacional ha muerto
Las instituciones multilaterales creadas tras la Segunda Guerra Mundial son hoy estructuras vacías incapaces de frenar las acciones unilaterales de las potencias globales. Vivimos en una era donde se impone de nuevo la cruda «ley de la selva».
El espejo de Gaza: La pasividad global y la total ineficacia de la ONU frente a la devastación de la guerra en Gaza demostraron que los tratados internacionales y las resoluciones de derechos humanos solo se aplican cuando no chocan con los intereses de los más poderosos.
El secuestro como doctrina: El secuestro del presidente Nicolás Maduro en territorio soberano por parte de fuerzas extranjeras violó toda inmunidad diplomática y ley internacional. Sin embargo, la ausencia de sanciones globales o condenas unánimes consolida este tipo de actos como precedentes válidos en el nuevo orden mundial.
La normalización del atropello: Casos previos, como el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020 mediante drones, ya venían avisando que la soberanía nacional es un concepto obsoleto si una superpotencia militar decide ignorarla. El poder de fuego y la ventaja tecnológica han sustituido por completo a los tribunales internacionales.
Después del 3 de enero 2026: los 3 Escenarios posibles para Venezuela
Escenario A: capitulación total (entregar el gobierno)
Implica ceder por completo ante las exigencias del gobierno de Estados Unidos y los sectores de la oposición radical.
El Resultado: Este camino significaría el fin inmediato del proyecto de la Revolución Bolivariana, la derogación de la Constitución de 1999 y la persecución de sus movimientos sociales y políticos. Esto tendría una altísima probabilidad de desencadenar una guerra civil.
Escenario B: resistencia militar abierta
Este camino contempla activar la defensa nacional frente a una ofensiva directa de fuerzas militares de Estados Unidos. Sin embargo, en el siglo XXI, la naturaleza del conflicto ha cambiado drásticamente: la guerra moderna en la era de la Inteligencia Artificial (IA) ya no requiere el despliegue de soldados en el terreno.
Venezuela se ha venido preparando en la doctrina de la guerra de todo el pueblo pero con una visión de resistencia ante una ocupación territorial prolongada por parte de fuerza militar extranjera. El conflicto actual en Medio Oriente nos indica que la guerra asimétrica en la actualidad también depende principalmente de la tecnología.
La ofensiva Invisible: El ataque de Estados Unidos no sería una invasión convencional, sino una campaña quirúrgica y automatizada, concentrada en los espacios aéreos y ciberespaciales. Algoritmos de IA coordinarían enjambres de drones autónomos, ataques cibernéticos a los servicios públicos y bombardeos automatizados de precisión, destruyendo las capacidades del país de forma remota.
El Resultado: El intento de resistencia conduciría a una indiscutible derrota militar. El costo humano sería altísimo y en lo material sería la pulverización de la infraestructura crítica, resultando en el exterminio físico del Estado – Nación y el sometimiento absoluto del territorio, la perdida total de nuestra soberanía.
Escenario C: negociación asimétrica
Reconocer la tremenda desventaja militar, pero utilizar el control territorial y el recurso petrolero como factores indispensables para forzar un acuerdo internacional en procura de la paz y del estado de bienestar para el pueblo de Venezuela.
El Resultado: Es la única vía que ofrece una ventana para la preservación institucional de la República Bolivariana de Venezuela en el largo plazo. Al sentarse a negociar bajo la premisa de que occidente necesita un flujo petrolero seguro y estable, el gobierno puede pactar para salvaguardar conquistas sociales clave, la integridad nacional, el control territorial y garantizar la seguridad del poder popular y sus organizaciones políticas, evitando la extinción total del Estado – Nación.
El reciente acuerdo petrolero: Un camino firme hacia la paz y el bienestar
Frente a este escenario de coacción, la firma del reciente acuerdo petrolero bilateral con los Estados Unidos representa un paso histórico para avanzar firmemente hacia la paz, la estabilidad institucional y el bienestar del pueblo venezolano.
El convenio, proyecta una duración de 25 años, con regalías de 16% (como mínimo) e impuesto sobre la renta de 34%, estipula una inyección de inversiones superior a los 100.000 millones de dólares destinada a la reactivación de 17 campos petroleros y al incremento de la producción nacional por encima de los 1,5 millones de barriles diarios adicionales a los que hoy se producen.
Es necesario introducir en este escrito puntos de referencia para combatir la desinformación y las críticas infundadas:
Según un informe de la Comisión de Tarifas del Senado de los Estados Unidos (emitido entre 1930 y 1931):
“…el costo de producción de un barril de petróleo producido en los Estados Unidos era de 1,98 $$ puesto en la costa atlántica de la Unión. Y puesto allí mismo un barril producido en Maracaibo costaba apenas 89 centavos de dólar”.
Durante la década de 1990, bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y la administración de Rafael Caldera, el Congreso de la República aprobó las Asociaciones Estratégicas de la Faja del Orinoco con regalías del 1%.
Lejos de comprometer los recursos de la nación, la Presidenta (E.) Delcy Rodríguez ha enfatizado que el subsuelo y las reservas se mantienen bajo la estricta propiedad y control Constitucional del Estado venezolano.
Los beneficios para el país son tangibles: el acuerdo garantiza una recaudación fiscal estimada en más de 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios para el gobierno, asegurando que cada barril extraído se traduzca de forma directa en el financiamiento de áreas neurálgicas para la justicia social, como la salud pública, la educación, los salarios y la infraestructura nacional.
El retorno al plan original de Hugo Chávez
Con esta estrategia geopolítica, la Presidenta (E.) Delcy Rodríguez, continúa y retoma la política petrolera diseñada originalmente por el Comandante Hugo Chávez.
En su visión de desarrollo a largo plazo, plasmada en el Plan Siembra Petrolera, Chávez proyectaba elevar de manera progresiva la producción nacional hasta alcanzar los 6 millones de barriles de petróleo diarios.
El líder de la Revolución Bolivariana siempre sostuvo con pragmatismo que el principal mercado natural para este volumen de crudo debía ser Estados Unidos, dadas las características de infraestructura y configuración técnica de sus refinerías.
Durante su gestión, el gobierno de Hugo Chávez mantuvo un flujo de exportación constante y robusto hacia el mercado estadounidense, superando regularmente el millón de barriles diarios vendidos a EE. UU., demostrando que la soberanía energética y una sólida relación comercial y de beneficio mutuo no son excluyentes.
Al rescatar estos lineamientos, el gobierno nacional deja atrás la inercia de los recursos no explotados. A través de contratos basados en la legalidad y el beneficio mutuo, el crudo venezolano vuelve a posicionarse en los mercados globales, transformando el potencial energético del país en el motor definitivo para la recuperación económica y el bienestar social de toda la población.
La Presidenta (E.) Delcy Rodríguez pone en práctica el pensamiento bolivariano, específicamente el sistema que Simón Bolívar dibujó en el Congreso de Angostura de 1819:
“… El principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada… El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”
FRANCISCO AMELIACH
Dirigente del PSUV
Diputado a la Asamblea Nacional, presidente de Corpozulia
6 de septiembre de 2026
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