Solo, como ejemplo, mencionaré dos casos.
El Comité de Postulaciones para la escogencia de los nuevos magistrados del T.S.J. está conformado por 11 diputados del actual Parlamento, casi la mitad de los integrantes del jurado que hará la recomendación de los probables seleccionados.
Aquí surge una pregunta que no puede ser ignorada: ¿por qué los diputados, que forman parte del poder político, tienen que intervenir en una responsabilidad que la Ley reserva a la sociedad civil?
No se trata de un detalle formal ni de una simple discusión sobre la composición de un comité. Se trata de preservar la independencia del Poder Judicial frente al poder político. Si la Ley establece que esa potestad corresponde a la sociedad civil, sustituirla, total o parcialmente, por representantes de los partidos y del Parlamento significa desvirtuar el espíritu de la propia Ley.
La sociedad civil no puede ser un simple espectador cuando se trata de escoger a quienes tendrán en sus manos decisiones fundamentales para la justicia y para la vida institucional del país. Mucho menos puede ser desplazada por quienes, por su propia condición de diputados, forman parte del poder político que posteriormente puede verse sometido a las decisiones de ese mismo Tribunal.
Por si fuera poco, el principio, tan manifiesto en cualquier sistema democrático, del llamado conflicto de intereses parece ser completamente dejado de lado.
¿Qué sucedería si un diputado, bajo una acusación judicial relacionada con su ejercicio, requiriera que el T.S.J. determinara si existen méritos para continuar un proceso, y el juez encargado de conocer su causa hubiera sido recomendado por ese mismo diputado?
¿Dónde quedaría entonces la independencia del juez? ¿Y dónde la confianza del ciudadano en la imparcialidad de la justicia?
La justicia no solo debe ser independiente; también debe parecerlo. Y cuando quienes participan en la escogencia de los magistrados pertenecen al poder político, esa independencia queda, como mínimo, seriamente cuestionada.
El otro caso, aunque aplaudí, por demócrata, la extracción presidencial por vínculos ya conocidos, me lleva a otra reflexión. Dar en comodato, por un largo número de años, nuestro petróleo, creía que era algo del pasado.
Pensaba que Guantánamo y el Canal de Panamá tenían que quedar en el recuerdo, ya que había desaparecido esa figura en los países soberanos. Sin embargo, veo que reaparece como una medida salvadora, pero a costa de la soberanía.
Una solución política o económica no debería exigir como precio la entrega, por generaciones, de los recursos estratégicos de una nación.
Amadeo Leyba Ferrer
Profesor de Pediatría UCV
Expresidente de la Federación Médica Venezolana (FMV)
Exdirector del Hospital de Clínicas Caracas
Exjefe de Pediatría del Hospital de Niños J. M. de los Rios
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