“Los daños causados por este esquema del gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos. Están desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos, incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas”, afirma la declaración de los expertos en derechos humanos.
Además, indicaron que esos acuerdos de traslado a otras naciones de migrantes y solicitantes de asilo “están vulnerando el principio consuetudinario de no devolución en países de todo el mundo, que están firmando acuerdos para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos”.
Los países que en América Latina y el Caribe pactaron esos acuerdos con Washington son Antigua y Barbuda, Belice, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, y Santa Lucía.
Fuera de la región lo hicieron Burundi, Cabo Verde, Camerún, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Kosovo, Liberia, Libia, Moldavia, Palaos, Polonia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda y Uzbekistán.
Washington dispuso un presupuesto de 410 millones de dólares para financiar esos acuerdos con terceros países.
En el marco de estos acuerdos de expulsión, el gobierno de Estados Unidos ya ha enviado al menos a 23 000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios, señala la declaración de las personas expertas, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos en esta ciudad suiza...
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