La red: una burguesía sin patria ni proyecto
La operación fue autorizada por el comité ejecutivo de PDVSA, integrado entonces por:
· Rafael Ramírez Carreño: presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
· Víctor Aular Blanco: vicepresidente de Finanzas de PDVSA.
· Asdrúbal Chávez: director de PDVSA (primo del fallecido presidente Hugo Chávez), quien ocupó la presidencia de la estatal entre 2020 y enero de 2023. Actualmente está designado por las autoridades estadounidenses como presidente de la junta directiva que administrará la empresa en el marco del acuerdo.
· Juan Carlos Márquez: secretario del comité ejecutivo, fallecido en Madrid en 2019 en circunstancias no esclarecidas.
Del lado privado, los banqueros Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi fueron los beneficiarios directos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont. El abogado Juan Andrés Wallis Brandt, representante legal de Administradora Atlantic 17107, fue el operador que canalizó el financiamiento.
Pero el verdadero centro de la trama, el que aparece en todas las investigaciones sin ser nunca procesado, es Leopoldo Alejandro Betancourt López. Su primo y socio Francisco Convit Guruceaga cargó con el peso del expediente United States v. Guruceaga (1:18-cr-20685) en el Distrito Sur de Florida. Otros operadores —el banquero alemán Matthias Krull, cuyo testimonio consolidó el expediente; el yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, detenido en la Operación Carabela en España; el banquero argentino-suizo Ralph Steinmann— fueron procesados o condenados. Betancourt sigue libre.
Su principal socio, Francisco D’Agostino, es cuñado del dirigente de Acción Democrática Henry Ramos Allup, yerno del dueño del extinto Banco Occidental de Descuento (BOD), vinculado por matrimonio con la corona española y en comunicación con Jeffrey Epstein en 2011-2012. Esta red de parentescos y negocios le ha proporcionado un escudo que ni el FBI, ni la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ni el Tribunal de Control venezolano han podido perforar.
La investigación de Estados Unidos no buscaba justicia, sino presión política sobre Nicolás Maduro. Para ello se construyó una narrativa que involucró a actores de la oposición, con la intervención de Rudy Giuliani vinculando al padre de Juan Guaidó con el financiamiento de la oposición. En España, la Operación Carabela incautó bienes en Madrid y Marbella, pero dejó intacto a Betancourt.
En Venezuela, el proceso judicial se activó recién en septiembre de 2022, cuando el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció el caso ante el Ministerio Público. Las órdenes de aprehensión fueron dictadas el 1 de septiembre de 2022 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo.
El único detenido fue Víctor Aular Blanco, quien fue presentado, grabado con bragas naranjas culpando a Ramírez, y luego liberado tras un sobreseimiento. El expediente fue archivado fiscalmente en 2023. Asdrúbal Chávez, pese a haber firmado el acta, ni siquiera fue llamado a declarar. La justicia venezolana nunca actuó contra el fraude, sino cuando podía servir políticamente a otros sectores que también estaban saqueando...
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