Karina Morillo
Londres.- Ella Adoo-Kissi-Debrah nació sana. Vivía en el sur de Londres, muy cerca de una de las carreteras con mayor tráfico de la ciudad. Antes de cumplir siete años desarrolló un asma severa que la llevó repetidas veces al hospital.
Su madre, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, empezó a notar algo inquietante: las crisis más graves coincidían con los momentos en que aumentaban los niveles de contaminación cerca de su casa. Ella sufrió varios colapsos pulmonares y finalmente murió el 15 de febrero de 2013, a los nueve años.
Rosamund inició entonces una batalla legal para demostrar que la contaminación del aire había contribuido de manera significativa a la muerte de su hija. Lo consiguió en 2020 y Ella se convirtió en la primera persona cuya muerte fue oficialmente atribuida a esta causa marcando el principio de un cambio drástico en las políticas.
El informe State of Global Air 2024, con base en datos del Global Burden of Disease 2021, señala que la contaminación del aire se asocia a 8,1 millones de fallecimientos en el mundo, convirtiéndose en el segundo factor de riesgo de muerte a escala global, por encima incluso del consumo de tabaco.
América Latina es reflejo de esa realidad. Más de 150 millones de personas viven en ciudades de la región donde la contaminación supera los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pese a esto, el aire limpio no ocupa todavía un lugar preponderante en muchas agendas políticas, señala Cecilia Vaca Jones, directora ejecutiva de Breathe Cities, una iniciativa global que ayuda a ciudades a reducir la contaminación del aire, las emisiones de carbono y sus efectos sobre la salud pública. En Latinoamérica trabaja en Bogotá, Ciudad de México y Río de Janeiro.

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