Mariano Crespo Colina
El ajedrez energético en Venezuela ha movido sus piezas más importantes en la sombra, la reciente llamada telefónica entre Mauricio Claver-Carone, entonces emisario de la Casa Blanca para América Latina, y la del empresario venezolano Alejandro Betancourt López no fue una mera gestión diplomática, sino la chispa que encendió un acuerdo de proporciones colosales, y de una opacidad que ya es política de Estado en Venezuela. La pregunta no es si el plan está en marcha como se podría inferir, sino a qué precio y qué consecuencias tendría para la soberanía venezolana.
Este acuerdo, que Donald Trump ha calificado como "el mayor de la historia", no nació en una mesa de negociación entre gobiernos, fue el resultado de una conversación directa y pragmática donde Claver-Carone ofreció a Alejandro Betancourt una alianza sin precedentes: ceder parte del control de su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), a cambio de acceso a vastos yacimientos petroleros. La respuesta de Betancourt fué "Estoy dentro" ("I'm all in"), selló un pacto que otorga a Estados Unidos, a través del Pentágono, una participación del 35% en NABEP, y el derecho a comprar el 20% de su crudo al costo de producción, estimado en unos 30 dólares por barril .
El convenio, cuya duración no está precisada con certeza, pero que se maneja en plazos de 25 a 100 años, contempla la explotación de 17 campos con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles; y una inversión prometida de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, la falta de un texto público y oficial, más allá de anuncios en redes sociales, mantiene a Venezuela y al mundo en la incertidumbre sobre las condiciones reales. La opacidad, como puede verse, es la política heredada de la era Maduro, institucionalizada con figuras como la Ley Antibloqueo, que permitió al Ejecutivo asignar campos estratégicos sin control parlamentario ni licitaciones. Este "capitalismo de concesiones" se ha convertido un paradigma en la era del chavismo-madurismo.
El papel de los personajes que mencionamos, es precisamente el de ser engranajes de esta maquinaria de discrecionalidad. Claver-Carone es un experimentado operador político, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue el facilitador que conectó la necesidad de Washington con el conocimiento local de Betancourt al respecto. Este último es un "bolichico" que hizo fortuna durante el chavismo, y que enfrenta investigaciones por lavado de dinero en Suiza, España y Reino Unido. No es un actor nuevo, pero ahora se ha convertido en el socio estratégico de Washington en el sector petrolero. Su habilidad para operar en los márgenes de la legalidad y su conocimiento del entramado político y empresarial venezolano, lo han vuelto "de utilidad" para la administración Trump, tal como lo reconoció el propio Claver-Carone. La visa que el consulado estadounidense en Londres le otorgó en junio, mientras estaba bajo investigación, es una prueba del blindaje que el poder político le ha concedido para cerrar este negocio.
La premura de Trump por concretar este acuerdo es evidente, y no solo por el deseo de bajar los precios de la gasolina, de cara a las elecciones del medio mandato, el 3 de noviembre. Existe una urgencia geopolítica por reconfigurar el mapa energético de la región, excluyendo a China y Rusia del tablero, y asegurando el control de las arcas venezolanas que ahora serán auditadas por Estados Unidos. Pero, como han advertido algunos expertos, la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana llevará años, y la inyección de capital no será inmediata.
La pregunta final no es si se firmará el acuerdo, sino si los beneficios llegarán al pueblo venezolano; o si, una vez más, la riqueza del subsuelo será moneda de cambio para mantener a una élite aprovechadora del poder político y económico, tal cual como lo vienen denunciando sectores como el Partido Comunista de Venezuela, Comunes, la PCDC, MPA, Punto de Corte, Marea Socialista y el Movimiento regional de Maracay MARA, entre otros.
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