Un juez magistrado federal ha ordenado al régimen de Trump a revelar las identidades de las personas que idearon el fondo de 1.800 millones de dólares —contrario a los valores estadounidenses— que podría haber destinado dinero de los contribuyentes a aliados de Trump, estafadores e insurrectos que alegaban ser víctimas de «persecuciones políticas».
El fondo, que suscitó el escrutinio incluso de los republicanos del Senado, surgió de negociaciones a puerta cerrada entre los abogados personales de Trump y altos funcionarios del Departamento de Justicia.
Y esa no fue la única disposición extraordinaria.
Esas negociaciones también dieron lugar a un acuerdo que otorgaba a Trump, a su familia y a sus empresas amplias protecciones frente a investigaciones fiscales anteriores.
Ambas medidas salieron a la luz después de que Trump aceptara retirar su propia demanda contra el IRS (la agencia tributaria estadounidense). Posteriormente, un juez federal criticó duramente el acuerdo, calificándolo de acto indebido de beneficio propio, y señaló que la retirada de la demanda parecía diseñada para eludir la supervisión judicial.
El fiscal Todd Blanche ha insistido en que el fondo de 1.800 millones de dólares ya no existe. Sin embargo, Trump ha seguido expresando su apoyo a indemnizar a las personas procesadas por el ataque del 6 de enero. Personas que atacaron a Estados Unidos y golpearon a agentes de policía.
Ahora, un tribunal federal obliga al régimen a revelar quién estuvo detrás del plan.
Estas identidades podrían arrojar nueva luz sobre cómo se gestó una de las propuestas más descaradas del régimen de Trump.
Digan. Los. Nombres.
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