A 25 años de la puesta en marcha del Estado antiterrorista, su sombra se extiende hoy como nunca en América Latina, exacerbando los riesgos de una escalada de violencia letal, de violaciones sistemáticas a la soberanía nacional con la anuencia de las elites locales, y de persecuciones políticas disfrazadas de antiterrorismo.
El concepto de terrorismo provee una asociación conceptual entre política y delincuencia que permite a los gobiernos criminalizar la disidencia, sobre todo a quienes ensayan su resistencia a los sometimientos actuales (genocidios, destrucción ambiental, pauperización, violencia política de la derecha) a través de formas de acción directa que, como observó la investigadora argentina Pilar Calveiro en su libro Violencias de Estado (2012), remiten en última instancia al “derecho de rebelión” en algún momento reconocido, y que el marco antiterrorista pretende erradicar.
Resistir la capacidad del marco antiterrorista para reconfigurar las formas de funcionamiento del Estado (y de partes de la sociedad) en un sentido autoritario y violento es hoy una prioridad política para la sociedad civil, los movimientos sociales y las fuerzas democráticas de América Latina.
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Este es un artículo de opinión de Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del argentino Centro de Estudios Legales y Sociales
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