La lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población. No puede desarrollarse sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional.
Por tanto, el país tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación coordinada entre EE. UU. y el gobierno de Delcy Rodríguez en territorio venezolano, específicamente al sur del estado Bolívar, lo que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero (alias «Niño Guerrero»), considerado el líder del grupo criminal Tren de Aragua.
Dada la información disponible, este hecho constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial.
El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas...👇
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