Manuel Isidro Molina
Transcurridas tres semanas de la elección presidencial del 28 de julio pasado, la incertidumbre campea en la política venezolana. Nada está claro, salvo la pretensión reeleccionista de Maduro&Co. en su deriva dictatorial, abusiva y violatoria de los derechos políticos constitucionales de venezolanas y venezolanos.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), lleva sobre sus hombros la responsabilidad política, penal e institucional de haber emitido unos supuestos resultados favorables a Maduro, sin la verificación debida ante testigos de los candidatos presidenciales sobre el vaciado de la totalización electrónica de las actas de votación. ¿Quién puede creerle?
La inmediata proclamación irregular del "ganador" y el posterior anuncio de resultados "definitivos" provocaron reacciones masivas y diversas de inconformidad y desconfianza, plenamente justificadas.
La maniobra "judicial" de Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, no hizo sino enrarecer más la ebullición política existente. Fue un zarpazo extemporáneo que Miraflores lanzó con la deliberada intención de secuestrar el proceso final de totalización de resultados con las debidas auditorías, la presencia de los testigos nacionales de candidatos y partidos politicos, así como el acompañamiento nacional e internacional de organizaciones especializadas independientes acreditadas ante el CNE.
La Sala Electoral del TSJ es un órgano judicial dominado por el gobierno y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su credibilidad en cuanto a independencia y probidad es cero, igual que la del CNE.
Maduro y su amanuense Amoroso recibieron el catastrófico impacto del desconocimiento de esos "resultados" maltrechos, por parte de los acompañantes del Centro Carter y del Panel de Expertos de Naciones Unidas. Por si fuera poco, la desconfianza manifiesta a nivel internacional ha sido, en diversos tonos, masiva, incluyendo los gobiernos progresistas de Brasil, Chile, Colombia y México, los cuales desconocen a Maduro como presidente electo para el período 2025/2031. Sin injerencismo, coinciden en exigir transparencia en los resultados, verificables nacional e internacionalmente.
"El "peritaje" bajo secreto sumarial que realiza la Sala Electoral del TSJ es parte del montaje gubernamental a favor de Maduro, el PSUV, sus satélites y testaferros"
El fraude electoral que están intentando es insostenible. El "peritaje" bajo secreto sumarial que realiza la Sala Electoral del TSJ es parte del montaje gubernamental a favor de Maduro, el PSUV, sus satélites y testaferros. Eso está más que claro, y por eso nadie les cree ni creerá.
Las copias de actas de votación recabadas por el comando de campaña de Edmundo González Urrutia y difundidas debidamente seriadas por Internet, son documentos electorales válidos para el cotejo y verificación de resultados, frente a posibles inconsistencias de los resultados oficiales del CNE. Solo eso justifica su existencia legal y reglamentaria.
"Las acusaciones de "terrorismo" contra más de 2.200 detenidos son una descarada e infame siembra de delitos"
La represión masiva contra quienes se han manifestado contra el fraude y quienes exigimos transparencia y retotalización de votos sobre la base de las actas mesa por mesa, es puro y condenable abuso de poder. Las acusaciones de "terrorismo" contra más de 2.200 detenidos son una descarada e infame siembra de delitos.
Nadie sabe cómo saldremos de ésta, pero ese fraude en proceso es insostenible.
manuelisidro21@gmail.com
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