El CNP debe ser rescatado y reconstruido con criterios contemporáneos y futuristas, sobre legítimas bases históricas y conceptuales. No puede ser “renovado” en el aire, sin afincarse en su esencia y propósitos profesionales y sociales. Menos aún, bajo criterios individualistas exacerbados que desconocen esa esencia y esos propósitos que nos obligan a ser independientes y a estar atentos a las acechanzas del poder (público y privado) que siempre han constreñido la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio profesional y las condiciones de trabajo, remuneración y seguridad social de las y los periodistas profesionales de Venezuela.
Luchar por la democratización de los medios de comunicación social a favor de los derechos del pueblo soberano, es exigir el rescate de las televisoras y radioemisoras del Estado venezolano secuestradas por el gobierno del presidente Hugo Chávez, bajo la unidireccional, propagandística y antidemocrática política de “hegemonía comunicacional”; y también lo es, luchar por el pluralismo informativo desde los medios privados. Sólo un gremio independiente puede actuar exitosamente tras ese objetivo, en representación y con el calor de sus agremiados.
La independencia del CNP es indispensable también, a la hora de luchar por justas remuneraciones y honorarios profesionales, mejores condiciones de trabajo y seguridad social, tanto en el sector público como en el privado, donde por cierto, el empleo de los periodistas es precario, desde todo punto de vista, salvo excepciones. Indigna saber que en muchos casos, los profesionales universitarios de la comunicación social tienen asignaciones mensuales inferiores al salario mínimo nacional; y en otros, sobreviven a destajo, sin gozar de ninguno de los derechos garantizados en la Constitución , la Ley del Trabajo y sus reglamentos.
En segundo lugar, la historia de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP, 1941) y del CNP (1976) evidencia tanto la importancia cardinal de la independencia de nuestro máximo ente gremial, como su actual naturaleza profesional universitaria, conquista materializada en la primera Ley de Ejercicio del Periodismo (1972), reforzada con la vigente Ley de 1994, y sellada por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en julio de 2004. La colegiación obligatoria de los licenciados en comunicación social es derecho y deber de los periodistas profesionales de Venezuela, de acuerdo con nuestras constituciones de 1961 y 1999, y las leyes de ejercicio profesional de 1972 y 1994.
Hay quienes quieren desaplicar la colegiación obligatoria de los periodistas profesionales venezolanos, retrotraernos a 1972, coincidiendo con los postulados ultraliberales de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), que el gremio periodístico venezolano ha derrotado sucesivamente, en instancias nacionales e internacionales. Ahora, quieren servirle la mesa, coincidiendo además con el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, quien se da la mano con sus antiguos empleadores en eso de desnaturalizar y querer ver “muerto” al CNP, violar la Ley de Ejercicio del Periodismo y regresarnos a la “ley de la selva” en el ámbito profesional, sin colegiación obligatoria ni independencia frente a los factores de poder.
EL CONFESIONARIO
·LA RECENTRALIZACIÓN DE AEROPUERTOS Y PUERTOS parece ser el próximo zarpazo del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, contra el proceso de descentralización administrativa y fortalecimiento de los gobiernos regionales y municipales, iniciado en Venezuela en 1989, como consecuencia del estremecimiento provocado por “El Caracazo” del 27F . No fue casual que la primera elección universal, directa y secreta de gobernadores y alcaldes se realizara en diciembre del ’89. Lamentablemente, ese proceso comenzó a frustrarse en agosto de 1992, con la rebelión militar del 4F y cuando, meses más tarde, presiones escandalosas enterraron el proyecto de reforma constitucional que redactó pluralmente la “Comisión Caldera” junto con la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado), el Congreso de la República y los más diversos sectores de la vida venezolana. Factores fácticos de poder –entre los primeros, dogmáticos dueños de medios de comunicación social y partidarios del liberalismo anti-estatal (que internacionalmente se conoce como “derecha”, pero que en Venezuela no se le llama por su nombre)- levantaron una intensa campaña contra, entre muchos otros, dos elementos novedosos del “Proyecto Caldera”: la posibilidad de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para reformar la Constitución , y el derecho a réplica de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito informativo y comunicacional. De esa triste historia que frustró, en agosto de 1992, las expectativas de reforma y avances democráticos en paz y libertad, sin la conflictividad que hemos vivido estos últimos años, pocos quieren recordarse, porque cínicamente, con su cara muy lavada, prefieren levantar su dedo acusador. Estamos en el país de los “yo no fui”, estoy convencido. Es válido pensar -aunque la historia es la historia- que de haberse aprobado el “Proyecto Caldera” de reforma constitucional, no se hubiese producido el segundo alzamiento militar del 27 de noviembre de aquel año, y el curso de los acontecimientos hubiese sido otro.
·DESDE LA GUAIRA, resurge el clamor por la adscripción del puerto guaireño y del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a la gobernación de Vargas. Por el contrario, la orden presidencial es mantener ambos terminales internacionales en manos de MINFRA y recentralizar puertos y aeropuertos. El vicepresidente ejecutivo, Ramón Carrizales Rengifo, ha dado los primeros pasos: ofició al presidente de la empresa Puertos del Litoral, PLC, S. A., Pedro Miguel Aroyo, para que “expropie” los almacenes portuarios de La Guaira. “¿Cómo se van a expropiar los bienes de la República ?”, se pregunta mi fuente. “¿No sabe acaso ese Señor, que la República no es ni puede ser objeto de expropiación?... Los puertos y aeropuertos de la República están bajo control estratégico por parte del Estado… (y del) Instituto Nacional de Aviación Civil, INAC. En ambos casos, se cumple el postulado constitucional que ejerce el poder nacional a través de estos órganos, cuando establece el régimen, lineamientos y políticas del Ejecutivo Nacional a que debe contraerse.”
En el caso de los aeropuertos, salvo Maiquetía, todos están bajo administración de las gobernaciones y control legal y reglamentario nacional, como bien se sabe, pero Chávez y sus subalternos del área trabajan para dar el zarpazo contra los gobiernos regionales y el concepto mismo de descentralización, contrariando la Constitución que reza: “Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.”
·DUEÑOS DEL DIARIO “EL SIGLO” de Maracay, incurren en contumacia al desacatar la decisión de reenganche de tres trabajadores, dos periodistas, Yohana Mariané Vargas y Gabriel Carriles, y una reportera gráfica, Jamileth Rondón, quienes fueron despedidos ilegalmente en junio de 2007, por ser parte de los trabajadores fundadores del “Sindicato Bolivariano del Diario El Siglo”. Luego de ser formalizada la denuncia, la Inspectoría del Trabajo ordenó el 21 de noviembre de 2007, su reenganche y pago de salario caídos, pero los dueños y gerentes de la empresa se niegan a acatar la medida y el ministerio del Trabajo no ha tenido la diligencia ni la autoridad para imponer el acatamiento de la medida dictada. El desacato y la contumacia son hechos punibles, que pueden llevar a la cárcel a quienes incurren en esos delitos.
·ANGEL NAVA pidió a la Fiscalía una investigación penal contra el ex ministro de Justicia, Ramón Escobar Salom, quien en 1966 ordenó su reclusión ilegal en las Colonias Móviles de El Dorado, durante más de dos años, después de haber sido secuestrado y torturado “hasta vomitar sangre”, por agentes de la tenebrosa DIGEPOL, durante el gobierno del presidente Raúl Leoni. Con más de 80 años de edad, AN continúa su lucha: ya logró sentencia firme del TSJ en la que se estableció los delitos cometidos en su contra, y ahora reclama justa indemnización, asesorado por el abogado Humberto Decarli.
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Columna publicada en el semanario LA RAZÒN, Caracas 18-05-2008
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