La República no se negocia, los recursos de Venezuela le pertenecen a su pueblo y a las generaciones que vendrán, la soberanía no se entrega, advierte el Movimiento Tercera Vía Electoral, que encabezan, entre otros, los dirigentes políticos María Alejandra Díaz y Manuel Isidro Molina.
Noel Gómez Herrera / LA RAZÓN
La Patria no puede seguir esperando en silencio mientras se negocia su destino, empobreciendo al pueblo trabajador con salarios de hambre y pensiones de horror. La riqueza nacional no puede ser instrumento de supervivencia de ningún gobierno, ni garantía de negocios corporativos, ni moneda de cambio geopolítica.
Ese es el planteamiento central que hace al país el Movimiento Tercera Vía Electoral, que encabezan los dirigentes políticos María Alejandra Díaz, Manuel Isidro Molina, Andrés Giuseppe, Irving Ríos, Horacio Silva, José Ibrahím Esté y Francis Contreras, surgido como alternativa frente al oficialismo chavista, encabezado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, actualmente en el poder, y la oposición venezolana encabezada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
“No venimos a restaurar el pasado ni a legitimar el presente. Se trata de construir un futuro donde la libertad, la justicia social, el trabajo digno, la soberanía y la democracia sean principios inseparables. La riqueza nacional no puede ser instrumento de supervivencia de ningún gobierno, ni garantía de negocios corporativos, ni moneda de cambio geopolítica”, señala el exdiputado Manuel Isidro Molina, vocero de la naciente organización política.
“Lo que hoy presentamos no es un comunicado más de oficina ni un cálculo de cúpulas partidistas; es la voz viva de miles de venezolanos (trabajadores, profesionales, jubilados, jóvenes, campesinos e independientes) que nos negamos rotundamente a aceptar que el futuro de Venezuela se decida en despachos extranjeros o en pactos a espaldas de la gente, especialmente en contra de los derechos de las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados”, afirma Molina al explicar que se trata de una posición histórica, clara y firme frente al país: Ni entrega, ni saqueo, ni dedazo”, afirma el periodista, exparlamentario y cofundador de la “Tercera Vía Electoral”.
Por considerarlo de interés para nuestros lectores publicamos el texto del comunicado dado a conocer este miércoles 11 de noviembre por el movimiento “Tercera Vía Electoral”:
“1. La soberanía pertenece al pueblo, no a los gobiernos
Venezolanas y venezolanos, pueblo de nuestra amada patria:
La soberanía nacional no es un cheque en blanco, no es patrimonio de un gobernante de turno, de un partido político, ni de una coyuntura de supervivencia. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano y compromete sagradamente el porvenir de las generaciones futuras.
Por eso, ningún gobierno puede disponer discrecionalmente de los recursos estratégicos de la República, comprometer su control económico o hipotecar nuestra capacidad de decisión para garantizar su permanencia en el poder.
La inversión extranjera es necesaria y la cooperación internacional forma parte del desarrollo de las naciones, pero ninguna de las dos puede confundirse jamás con la subordinación, con la entrega de facultades soberanas o con la renuncia al control nacional sobre lo que por derecho histórico nos pertenece.
Esta es la postura inquebrantable de la Tercera Vía Electoral: defender la soberanía sin encubrir los abusos del poder, y promover la inversión internacional sin convertir a la nación en objeto de negociación entre corporaciones y cúpulas políticas.
2. El quiebre del 3 de enero de 2026 y la legalidad constitucional
Los acontecimientos políticos del 3 de enero de 2026 marcaron un punto de inflexión muy grave en la vida institucional de Venezuela. La designación de Delcy Rodríguez como autoridad encargada abrió profundas interrogantes sobre la legitimidad, el alcance y los límites constitucionales de esa condición.
Nuestra Constitución, en sus artículos 233 y 234, regula los supuestos de falta presidencial y las ausencias temporales. La continuidad administrativa jamás puede interpretarse como una autorización para perpetuar indefinidamente una condición de provisionalidad ni para suplantar la voluntad soberana del pueblo mediante pactos de oficina.
Esto deben saberlo los actores políticos y los inversores extranjeros: ninguna circunstancia excepcional suspende la vigencia de la Constitución, ni convierte la provisionalidad en un título ilimitado para comprometer el patrimonio nacional.
3. La entrega de los recursos estratégicos: Petróleo, Gas y Minería
Desde enero de 2026 hemos asistido a la divulgación de acuerdos y anuncios opacos sobre la explotación de nuestras riquezas fundamentales que exigen una revisión pública e integral.
En el sector petrolero, el cuestionado acuerdo anunciado el 28 de agosto de 2026 alrededor de la estructura conocida como NABEP (que involucra 17 campos, reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles y derechos preferentes de comercialización) vulnera las competencias constitucionales y el control efectivo del Estado sobre su explotación. Exigimos la revisión y declaración de nulidad de todo convenio lesionante.
Lo mismo ocurre en el gas y la minería: nuestras riquezas no pueden convertirse en enclaves extractivos de exportación mientras el pueblo sufre colapsos en los servicios básicos y salarios de hambre. Los recursos deben impulsar la electricidad, la petroquímica, los fertilizantes, la agricultura y la industria venezolana, a beneficio del pueblo venezolano y el desarrollo integral de Venezuela.
4. Límites constitucionales infranqueables
La Constitución de 1999 establece un marco claro que no se puede negociar:
- El artículo 5 consagra que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
- El artículo 12 determina el dominio público e inalienable de los yacimientos de hidrocarburos y mineros.
- Los artículos 138 y 141 exigen legalidad, responsabilidad y rendición de cuentas.
- Los artículos 150 y 151 exigen licitación pública y la aprobación previa de la Asamblea Nacional para contratos de interés público.
- Los artículos 302 y 303 reservan el control estatal de las actividades petroleras y de PDVSA.
La opacidad contractual que hoy impera no es un detalle administrativo: es un mecanismo deliberado para impedir la contraloría social y debilitar la legitimidad republicana.
5. La contradicción inaceptable: Atrapados entre dos tutelas
Es políticamente insostenible y moralmente indefendible invocar la soberanía para denunciar presiones de potencias extranjeras y, al mismo tiempo, firmar acuerdos opacos que entregan el control nacional de nuestros recursos a esas mismas potencias o a cualquier otra.
Las sanciones unilaterales deben ser rechazadas por sus consecuencias económicas y sociales, pero jamás pueden ser la justificación para violar la Constitución, ocultar contratos o entregar facultades estratégicas.
La soberanía no se defiende a conveniencia. No existe una entrega legítima cuando la hace un aliado y una ilegítima cuando la hace un adversario. Venezuela no puede quedar atrapada entre la tutela de quienes pretenden decidir nuestro destino desde Washington o despachos extranjeros, y la tutela de quienes desde Miraflores negocian el patrimonio nacional sin transparencia ni control democrático.
6. ¿Qué propone la Tercera Vía? (Hoja de Ruta)
Frente a la entrega y la simulación, proponemos una agenda clara y patriótica:
- Auditoría integral y forense: Publicar y revisar exhaustivamente todos los contratos, anexos y acuerdos sobre petróleo, gas, oro y minerales suscritos desde el 3 de enero de 2026.
- Control constitucional estricto: Verificar competencias, autorizaciones y límites legales con las instituciones correspondientes.
- Rescate de la soberanía operativa: Garantizar que el Estado venezolano conserve el control estratégico y las decisiones sobre sus recursos.
- Renta justa para el pueblo: Asegurar regalías e impuestos transparentes que beneficien directamente a la nación.
- Industrialización soberana: Utilizar los recursos como palancas para desarrollar la industria, la manufactura, la petroquímica y el empleo productivo.
- Fondo Soberano y Referendo Consultivo: Someter a decisión del pueblo el destino de la renta petrolera para constituir un Fondo Soberano de administración transparente destinado a la reparación social de la clase trabajadora, pensionados e inversiones intergeneracionales.
7. Una alternativa para reconstruir la República
Hermanas y hermanos venezolanos, la Tercera Vía Electoral no se limita a denunciar el desastre del presente; tenemos el deber histórico de construir una alternativa capaz de superar la polarización, recuperar la institucionalidad y colocar el interés nacional por encima de las élites.
No venimos a restaurar el pasado ni a legitimar el presente. Se trata de construir un futuro donde la libertad, la justicia social, el trabajo digno, la soberanía y la democracia sean principios inseparables.
La riqueza nacional no puede ser instrumento de supervivencia de ningún gobierno, ni garantía de negocios corporativos, ni moneda de cambio geopolítica.
La soberanía no se entrega. La República no se negocia. Los recursos de Venezuela le pertenecen a su pueblo y a las generaciones que vendrán”.
👉👉 LA RAZÓN: https://larazon.net/2026/11/
