La constitucionalista María Alejandra Díaz destruyó la letra pequeña del pacto energético entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y EEUU, calificándolo como un verdadero «engendro jurídico y una estafa para el país».
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Lo que revela la letra pequeña:
Sin aval constitucional
Una administración transitoria no tiene facultad legal para empeñar 17 campos y más de 65.000 millones de barriles a 25 años.
Inmunidad por petróleo
Se entregan los recursos estratégicos a cambio de impunidad y salvoconductos personales.
Cero transparencia
Un negocio firmado a espaldas de los venezolanos y sin escrutinio público.
Presentamos una entrevista de Mildred Manrique a la constitucionalista María Alejandra Díaz sobre el polémico acuerdo petrolero firmado entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.
Puntos clave del análisis:
Ilegitimidad del acuerdo
Díaz califica el pacto como un "engendro jurídico" y una "estafa". Argumenta que la administración actual, al ser de facto y no tener un origen constitucional legítimo, carece de autoridad para comprometer los recursos estratégicos del país por 25 a 100 años.
Impacto económico
Se critica la entrega de 65.000 millones de barriles (cerca de una quinta parte de las reservas) con una regalía insignificante (alrededor del 8% de lo que correspondería legalmente), calificándolo como una operación de "saqueo" y expoliación patrimonial.
Visión geopolítica
La constitucionalista señala que el acuerdo busca recuperar recursos para Estados Unidos en un contexto donde el mundo se está "redibujando" (con el ascenso de los BRICS) y donde el dólar necesita respaldarse en materias primas para competir.
Plan de acción para el futuro
Díaz propone que un eventual nuevo gobierno realice auditorías forenses exhaustivas a todos los contratos firmados, categorice los acuerdos para anular los ilegales y recupere la soberanía institucional mediante el control de la Procuraduría General de la República.
La entrevistada enfatiza que la solución no vendrá de intervenciones externas, sino de la determinación del pueblo venezolano y de la necesidad de que la sociedad civil se movilice para reclamar sus derechos, superando el miedo y la apatía.
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