El pasado 22 de septiembre, un grupo de dirigentes políticas acudió al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la declaratoria de nulidad de la Ley contra el Odio.
El PCV respaldó esta iniciativa e insta a las fuerzas políticas y sociales a hacerse parte de esta demanda popular
En casi una década, la ley contra el odio ha sido uno de los principales instrumentos para la criminalización de la lucha de los trabajadores.
Su uso discrecional ha convertido el derecho a discentir en una conducta susceptible de persecución penal.
Además, ha sido un arma para vulnerar la libertad de expresión y para la restricción del derecho a la protesta.
Nos unimos a las voces que hoy exigen su derogatoria.
¡Defender derechos no es delito!
#YoMeAdhiero
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